RESEÑA

Por: Fabiola E. Sosa Baco*

El pasado jueves 30 de noviembre de 2017, la salvadoreña y doctora en planificación urbana, Ingrid Olivo, ofreció una charla sobre su tesis doctoral, La crisis humanitaria tras el huracán María en Puerto Rico: ¿Cómo evitar que la historia se repita? Lecciones de los huracanes San Ciriaco (1899), San Felipe (1928) y Santa Clara (1956) en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El proyecto de la Dra. Olivo expone el carácter político de la toma de decisiones antes, durante y después del desastre, valora las experiencias de las personas y sus visiones, toma en cuenta el insumo de variadas disciplinas y plantea la generalización más allá de las particularidades que presenta cada caso.

En el 2012, la Dra. Olivo publicó el resultado de su investigación sobre los desastres naturales que impactaron a Puerto Rico durante la primera mitad del Siglo XX. En la presentación de su extenso proyecto, ofreció un marco teórico general sobre el significado del concepto “desastre natural”, expuso la metodología utilizada y sus hallazgos, y finalmente brindó sus conclusiones. Su abordaje investigativo toma como punto de partida la vulnerabilidad que ha caracterizado este proceso a través de la historia.[1] En vista de ello, Olivo propone integrar las respuestas ofrecidas por diferentes disciplinas para obtener un resultado mucho más efectivo. Es decir, recomienda que las contribuciones sobre cómo actuar antes, durante y después de un desastre natural surjan a partir de un diálogo interdisciplinario de las personas expertas en meteorología, ingeniería, geografía, economía, sociología, derecho, entre otras.

Durante su presentación, la Dra. Olivo enfatizó que el grado de resiliencia de un País impactado por un desastre natural, como lo es un huracán, depende de tres aspectos: (1) involucrarse crítica y multidisciplinariamente c0n diversos sistemas de conocimiento para informar las acciones; (2) cambiar los factores preexistentes que permitieron que la tormenta se convirtiera en un desastre, y (3) manejar la gestión de desastres más allá de la emergencia con trayectorias cuestionables en cuanto a liderazgo político.[2] Respecto a esto último, es esencial visibilizar que el gobierno actual no ha sido transparente en el manejo del desastre, pues ha entrado en contrataciones cuestionables, y no ha sido asertivo en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

Asimismo, la Dra. Olivo cuestiona el uso del término “desastre natural”. En particular, la conferenciante planteó las siguientes preguntas: ¿Por qué se ha naturalizado un asunto que es más una gestión política-económica? ¿Qué significado tiene el concepto “desastre natural”? Olivo ofreció cinco definiciones: (1) es un acto de Dios; la furia o ira arbitraria y justificada de una o varias deidades. La respuesta a ello es la fe; (2) es un problema científico basado en los ideales del siglo XVIII, cuando Immanuel Kant planteó que hay que atreverse a saber. La respuesta a ello es crear y aplicar conocimiento científico neutral. A raíz de esto se desarrolla el método científico en la meteorología y otras áreas; (3) es un fenómeno natural; un evento geofísico que interrumpe una vida bien organizada. La respuesta a ello es domesticar a la naturaleza, moralizar a las personas y culpar a la víctima; (4) es un proceso político que depende de las jerarquías sociales, las interacciones cotidianas con los hábitats y las condiciones históricas. La respuesta a ello es transformar las estructuras injustas de la vida social y económica que producen la vulnerabilidad social, y (5) es un proceso socialmente construido, nociones, prácticas e interacciones mutuas mediante las cuales las personas crean y transforman el significado de sus realidades. La respuesta a ello es extraer las lecciones contextuales para actuar a través de las humanidades y los relatos.

Posterior a este análisis, la Dra. Olivo abordó de manera crítica las circunstancias políticas y económicas prevalecientes en Puerto Rico durante la primera mitad del siglo XX, particularmente durante el paso de los huracanes San Ciriaco (1899), San Felipe (1928) y Santa Clara (1956). Por ejemplo, en el 1899 hubo un cambio de la dominación española a la estadounidense; en el 1928 inició un colapso económico y civil, y en el 1956 se inauguró el Estado Libre Asociado y se dieron a conocer realidades que antes eran inaceptables.[3] A partir del 1956, la relación de poder entre Estados Unidos y Puerto Rico determinaría el alcance y la forma en que se manejaría el evento atmosférico.

