Declaración de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) sobre los traslados de confinados de Puerto Rico a instituciones penitenciarias de Estados Unidos*

La Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) respalda la Declaración en oposición a los traslados de confinados a Estados Unidos, suscrita por juristas, estudiosos y estudiosas de la problemática carcelaria, personas y grupos defensores de los derechos humanos en Puerto Rico.[1]

La política del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico de trasladar a 3,200 personas privadas de su libertad a cárceles privadas de Estados Unidos, atenta contra el principio de rehabilitación, es inhumana y resulta en un trato cruel para los confinados y sus familiares. Máxime cuando el Departamento alude que esta política responde principalmente a un criterio económico y que tal práctica resultaría costo-efectiva para el Estado. Como bien se señala en la Declaración que apoyamos: “la rehabilitación no puede estar supeditada a una racional económica ni a una racional organizativa” que violente los derechos humanos de la población encarcelada.[2]

De igual manera, manifestamos nuestra preocupación por la imposición de medidas fiscales de austeridad que atentan contra los derechos humanos de los sectores sociales y económicamente más vulnerables del País.

Repudiamos todo tipo de violencia institucional reflejada en las políticas fiscales impuestas, que lesionen derechos humanos fundamentales de la población y en este caso, de confinados y confinadas. Como hemos expresado en nuestra Resolución de diciembre de 2017:

Desde los poderes económicos es preocupante ver la modelación del Estado y del Derecho en favor de un nuevo orden global, en el que se arrasa con los derechos de los trabajadores (recorte de prestaciones salariales, aumento exasperado de las edades de jubilación, degradación de los servicios de salud, flexibilización unilateral de las condiciones de trabajo, etc.) y se legisla a favor de las grandes corporaciones multinacionales o sistemas financieros trasnacionales.[3]

Nos solidarizamos con los esfuerzos de las personas y grupos de la sociedad civil de Puerto Rico, que luchan por la protección de los derechos sociales y económicos y por la salvaguarda de los derechos de la población confinada.

Nos resulta inconcebible que en pleno siglo XXI en lugar de avanzar y movernos hacia un derecho penal mínimo, se insista en medidas que socavan derechos humanos como pueden ser, entre otras, las llamadas penas centrífugas, que es a lo que en cierta medida se traduce esta práctica de enviar confinados a instituciones en Estados Unidos.

Finalmente, nos reafirmamos en lo planteado por nuestra siempre recordada Lolita Aniyar de Castro de que “el sistema penal no resuelve problemas, es parte del problema”.


* La declaración original emitida por ALPEC la puede encontrar en el siguiente enlace: Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, Declaración de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) sobre los traslados de confinados de Puerto Rico a instituciones penitenciarias de Estados Unidos, FACEBOOK (23 de abril de 2018), https://www.facebook.com/219432988085013/photos/a.801065559921750.1073741827.219432988085013/2019163961445231/?type=3&theater.

[1] Luis J. Torres Asencio et al., Declaración en oposición al traslado de confinados a Estados Unidos, 80GRADOS (27 de abril de 2018), http://www.80grados.net/declaracion-en-oposicion-al-traslado-de-confinados-a-estados-unidos/.

[2] Id.

[3] Véase Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, PERYCIA (15 de diciembre de 2017), http://www.perycia.com/2017/12/solidaridad-internacional-con-las.html.

Share.