RESEÑA

Por: Joel R. Rodríguez Sánchez*

Es importante examinar, desde una perspectiva crítica, las actuaciones del gobierno pues muchas inciden directamente en la vida de sus cuidadanos. Debido a esto, el pasado 8 de febrero, la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico llevó a cabo el Simposio: Andamiaje y Reestructuración de Puerto Rico.1 El panel estuvo compuesto por el licenciado Ramón Rosario Cortés, la profesora Yolanda Cordero Nieves y el profesor William Vázquez Irizarry. El tema central de esta primera parte del Simposio fue un análisis del Departamento de Seguridad Pública en Puerto Rico (en adelante, “DSP”), establecido por la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (en adelante, “Ley 20-2017”).2

El primer turno de exposición lo tuvo el licenciado Ramón Rosario Cortés, quien, entre sus primeras expresiones, comunicó su apoyo a la legislación por la reducción en el erario que representó su implementación. Rosario Cortés expuso una serie de estadísticas y gráficas sobre la criminalidad en Puerto Rico y el descenso en la población de la Isla. El licenciado arguyó que el problema de la criminalidad se había convertido en prioridad para la política pública del Gobierno desde hace unas décadas, así recalcando que no era un tema nuevo. Además, aclaró que la alta tasa de incidentes violentos no debía verse como resultado de las agencias del orden público, sino que se trataba de temas sociales, como la falta de valores y de ética. Por otro lado, manifestó que se le debía dar mayor tiempo al DSP para ir modificando la forma en que se llevan a cabo sus procesos en busca de aumentar su efectividad.

Rosario Cortés, luego recalcó la situación fiscal precaria en la que se encuentra el País, razón por la que todas las funciones que ejecuta el Gobierno se han visto afectadas de una forma u otra, especialmente en consideración de los presupuestos con los que funciona cada agencia. Para el año fiscal 2018-2019, el presupuesto recomendado para el DSP ascendía a más de un billón de dólares.3 De esa cantidad, el Licenciado afirmó que hubo un impacto de casi cincuenta y cuatro millones de dólares en ahorros una vez se implementó el modelo de “agencia sombrilla”. El funcionario público culminó su turno reiterando que, ciertamente, la discusión de la efectividad y la problemática que presenta la recién adopción del DSP trae consigo un panorama complicado. Entiende que la Ley requiere ciertos cambios, y que, a medida que continúe el transcurso del tiempo y se estén llevando a cabo las alteraciones necesarias, apoya al DSP como el modelo ideal para lograr mayor eficiencia gubernamental en el área de seguridad pública.

La próxima panelista que expuso fue la profesora Yolanda Cordero Nieves, quien enfocó su análisis desde una perspectiva de las teorías organizacionales de las agencias gubernamentales. Sostuvo que dicho modelo de análisis tiene tres elementos medulares por los cuales se dirige la investigación de un modelo como el del DSP. Estos son: (1) la retórica o discurso; (2) la ideología, y (3) la evidencia. Sobre el primer elemento, dirigió la conversación en torno a los planteamientos que se hacían sobre los modelos agenciales que se proponían. En cuanto al segundo, Cordero Nieves expresó que la ideología era una temática difícil y controversial en el estudio de las ciencias sociales. Esto es debido a que se relaciona con el ideal que se encuentra detrás de la forma en que se prevé que fungirán las agencias, en este caso el DSP. En cuanto a la evidencia, fue enfática en la importancia que resultaba tener este factor tanto en el ámbito académico como en el de ejecución gubernamental. La evidencia surge de estudios y la continuidad con la que se busca la recopilación de datos en las agencias. La cual se ve afectada adversamente por la falta de continuidad en los procesos internos gubernamentales, los cambios políticos cada cuatrienio, y la falta de recursos.

Adicionalmente, Cordero Nieves destacó que, en relación con la producción de evidencia, el ámbito político se propende a ocultar los fracasos por las claras repercusiones que su publicación pudiese generar políticamente entre la ciudadanía. No obstante, la Profesora sostuvo que resulta escencial la recopilación de datos precisamente para el análisis de los fundamentos que justifican el tipo de modelo organizacional que se pretende establecer y las consecuencias que pudiese tener. Igualmente, propuso dos formas de análisis con el que evaluar los procesos de reformas a implementarse o en plena implementación. La primera mirada busca esclarecer lo que no funciona en el modelo. Es decir, busca qué debe cambiarse. De otra parte, la segunda consideración es el diseño de la solución del problema. En específico, cuáles otras jurisdicciones han tenido problemas similares y cómo se han atendido, teniendo en cuenta el tiempo que se han tardado en solucionar las deficiencias y, las diferencias entre Puerto Rico y las jurisdicciones a estudiarse, entre otros factores. La Profesora hizo hincapié en que el monitoreo del progreso es indispensable para la adopción de procesos o la necesidad de descartarlos. De la misma manera, alegó que, ante la adopción de nuevos modelos organizacionales, los esfuerzos siempre serían dirigidos a agrupar agencias o dividir las mismas.