Tras el paso de los tres huracanes, la pobreza y la devastación generalizada presentaron los mayores retos. En consecuencia, las prioridades fueron minimizar el hambre y la crisis de salud, atender los daños agrícolas más graves, proporcionar los materiales de vivienda y transportar ayuda a áreas aisladas. A su vez, el manejo del desastre tuvo consecuencias políticas y económicas en el país. En el 1899, el huracán debilitó el movimiento independentista y apoyó otra forma de subdesarrollo; en el 1928, provocó un subdesarrollo prolongado que alimentó demandas de independencia, y en el 1956 causó una única respuesta cultural gubernamental. A pesar de que las instituciones a cargo de manejar el desastre fueron distintas, el ejército de Estados Unidos siempre se unió, pues los estragos eran enormes. Sin embargo, en el 1956 la ayuda federal dependía de una solicitud del gobierno local; es decir, el gobierno local respondería mostrando soberanía.

Como parte de sus conclusiones, Ingrid Olivo propone atender los factores preexistentes que permitieron que la tormenta se convirtiera en desastre. A todos los huracanes les precedía un contexto de dependencia y subdesarrollo, en el que hubo: (1) pérdida de las plantaciones de caña de azúcar a causa de la industrialización; (2) desplazamiento de comunidades a viviendas precarias por el mercado de las tierras; (3) urbanización en zonas costeras que aumentaba el riesgo de exponerse a peligros (inundaciones, derrumbes, entre otros); (4) planificación e inversión para mantener los intereses estadounidenses por la fuerza; (5)  colapsos en la infraestructura de transporte que imposibilitaron limitar o reducir el impacto, y (5) pugnas político-partidistas que retrasaron el proceso de reconstrucción.

A raíz de su investigación, la Dra. Olivo identificó que la información sobre este tema se encuentra muy dispersa, pasa por alto desastres de menor impacto y aborda individualmente los huracanes en lugar de analizarlos en conjunto. Más adelante, Olivo pretende realizar una investigación sobre los huracanes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en Puerto Rico, a saber: Hugo (1989), Georges (1998) y María (2017).

Ha pasado un siglo, pero tal y como expresó la Dra. Olivo: “Puerto Rico continúa siendo vitrina y laboratorio de Estados Unidos”.  Visto de esta manera, parecería que “María” es una historia que se repite.


* La autora es Redactora de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.

[1] La profesora y socióloga Marcia Rivera esbozó para el periódico digital 80 grados, los factores que caracterizan la vulnerabilidad en Puerto Rico, a saber: el 47% de la población vive bajo niveles de pobreza, casi una tercera parte de las viviendas están en condiciones de precariedad, dependencia casi absoluta del petróleo como fuente de energía, un sistema de generación y distribución de electricidad antiguo y ruinoso, pobre mantenimiento de las represas hidroeléctricas y los sistemas de alcantarillados, un sistema de telecomunicaciones privado y fragmentado, entre otros. (http://www.80grados.net/del-colapso-a-la-refundacion-de-puerto-rico/).

[2] Como sociedad debemos asumir un rol proactivo respecto al calentamiento global. En ese sentido, considero que una sociedad de consumo como la nuestra debe reconocer que somos partícipe del cambio en las temperaturas y el calentamiento de las aguas. A su vez, debemos establecer medidas que promuevan un efectivo control sobre las emisiones de gases y la protección de los ecosistemas.

[3] La Dra. Olivo plantea que hubo un cambio en las políticas, pues se promovió la propiedad individual, se redujeron los costos de vivienda a través de proyectos de parcelas y de servicios, se dio paso a nuevas instituciones para abordar cooperativas de vivienda y compradores, entre otras cosas.

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