PONENCIA*

Por: Benjamín Torres Gotay**

Voy a empezar contándoles de tres tragedias, que se entrelazan la una con la otra como las venas en el cuerpo. Primera tragedia, el 31 de agosto de 1990, una joven de veinte años llegaba a la medianoche a su residencia en el barrio Embalse San José, en San Juan, de un ensayo de un conjunto musical del que era parte. Cerca de su casa la esperaban tres hombres enmascarados, que la secuestraron y la llevaron en su propio carro a un paraje solitario en la zona de la antigua base naval de Miramar, donde la violaron sistemática y salvajemente. Los tres hombres, que minutos después de llevarse a la joven de su casa se quitaron las camisetas que usaron en principio para cubrir sus rostros, tomaron turnos para violarla, sodomizarla y someterla a todo tipo de abyectas humillaciones. Seguramente la hubieran asesinado de no haber querido la fortuna que casualmente una patrulla pasara cerca del mangle donde ocurría la tragedia, lo cual obligó a los violadores a huir, sin haber podido completar sus horrendos planes. La víctima era una muchacha estudiosa, que mantenía un empleo a tiempo parcial, de buena reputación y de familia honorable. Pero pertenecía a la clase puertorriqueña que no tiene dinero, ni notoriedad, por lo que su caso tenía muy pocas posibilidades de ser investigado a fondo y con esmero por las autoridades.

Aquí viene la segunda tragedia. En nuestro País, ocurren terribles crímenes todos los días. A menos que algún elemento particular haga notorio el caso, como puede ser el apellido de la víctima, su profesión, su fama o el lugar donde hayan ocurrido los hechos, se hacen investigaciones pro forma, con muy pocas posibilidades de que se dé con la verdad. Casos como el de esta joven, caen en la larga fila en que caen incontables denuncias no notorias en la Policía, que son resueltas solo si alguien va a decir voluntariamente lo que sabe y no porque la Policía haya descubierto nada. En nuestro País, hace falta nombre, dinero, influencia, para mover casi cualquier cosa. El sistema de justicia, trágicamente, no es la excepción.

Y es ahí, en esa actitud indolente del Estado y el sistema de justicia hacia los ciudadanos y ciudadanas sin rostro, hacia los que día a día, como un enorme ejército anónimo, mueven las ruedas de la historia, está la semilla de la tercera tragedia, quizás igual en magnitud, que siguió a la violación de una chica de veinte años en la zona de la antigua base naval de Miramar y a la indiferencia con la que las autoridades trataron su caso. Sabiendo que del Estado no podía depender para encontrar justicia, un cuñado de la víctima se fue por el barrio, por Embalse San José, a ver qué podía averiguar del crimen. No tardó mucho en encontrar algo.

Los que venimos de barrio sabemos que en los barrios, como en las familias, no hay secretos. Todo se sabe aunque no todo se reconozca ni se hable. Pero también demasiado a menudo la verdad o una versión de la verdad se entremezclan con rumores y sospechas de manera que al final resulta imposible desenmarañar una cosa de la otra.

El cuñado recogió tres nombres y apodos de la flora de rumores y susurros que ya se extendía por el barrio como una enredadera incontenible. Con estos tres nombres, el cuñado fue a la División de Delitos Sexuales de la Policía en San Juan, que, teniendo ya de donde partir, e información concreta con la cual intentar resolver el caso sin mucho esfuerzo, comenzó su propia investigación.

Uno de los nombres que el cuñado llevó a la Policía era el de Fabián Rivera, quien, viéndose atrapado, alzó las manos, hizo un acuerdo con la fiscalía, aceptó su culpa y fue sentenciado. Fabián señaló a los otros autores del crimen, pero como su trato con las autoridades no incluía un acuerdo de cooperación, nunca dio su versión en corte. Con el del segundo nombre dado por el cuñado, la Policía nunca pudo dar. Y el tercer nombre, José Armando Torres Rivera, es el que motiva estas reflexiones que quiero compartir con ustedes esta noche.

José Armando tenía diecisiete años al momento de los hechos. Estaba fuera de la escuela desde sexto grado. Trabajaba ocasionalmente y no tenía récord criminal. Vivía mayormente con su abuela en el Embalse San José, donde se crió con sus padres hasta que estos se mudaron a un residencial en Río Piedras un año antes de estos hechos.

