Reseña: Primer panel del simposio Acceso a la justicia en tiempos de crisis

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Por: Claudia S. Delbrey Ortiz

El pasado viernes, 3 de marzo de 2017 comenzó la primera jornada del simposio Acceso a la justicia en tiempos de crisis, organizado por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Esta dio inicio con una emotiva dedicatoria del evento al fenecido Charles Hey Maestre, quien en vida fue un incansable defensor de los derechos civiles y las comunidades desventajadas. En reconocimiento de su admirable labor, la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico le dedicará el tercer número del Volumen 86, donde se recogen artículos relacionados al tema del acceso a la justicia –incluyendo algunas ponencias presentadas en este Simposio.

El panel de la sesión de apertura estuvo compuesto por la licenciada Vivian Neptune Rivera, decana de la Escuela de Derecho de la UPR; la honorable Maite Oronoz Rodríguez, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; el licenciado José E. Colón Santana, presidente de la Junta de Directores la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia; y el licenciado Carlos Rodríguez Vidal, quien entre otras funciones se desempeña como presidente de la Junta de Directores de la Oficina Legal de la Comunidad y miembro de la Comisión de Acceso a la Justicia.

La discusión fue provocada por el profesor y ex decano Efrén Rivera Ramos, quien fue uno de los organizadores del Primer Congreso sobre Acceso a la Justicia (en adelante “Congreso”) celebrado en el año 2002. Como bien advirtió el profesor, su ponencia inicial se dedicó a describir y analizar brevemente los antecedentes históricos, los desarrollos recientes y los principales retos que enfrentan los esfuerzos por lograr un mayor acceso a la justicia en Puerto Rico. Para esto, tomó como punto de partida la definición que elaboró para el antes mencionado Congreso, que describe el acceso a la justicia como “el conjunto de condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos, sectores o personas puedan hacer uso equitativo de los mecanismos y procesos establecidos para la prevención de la violación de los derechos, para la solución de controversias y para la obtención de remedios legales”. Rivera Ramos entiende que de esta concepción surge que la lucha por el acceso a la justicia trasciende el asunto del acceso a los tribunales y se preocupa en última instancia por cerrar la brecha entre la declaración formal de los derechos y el disfrute real y equitativo de los mismos. Según explica el profesor, “se trata . . . de un asunto de dimensiones múltiples”.

El ex decano hizo un breve recuento de los desarrollos históricos del tema del acceso a la justicia en nuestro país desde la fundación del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en 1840 hasta el presente. Entre muchas otras instancias, hizo referencia al Congreso celebrado en el 2002, recordando la profunda y exhaustiva discusión que allí se propició. Destacó que uno de los principales logros de esta iniciativa fue colocar el tema del acceso a la justicia en la discusión pública y conceptualizarlo de forma amplia y abarcadora. Además, mencionó algunos de los desarrollos actuales que han surgido de dicho Congreso, los cuales incluyen: la creación de la Comisión de Acceso a la Justicia, el fortalecimiento de las clínicas de asistencia legal en las escuelas de derecho, el surgimiento de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, el establecimiento del Fondo de Acceso a la Justicia, entre otros.

El profesor señaló el gran reto que presenta la crisis económica y fiscal que sufre nuestro país. Este resaltó que las medidas de austeridad de la Junta deControl y Supervisión Fiscal atentan con producir una mayor desigualdad social y, por tanto, agudizar los problemas de acceso a la justicia en Puerto Rico. Aunque reconoció que la tarea de los paneles durante el simposio es precisamente plantearse nuevas soluciones a estos problemas, Rivera Ramos adelantó algunas sugerencias generales:

(1) Urge pensar en formas innovadoras de eliminar las barreras que impiden a los grupos desfavorecidos ejercer sus derechos.

(2) Es necesaria una reestructuración del mercado de servicios legales, de forma que la vindicación de los derechos no quede al la merced de los vaivenes del mercado.

(3) El acceso a la justicia debe convertirse en un criterio de legislación y adjudicación.

(4) Es imprescindible establecer y fortalecer redes de colaboración.

(5) Hay que seguir insistiendo en la educación sobre los derechos en la población.

(6) Es de radical importancia que se atiendan las raíces del problema de acceso a la justicia. En la medida en que logremos erradicar o disminuir sustancialmente la pobreza y la desigualdad, habrá menos necesidad de ofrecer servicios legales gratuitos a los pobres.

