Por: Ricardo J. Costa Agosto*

El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley, California, Daniel Farber, se cuestionó, “Si Venezuela hubiese invadido a Puerto Rico, ¿le hubiese tomado tres semanas al gobierno estadounidense movilizar helicópteros a la Isla?” Farber, se hace la pregunta en un intento por acentuar la falta de logística y de urgencia que hubo por parte del gobierno federal en respuesta a la emergencia desatada por el huracán María en Puerto Rico. La expresión del profesor surge como parte de su ponencia en el Simposio de Derecho y Desastre, organizado por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico y celebrado el pasado 4 de mayo, en la Fundación Sila M. Calderón, en Río Piedras.[1]

Daniel Farber reconoció que el paso del huracán María por la Isla ocurrió en el momento menos afortunado. El fenómeno atmosférico fue a un mes de que el huracán Harvey devastara la ciudad de Houston y dos semanas después de que el huracán Irma tocara tierra en el estado de Florida. Sin embargo, Farber indica que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (F.E.M.A., por sus siglas en inglés), pudo haber hecho un mejor trabajo en la respuesta del desastre en Puerto Rico. Según el Profesor, los procesos políticos fueron una de las razones principales por las cuales F.E.M.A. no transportó los recursos necesarios para satisfacer la crisis humanitaria con urgencia. En primer lugar, el mismo señaló que el liderazgo presidencial es indispensable en momentos de crisis, pues hay agencias que dependen de órdenes de la Casa Blanca para poder actuar. Es de conocimiento general que el presidente los Estados Unidos atendió la situación de la Isla someramente: “El presidente demostró bien poco interés en la situación de Puerto Rico”, mencionó el Profesor. También, Farber señaló que la falta de representación y del voto por parte de Puerto Rico en el Congreso creó una barrera más al momento de trazar una estrategia de logística para la recuperación del desastre.

Según el Profesor, la situación de Puerto Rico obliga a los expertos a darle una segunda mirada a los contextos en donde se dan los desastres naturales para identificar qué cosas se pueden mejorar y que otras se pueden prevenir. Por ejemplo, el Profesor mencionó que el Congreso debería invertir dinero antes de los desastres en planes para mitigar daños, mejorar infraestructuras físicas, alcantarillados, etc. De esta manera, el cuerpo legislativo no tendría que disponer de tantos recursos para la etapa de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. Farber, además, plantea que F.E.M.A. tiene que entender el problema de que luego de algún desastre natural, las agencias locales no siempre permanecen funcionales. Las mismas pueden carecer de los recursos para responder a una catástrofe. En eventos futuros, F.E.M.A. tendría que tener en cuenta que los recursos locales pierden comunicación, infraestructura esencial, equipo, personal, entre otras cosas. Por tanto, no se puede pretender que estos colaboren en primera instancia con las agencias federales.  Por último, el Profesor señaló que los desastres exacerban las ya existentes desigualdades sociales y de paso destapa un sinnúmero de irregularidades en infraestructura física, gobernanza y planificación.

Por su parte, la Dra. Carmen Milagros Concepción, directora de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, señaló que concordaba con el profesor Farber en cuanto a que los desastres naturales magnifican el desastre social que ya existe en un lugar. Por ejemplo, en Puerto Rico la vasta mayoría de sus habitantes, infraestructura crítica y actividad económica están localizadas en las áreas costeras, siendo así sumamente vulnerables a eventos atmosféricos. Además, el País cuenta con plantas eléctricas, carreteras, viviendas y plantas de agua, construidas en zonas de alto riesgo. Sin embargo, Concepción plantea que dicho contexto pre-María había sido objeto de discusión pública de la cual se habían generado recomendaciones para atender los problemas ya existentes y los posibles impactos de eventos climáticos futuros. Entre las recomendaciones se incluían el desarrollo de una política pública de cambio climático, el detener el otorgamiento de permisos en zonas de alto riesgo y el decreto de una moratoria al desarrollo en áreas de alto riesgo afectadas por un desastre natural. Concepción comentó que “[l]os expertos ya nos habían alertado del camino que teníamos que seguir, pero no miramos, no escuchamos”.

Carmen Concepción, además, hizo hincapié en la importancia de documentar los estragos del desastre con todas sus variables para poder delinear estrategias que ayuden a una recuperación más justa y sostenible. Por ejemplo, Concepción se ha dedicado al estudio del depósito y la disposición de las cenizas de la combustión de carbón en el área sur de la Isla, uno de los casos de injusticia ambiental más recientes. La recopilación de datos en dicho caso ha servido para que líderes ambientalistas y comunitarios exigiesen el cierre de la planta AES. Además, dio paso para que se iniciara un proceso de monitoreo y mediación a cargo del Departamento de Salud, la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (E.P.A., por sus siglas en inglés), y para que se enmendara la política pública contenida en la Ley 40-2017 para prohibir claramente el depósito de cenizas de carbón. En esencia, Concepción planteó la importancia de examinar los conflictos ambientales e invitó a explorar las manifestaciones de los problemas de desigualdad e injusticia, sus causas, dinámicas y consecuencias, ya que no se le ha dado la importancia, ni la atención que merecen.

Por último, Luis E. Rodríguez, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, señaló que es curioso que la discusión posterior a cualquier evento catastrófico se concentre en los costos de la infraestructura física, vivienda y hasta en la pérdida de actividad económica y que poco o nada se hable del costo social, ambiental, del bienestar, la salud física y mental de la población. Con relación a lo anterior el profesor Rodríguez añadió que “[m]enos aun se discuten las causas y prácticas que hacen que los impactos de estos eventos se propaguen de manera casi descontrolada originando así un disloque severo sobre todo el ordenamiento social”. Además, Rodríguez plantea que ya es tiempo de obligar a aquellos responsables legalmente de la seguridad de la población a que rindan cuentas si de hecho sus acciones u omisiones contribuyeron a magnificar los riesgos de los eventos naturales. El profesor sugiere que éstos deberían asumir una agenda proactiva, “para asegurar el bienestar de la población y su pronta recuperación ante eventos extremos”.

El profesor Rodríguez, propone una perspectiva que parte de los derechos humanos, los cuales se han visto violentados a causa de los desastres naturales. El pasado 18 de enero de 2018, según Rodríguez, la Comisión Interamericana de Derechos Civiles de la Organización de Estados Americanos, emitió un comunicado de prensa dictando que estaban consternados por la situación de derechos humanos que actualmente impera en la Isla tras el paso del huracán María. El comunicado dicta, “se ha generado una carencia y escases de servicios básicos y por lo tanto barreras para los ejercicios de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”. De paso, la Comisión le exigió al gobierno estadounidense a que adoptara medidas para atender la problemática sobre los derechos humanos que ya se había identificado. En fin, el Profesor hizo un llamado a que se mantenga viva la conversación de los derechos humanos dentro del contexto de los desastres naturales, pues según él, vivimos bajo un contexto en donde nos encontramos desposeídos de protecciones y garantías mínimas.


* El autor es Redactor Digital de In Rev y estudiante de segundo año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

[1] Puede utilizar el siguiente enlace para acceder a una grabación de la conferencia: Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, La desigualdad del desastre y la justicia ambiental: Hacia la reconstrucción de Puerto Rico, FACEBOOK (4 de mayo de 2018), https://www.facebook.com/revistajuridicaupr/videos/2192058764154704/.

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