La Policía lo citó a una rueda de confrontación y acudió con sus padres sin titubear. La víctima lo identificó como uno de sus atacantes entre otros cuatro hombres que le fueron presentados, todos llevados de un Hogar Crea. Tras ser identificado por la víctima, José Armando fue acusado, el Tribunal de Menores renunció a su jurisdicción sin oír ninguna prueba, fue enjuiciado como adulto y encontrado culpable por un jurado el 26 de noviembre de 1991. Fue sentenciado a noventa y nueve años por secuestro agravado, cincuenta años por violación, cincuenta años por robo, veinte años por sodomía y cinco años por Ley de Armas, para un total de 224 años de cárcel a cumplirse de manera consecutiva. Todavía está preso. Fue encarcelado a los dieciocho años y hoy, veintiséis largos años después, sigue tras las rejas.

El proceso estuvo plagado de errores que detallaré a continuación y que arrojan una densa nube sobre el proceso que se siguió en su contra. Pero incluso suponiendo que fuera culpable, que él hubiera cometido el abyecto crimen por el que fue acusado, su sentencia constituye lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha identificado como “castigo cruel e inusitado”.

En el 2012, en el caso Miller v. Alabama,[1] el Supremo de Estados Unidos determinó que sentenciar a condenas de por vida sin posibilidad de probatoria o libertad bajo palabra a menores de edad cuyas personalidades ni capacidades de tomar decisiones están plenamente desarrolladas al cometer los hechos delictivos viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe la imposición de castigos crueles e inusitados.

“[Las sentencias] de por vida sin la posibilidad de libertad condicional a menores excluyen consideraciones de su edad cronológica y sus rasgos distintivos[,] entre estos la inmadurez, la impetuosidad y la incapacidad para apreciar los riesgos y las consecuencias”,[2] dice la decisión escrita por la jueza Elena Kagan. Nos guste o no, las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y las disposiciones de la Constitución de ese país, aplican aquí. Por la manera en que José Armando fue sentenciado, habría tenido que cumplir 111 años de cárcel antes de ser elegible para libertad bajo palabra, por lo que su condena, para todos los efectos, es una sentencia de por vida, en violación a la doctrina establecida por el Supremo de Estados Unidos, que es de carácter retroactivo.

Veamos ahora otros detalles de este caso. José Armando no estaba entre los señalados por Fabián, quien es su primo, como participante del secuestro ni de la violación. Fabián hizo esta alegación a la Policía, al abogado que representó a José Armando en el proceso de renuncia de jurisdicción del Tribunal de Menores y a una prima de ambos. El abogado y la prima lo declararon durante el juicio. Fabián también fue sentado en la silla de los testigos, pero se negó a responder preguntas para no incriminarse. Fabián dijo que él participó en el crimen junto a otros dos sujetos, ninguno de los cuales fue encausado en relación a estos hechos. Uno de los sujetos que él señaló, y que hasta lo que se sabe nunca fue investigado, fue encausado eventualmente por otros ataques sexuales en Puerto Rico y en Estados Unidos.

La identificación de José Armando que hizo la víctima en la rueda de confrontación fue impugnada porque la agente que dirigió la rueda de confrontación instruyó a los participantes que revelaran su nombre y había motivos de sobra para pensar que la víctima sabía su nombre antes de verlo, porque su cuñado también lo sabía. La impugnación no tuvo éxito. El testimonio en el juicio de dos participantes de la rueda de confrontación diciendo que habían sido instruidos a decir su nombre tampoco fue tomado en cuenta por el juez ni por el jurado. El caso fue presentado por la fiscalía con el testimonio de la víctima como única prueba. Había evidencia científica recogida de la ropa y el cuerpo de la víctima, pero no fue presentada en corte. Nadie preguntó por ella.