Por último, Rivera Ramos destacó la importancia que adquiere la resistencia contra las medidas de austeridad y políticas gubernamentales que ponen en peligro los avances que se han logrado y las aspiraciones que pretendemos alcanzar. Según el profesor, dada la coyuntura en la cual nos encontramos, esta resistencia es tan parte de la lucha por el acceso a la justicia como los esfuerzos que se han hecho en el pasado.

Luego de esta ponencia, la decana Vivian Neptune Rivera abrió el panel con una breve introducción en la cual resumió algunos de los avances que se han dado en la Escuela de Derecho a partir del Congreso de 2002. Entre diversos esfuerzos, destacó la ampliación y diversificación de la Clínica de Asistencia Legal. Actualmente la Clínica cuenta con veinte secciones dedicadas a diversas áreas de servicio. Resaltó que muchas de estas secciones han surgido por iniciativa de los propios estudiantes, presentando como ejemplo las clínicas de Elder Law y educación especial para niños y niñas. Dentro de la Clínica han surgido otros proyectos, como la creación del Centro Integral de Apoyo a Víctimas, el cual ha sido posible en parte gracias a esfuerzos realizados por conseguir fondos externos.

Otro de los logros dentro de la Escuela de Derecho es la creación del programa Pro Bono, el cual actualmente cuenta con varias secciones y atiende una diversa gama de asuntos. Entre las actividades extracurriculares también se encuentra el Taller de Práctica Legal, el cual es posible través de acuerdos de colaboración con diversas agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y tribunales. Este programa brinda a los estudiantes que participan del mismo la oportunidad de tener una experiencia de trabajo voluntario dentro de la profesión legal. Por un lado, este programa permite que distintos estudiantes puedan adentrarse y conocer la Rama Judicial. Por otro lado, las experiencias en agencias y organizaciones sin fines de lucro sensibilizan al estudiante, al exponerlo al servicio a sectores vulnerables de la población.

La Decana también menciona otros aspectos como la integración del tema de acceso a la justicia dentro del currículo y la discusión en clase. Asimismo, incluye entre en estos esfuerzos las aportaciones hechas desde la investigación tanto de estudiantes como profesores. De igual forma, se ha fomentado la enseñanza de métodos alternos de solución de conflictos, como la mediación. Como último aspecto, resaltó la adopción del bien común como norte en todo el quehacer de la Escuela de Derecho.

La honorable Maite Oronoz Rodríguez expuso algunos de los esfuerzos que se han realizado desde la Rama Judicial para procurar un mayor acceso a la justicia. Entre las iniciativas surgidas a partir del Congreso de 2002, la Jueza Presidenta destacó la creación de las salas especializadas de violencia doméstica. Estas salas permiten la atención sensible y efectiva de casos de violencia doméstica, desde un punto de vista multisectorial. El Proyecto de Justicia para la Niñez también surgió como respuesta a las sugerencias hechas por el Congreso, al igual que la creación de salas especializadas para asuntos de menores y familia. La Rama Judicial actualmente trabaja en otros esfuerzos como el Proyecto de Personas sin Hogar y el Programa de Igualdad y Equidad de Género, el cual fue reactivado por la ex jueza presidenta Liana Fiol Matta, y quien estuvo presente en la actividad. Entre otros proyectos, también mencionó la revisión del Reglamento de Abogados y Abogadas de Oficio. Este se atendió luego del Congreso, pero actualmente la Rama Judicial está trabajando en un nuevo reglamento que corrija las fallas existentes e incluya la atención de casos civiles. El Reglamento de Abogados y Abogadas de oficio para casos civiles será presentado para discusión la próxima semana ante el pleno del Tribunal Supremo y busca que la clase togada rinda servicios legales en materias civiles específicas donde estén en juego necesidades básicas del ser humano. Otro proyecto importante de la Rama Judicial va dirigido a educar a los ciudadanos sobre sus derechos y los procesos necesarios para ejercerlos. La Jueza Presidenta también discutió la integración del uso de la tecnología en los esfuerzos de la Rama Judicial por facilitar el acceso a la justicia. Esta anunció que a partir del 14 de marzo los ciudadanos de Vieques podrán atender situaciones inmediatas mediante videoconferencias con jueces en salas municipales de Fajardo.