Cordero Nieves sostuvo que el DSP surge de una ideología de lograr eficiencia por medio de la centralización. Además, explicó que aunque bien es cierto que la fragmentación excesiva ha sido una de las causas de mayor problemática en Puerto Rico, el consolidar y centralizar conforma un proceso para el cual se requiere mucho tiempo. Al concluir, la Profesora argumentó —con datos recopilados desde el año 1993 hasta el 2016— que las políticas públicas incorporadas eran similares de su faz por ir dirigidas a asumir una “mano dura” contra el crimen. Reiteró que para poder tener agencias que logren llevar a cabo sus funciones eficazmente, se requiere de evidencia que vaya sustentando los procesos a implementarse por los gobiernos de turno. Al no tener un acceso a este tipo de datos, o de tenerlos que estos no correspondan a la realidad o simplemente no existan, entiende que la Ley 20-2017 se funda más en el discurso o retórica e ideología, que en evidencia que sustente sus funciones. En palabras de la profesora Cordero Nieves: “hasta hoy, ha habido en la Ley, más retórica, un poquito de ideología, y muy poca evidencia”.4

El profesor William Vázquez Irizarry estuvo a cargo de cerrar la actividad y este enfoncó su intervención en ofrecer una perspectiva crítica de los antecedentes de las agencias sombrillas durante la gobernación de Pedro Roselló (1993-2000), y la experiencia del gobierno federal con el Departamento de Seguridad Nacional—modelo análogo al DSP.5 De entrada, el Profesor argumentó que la Comisión de Seguridad y Protección Pública, agencia con funciones y estructura organizacional similar al DSP, careció del impacto que se anticipó por la falta de cohesión. Esta, es una de las críticas principales que se han hecho a la estructura bajo la cual ahora se encuentran los siete Negociados del Orden Público.6 Vázquez Irizarry puntualizó que, en esencia, el problema con los intentos de la pasada administración fueron dificultosos al enfrentarse con el obstáculo en que se convirtió la dinámica de coordinación entre la agencia principal y las que iban a formar parte de esta. De igual forma, expresó que este era uno de los problemas que estaba mostrando el DSP. El Profesor expuso una serie de incongruencias que pudo apreciar en la Ley 20-2017. Entre estas, hizo mención de ciertos incisos que se encuentran en el Artículo 1.05, que versa de los deberes y facultades del Secretario.7 Sobre esto precisó que mientras la Ley le otorga autoridad al Secretario de comunicarse con los comisionados de cada negociado (quienes llevarán a cabo las funciones y coordinación específica que le atañe dependiendo del área en la que se encuentren) también establece que es este primero quien ostenta la prerrogativa de planificar, organizar, supervisar, coordinar, administrar, dirigir y controlar todas las actividades que se desarrollen en los negociados. Por  esta discrepancia es que se sostiene la existencia de una posible confusión en la cadena de mando del DSP, la cual es crucial para su funcionamiento.

Al finalizar su exposición, Vázquez Irizarry comparó el modelo del DSP, y la experiencia federal del Departamento de Seguridad Nacional ante la respuesta del Huracán Katrina. Comentó que los esfuerzos de la agencia no resultaron ser los apropiados ante el desastre natural que provocó el fenómeno atmosférico. Esto en parte por las complicaciones que hubo en la coordinación rápida para generar una respuesta inmediata de rescate y restauración a las áreas afectadas por el Huracán. Precisamente, por el percibido fracaso por parte de la agencia federal, el Congreso aprobó una enmienda que le daba mayor autonomía a la Federal Emergency Management Agency (“F.E.M.A.”, por sus siglas en inglés). El Profesor destacó que los críticos de este modelo de agrupación de agencias entienden que la falta de organización y coordinación del Departamento Federal se daba por los distintos enfoques y los procesos que se implementaban a base de estos. Es decir, el fin primordial del Departamento de Seguridad Nacional era lidiar con las amenazas que el terrorismo generaba en los Estados Unidos, el cual es una problemática distinta en comparación con temas de seguridad pública en la cotidianidad.

A pesar de profundizar a partir de distintas perspectivas y herramientas teóricas y legales para su análisis, los panelistas concuerdan en la necesidad de continuar reformando el DSP. Una estructura gubernamental destinada a fungir para el manejo de seguridad a distintos niveles, no puede carecer de una mínima funcionalidad en relación a la coordinación de respuestas inmediatas. Se desprende de la discusión que, inevitablemente, muchas modificaciones están por verse. De manera que se deberá mantener


* El autor es Redactor Digital de In Rev y estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

  1. Puede utilizar el siguiente enlace para acceder a una grabación del conversatorio: Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Realidades y desafíos del Departamento de Seguridad Pública, FACEBOOK (8 de febrero de 2019), https://www.facebook.com/revistajuridicaupr/videos/405633770206544/.
  2. Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico, Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, 25 LPRA § 3501–3714 (2018).
  3. Véase, Presupuesto por Agencia, OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO http://www.presupuesto.pr.gov/presupuestoRecomendado2018-2019/PresupuestosAgencias/Agencia%20Departamento%20Seguridad%20Pública%20-%20Documento%20Tomo%20II%20(Recomendado)%20-%20Año%202019.htm (última visita 11 de febrero de 2019); La cifra exacta es $1,097,977,000.
  4. Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Realidades y desafíos del Departamento de Seguridad Pública, FACEBOOK (8 de febrero de 2019), https://www.facebook.com/revistajuridicaupr/videos/405633770206544/.
  5. Véase, Primera Hora, Gobernador crea el Departamento de Seguridad Pública, PRIMERA HORA (14 de octubre de 2017), https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/gobernadorcreaeldepartamentodeseguridadpublica-1216949/.
  6. Para más información sobre las críticas con relación a la organización y funcionamiento del DSP véase, Joel R. Rodríguez Sánchez, Departamento de Seguridad Pública: Una mirada introductoria, 2 IN REV UPR ___ (2018) http://revistajuridica.uprrp.edu/inrev/index.php/2019/02/06/departamento-de-seguridad-publica-una-mirada-introductoria/.
  7. 25 LPRA § 3505 (2018).
Share.