No le importó al juez, ni al jurado, las dudas sobre la manera en que había sido identificado, la coartada de José Armando, cuya defensa presentó testimonio de que la noche de los hechos había estado primero en un cumpleaños y después durmiendo en casa de su mamá desde las 9:30 de la noche, ni el testimonio de los dos testigos que dijeron en corte que uno de los co-autores confesos señalaba a otras personas como sus cómplices. Nada de lo que ha pasado con José Armando desde entonces le ha importado a casi nadie. A nadie le ha importado, por ejemplo, que en Puerto Rico se esté violando, con él y quién sabe con cuántos más, la jurisprudencia que dice que menores de edad no pueden ser sentenciados a condenas de por vida sin posibilidad de libertad condicional.

Un ser humano está enterrado en el fondo del sistema penal de Puerto Rico, ha estado enterrado la mayor parte de su vida, ha estado enterrado prácticamente desde que comenzara a vivir y a nadie parece importarle.

Les voy a decir una cosa más. Gracias a las gestiones de su abogada de la Sociedad de Asistencia Legal, Iris Rosario, quien logró que el año pasado se corrigiera la sentencia para hacerla concurrente, hace más de un año que José Armando es elegible para libertad bajo palabra. Pero su caso ni siquiera ha sido llamado. Hace más de un año pudo haber estado en la libre comunidad tratando de retomar su vida, pero en la tela de araña burocrática, en la dimensión desconocida en que caen y languidecen los casos de los pobres en Puerto Rico, a nadie le ha importado, solo a la licenciada Rosario, quien trajo esta situación a mi atención.

José Armando es uno de los seres sin rostro para los cuales la justicia, el estado de derecho, la verdad, no son derechos ni protecciones, sino abstracciones inalcanzables, hechas, al parecer, para gente en otras castas de la sociedad.

Les traje este caso a su atención y me extendí un poco explicándolo, porque creo que refleja, con espantosa precisión, casi todo lo que está mal y debería dar vergüenza en el sistema de justicia puertorriqueño. Una mujer pobre cuya vida fue salvajemente destruida no habría encontrado justicia, aunque fuera de manera parcial, si no es porque un familiar de ella, indignado por la falta de acción de las autoridades, emprende su propia investigación. Y un muchacho pobre es aplastado inmisericordemente por ese mismo sistema, que lo trató como basura, dispuso de él como si su vida valiera menos que cualquiera otra, lo engulló sin contemplaciones y lo dilapidó de por vida en el fondo del sistema carcelario, sin haberle vuelto a dar jamás la oportunidad de que los hechos se examinen bajo una luz más justa. Todo esto ocurrió, valga mencionar, al amparo del estado de derecho.

No hay, que se sepa, errores procesales, ni de derecho en la acusación y el juicio contra José Armando Torres Rivera. Se presentó evidencia de una identificación, al parecer viciada, pero el juez, el fiscal y el sistema pueden tranquilizar sus conciencias diciendo que no creyeron las versiones de los testigos que dijeron que les habían ordenado decir sus nombres a la víctima. Igual, pueden haber pensado que el abogado y la prima del acusado mintieron diciendo que un co-autor confeso exoneraba a José Armando.

Todo se hizo, como se dice por ahí, por el libro. “By the book”, para los que prefieren el difícil. Lo que pasa es que ese libro del que hablan es un armatoste demasiado pesado que, en este como en muchísimos otros casos, por lo general termina cayéndole encima y aplastando las vidas de los más vulnerables.

Seríamos todos muy felices, creo, si pudiéramos decir que este caso, lamentable como es, fuera una excepción. Lamentablemente sabemos que no lo es. El sistema de justicia es un viacrucis para los pobres porque la justicia en Puerto Rico se compra. No siempre, por supuesto, pagándole a jueces, fiscales y policías, aunque haya habido instancias, que todos conocemos, en que esto ha ocurrido. Se compra de una manera más elegante. Se compra al amparo del estado de derecho.

Se compra contratando abogados caros que pueden atosigar a las cortes con recursos, contratar peritos, hacer sus propias investigaciones, y asegurarle a sus representados la mejor defensa. Todos hemos visto cómo los casos en que los acusados carecen de representación adecuada se llevan a cabo rápido, apenas sin sobresaltos. Se acusa, se juzga y ya. Que venga el próximo.