El licenciado José E. Colón Santana nos brindó sus observaciones desde el punto de vista de los abogados de práctica individual (solo practitioner) y bufetes pequeños. El licenciado comentó que aún estamos muy lejos de lograr una aportación considerable de la mayoría de los miembros de la profesión. Sin embargo, destacó la labor que realizan particularmente los abogados organizados en entidades como el Colegio de Abogados y Abogadas y la American Bar Association, entre otras.

Identificó la disponibilidad de casos y materiales por internet como un avance que permite a los abogados una mayor agilidad y economía en el manejo de casos. No obstante, entiende que aún quedan algunas deficiencias. Brindó como ejemplo el hecho de que una de las exigencias para que el Tribunal Supremo pueda atender un recurso es que se presente un análisis comparativo de las decisiones de distintos paneles del Tribunal de Apelaciones. Estas decisiones no están disponibles por internet de forma gratuita, lo cual presenta una gran desventaja para algunos abogados y litigantes. Por otro lado, señaló que se debe tomar en cuenta la brecha generacional que existe en el manejo de la tecnología. Esto puede presentar ciertos obstáculos, como la incapacidad de recibir una notificación electrónica.

Colón Santana también observó otras trabas que enfrentan los solo practitioners, como la poca disponibilidad de colecturías para comprar sellos. Además, criticó la costumbre de los funcionarios en los tribunales de devolver escritos por no tener sellos, lo cual es particularmente problemático cuando el término para su presentación está a punto de vencer. El licenciado también mencionó que se pueden hacer modificaciones que promueven el acceso a la justicia y no necesariamente cuestan dinero. Por ejemplo, se puede dar a litigantes indigentes un término más largo para presentar documentos, ya que sus abogados (generalmente de Servicios Legales de Puerto Rico o la Sociedad para la Asistencia Legal) por lo general atienden una gran cantidad de casos al mismo tiempo.

El licenciado Carlos Rodríguez Vidal, quien actualmente labora como socio administrador en el bufete Goldman Antonetti & Córdova, aportó a esta discusión su experiencia en la práctica dentro de bufetes privados grandes y medianos. De entrada, el licenciado comentó que los bufetes están haciendo muy poco en cuanto a facilitar el acceso a la justicia. Además, observó que los asuntos penales, de menores y de familia (que son los que mayormente afectan a los sectores desfavorecidos) no son áreas atendidas por este tipo de bufetes. Rodríguez Vidal expresó que las organizaciones que se dedican a tiempo completo a ofrecer servicios legales directos a los más desventajados son quienes verdaderamente se encuentran en el frente de batalla. Este explicó que la práctica en los bufetes tiende a girar en torno a asuntos comerciales, por lo que la mayoría de sus miembros no están realmente capacitados para atender casos de materia penal o de familia. Por tal razón, el asignarle ese tipo de casos a estos abogados no es necesariamente beneficioso para la persona que reciba ese servicio. En este sentido, Rodríguez Vidal entiende que debemos concentrar nuestros esfuerzos en allegar fondos a las entidades sin fines de lucro que se dedican a brindar este tipo de servicios. El licenciado concluyó su participación expresando que “todos podemos hacer más”. Este entiende que aunque los abogados en bufetes privados no ofrezcan un servicio directo, estos sí pueden aportar conocimientos sustantivos que también son de provecho a comunidades necesitadas, en áreas como derecho ambiental, ética profesional, financiamiento de entidades sin fines de lucro, entre muchas otras.

Luego de algunas preguntas de seguimiento y observaciones adicionales, la discusión concluyó con una última participación de la jueza presidenta Maite Oronoz, en la cual reiteró su compromiso con el acceso a la justicia en su labor como cabeza de la Rama Judicial de Puerto Rico.

Agradecemos la presencia de miembros de la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la Interamericana, personal de la Rama Judicial, abogados y abogadas de la comunidad legal, profesores, estudiantes y personal administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. También agradecemos la colaboración de nuestros auspiciadores y el Cuerpo Editorial del Volumen 86, quienes hicieron esto posible.

Para conocer más detalles sobre los temas discutidos, les invitamos a ver la grabación de este y los demás paneles del simposio en la página de Facebook de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.

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