Conozco de primera mano el trabajo heroico y sacrificado de los abogados y abogadas del programa pro-bono del Colegio de Abogados y de la Sociedad de Asistencia Legal, que cargan con el peso de la defensa de los pobres. Sé que se echan los casos a cuestas y lo dan todo por sus clientes, contra toda circunstancia adversa imaginable. Pero sé también, sabemos todos, que carecen de los recursos para retrasar los casos eternamente, contratar peritos, hacer sus propias investigaciones y todas las estrategias que tienen a su disposición los abogados de los privilegiados.

Cuando hay dinero, o nombre, las autoridades se mueven con guantes de seda. Dan a los sospechosos todo el espacio, todas las garantías. Cuando hay dinero y recursos, la Policía y la Fiscalía saben que cualquier paso en falso puede dañarles el caso, porque hay desde el primer momento un abogado peso pesado mirándolos con lupa y eso les hace andar con extremo cuidado y asegurarse de que a cada paso se respetan todos los derechos de los sospechosos.

Miremos algunos ejemplos. En el 2010, fue brutalmente asesinado en la urbanización Dorado del Mar el niño Lorenzo González Cacho, de familia adinerada. Para ese mismo tiempo, murió en circunstancias extrañas un bebé en el residencial Monte Park, en Río Piedras. A la familia del niño Lorenzo, la Policía y la Fiscalía le dieron todo el espacio que necesitaron para manejar su pena y llevar a cabo en paz el sepelio, a pesar de que dos días después de la muerte el Instituto de Ciencias Forenses determinó que el niño fue asesinado y no sufrió un accidente, como reclamaba la madre. No fue hasta una semana después del crimen que se hizo el primer intento por interrogar a la madre. En el caso del bebé de Monte Park, los padres fueron interrogados por horas en el Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, sin un abogado presente, mientras su bebé, que no tenía signos de violencia perceptibles a simple vista, todavía yacía en la morgue.

En esos días también, una muchacha de diecisiete años mató a golpes a un hombre mayor que le había estado dando bebidas alcohólicas en un río apartado y que ella decía que intentó violarla. A menos de veinticuatro horas de los hechos, la menor había sido acusada de asesinato con premeditación y alevosía. Este caso fue desestimado tras ser denunciado en la prensa. También para ese tiempo un menor de Ciales mató por accidente a su hermano de un perdigonazo. Fue arrestado en pleno velorio y antes de que su hermano fuera sepultado estaba acusado de homicidio.

Podría estar horas hablando aquí de los muchos casos de los pobres, poco educados, vulnerables, contra los que fiscales y policías, al amparo del estado de derecho, se lanzan como fieras, mientras andan como sobre una superficie de cristal cuando se trata de alguien que tiene cómo defenderse. Emprenderla rápido contra un sospechoso del crimen o darle espacio para que maneje su pena son ambos cursos de acción amparados por el estado de derecho. Parecería, sin embargo, que hay un estado de derecho para los pobres y otro para los que pueden defenderse. Esta manera de tratar de diferente manera a sospechosos de crimen de acuerdo al estrato social de donde provengan hiere la fibra del alma del pueblo puertorriqueño y tiene más efectos perniciosos de los que se ven a simple vista. El principal de estos efectos es que el país ve estas actuaciones, las registra, sabe que las leyes no son iguales para todos y actúa en consecuencia. Esa consecuencia la vemos en la calle, en el rostro agobiado de nuestra sociedad, todos los días.

Muy pocos en posición de cambiar esto han demostrado que les importe. Se crean de vez en cuando comisiones para estudiar el problema, con nombres rimbombantes. Publican voluminosos informes llenos de poesía y de recomendaciones. Pero nada pasa. El privilegiado vuelve a sus privilegios y el menesteroso a sus menesteres, esperando el próximo golpe. Allá abajo, donde hombres y mujeres de carne y hueso sudan la vida día a día, donde no hay acceso a legisladores, ni a abogados caros, el estado de derecho, entonces, a menudo se ve como una farsa, como un cuento para entretenernos en las noches en que nos agobian las inquietudes.


* Esto es una fracción de la Ponencia dictada en la Ceremonia de Investidura del Volumen LXXXVII de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, celebrada el 15 de septiembre de 2017.

** Periodista y Escritor. Subdirector en GFR Media y Columnista en El Nuevo Día.

[1] Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012).

[2] Id. en la pág. 477 (traducción suplida).

Share.