COMENTARIO

Por: Samuel Quiñones García*

Introducción

En términos prácticos, tendemos a catalogar como transparentes aquellos gobiernos en los que cualquier persona puede pedir información pública sin expresar motivo. Pero una apreciación más cabal del término incluye a los regímenes donde rutinariamente se entregan documentos públicos. Particularmente, los susceptibles de usarse para fiscalizarlos. Como mejor se demuestra esta diferencia es, si ante un señalamiento de posible corrupción, sus funcionarios los ceden a corroboración externa de manera cabal y oportuna.1 En vista de que estas peticiones son hechas en distintos contextos, vale la pena destacar el que más nos interesa en este ensayo. Me refiero a aquellos con mayor potencial de generar un escándalo de corrupción en medio de una epidemia. Mi tesis es muy sencilla. La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, al alterar patrones de conducta social, nos está revelando verdades escondidas. Datos que añaden atributos a la transparencia como concepto.

I. El manejo de información pública durante una pandemia

En principio, se supone que las agencias públicas deban ilustrar al pueblo sobre su organización, objetivos, servicios, programas y planes. Esto es indispensable para formarnos una noción sobre sus bases, normas y jerarquías. El examen de los documentos creados al servicio de estos trámites, permiten discernir cómo se conducen. En un ámbito competitivo, la violación del debido proceso usualmente encubre favoritismos.2 En este ensayo propongo que cuando azota una plaga, surgen comportamientos inéditos en el sistema informativo público. Para comenzar, todos prestamos más atención al manejo gubernamental de la respuesta, por las graves consecuencias que importa. Desafortunadamente también, porque a pesar de la crisis, los corruptos no renunciarán a intentar manipular la realidad para encubrirse. Todavía peor, usarán la tragedia como excusa para reclamar que no se les investigue o que se les otorgue inmunidad.

A esos fines, resulta crucial velar usos no autorizados de información estatal. En general, los expedientes que contengan datos personales de individuos solo deben estar accesibles a estos y a quien tenga interés legítimo. El gobierno debe recabar fielmente antecedentes y evitar su distorsión al transmitirlos. El cotejo de su exactitud garantiza la legitimidad de los gastos públicos empleados para lidiar con la emergencia. Los funcionarios contestarán oportunamente cualquier impugnación a su desempeño. El periodista debe valorar críticamente lo informado. En el caso de que se acusen irregularidades, estas deben ser reportadas, incluso si el consiguiente descrédito mina la confianza pública en quien menos se debería, en el peor momento posible. Emprender de inmediato un curso correctivo de sus actos tiene que partir de un descubrimiento total de la verdad.3

La averiguación efectiva de ventajas irracionales, procesos errados, caprichosos, arbitrarios o discriminatorios, usualmente requiere solicitar documentos públicos. Un Estado transparente debe entregarlos con presteza y no reprimir al que los use para señalar sus faltas. Durante un desastre natural, estas aspiraciones teóricas exigen materializarse rápido en protección de vida y hacienda.4 El personal del gobierno no adquiere facultad especial para declarar confidenciales sus actuaciones o eludir el cotejo de su probidad, simplemente porque hay una catástrofe, tal cual una masiva crisis de salud. Tampoco los documentos que reflejen la dinámica interna de sus agencias cambian automáticamente de clasificación en presencia de una pandemia. Su estatus seguirá igual, hasta que una ley así lo disponga, que para ser válida, debe contener una excepción que permita cotejar si los funcionarios cumplen sus deberes.5 

La aplicación de acciones correctivas será resistida en ausencia de razones. Es por esto que, los procesos investigativos requerirán prueba admisible y pertinente. Evidencia que, en virtud de las aciagas circunstancias creadas por una pandemia, los corruptos piensan pueden ocultar. Ciertos tipos de ciudadanos son más proclives a indagar en este tipo de documentos. Estos suelen hacerlo en virtud de una encomienda constitucional, legal, reglamentaria o cívica. Entre estos últimos, los periodistas se distinguen por el profesionalismo con el que acometen esta labor. Pero en medio de una pandemia, estos enfrentarán obstáculos sin precedentes. Nuestra propia sobrevivencia puede depender de que los superen. Estudiemos, pues, las más relevantes bases operativas de la prensa ante un flagelo sanitario mundial.

II. La transparencia en tiempos de epidemia

Que la verdad sea conocida, nunca es el primordial objetivo de los que procuran alcanzar o retener el poder. La mentira es moneda de curso normal en la política. De ello se deduce, que los gobernantes quieran emplearlas para evitar ser fiscalizados. Esto expone la raíz de un singular conflicto.6 Los profesionales de la prensa –propietarios, editores, redactores y reporteros– en todos los medios, además de cubrir noticias, son consumidores de información pública. El derecho a obtenerla es inherente a un deber de difundirla, tan acreditado, que en la mayoría de los ordenamientos merece reconocimiento constitucional. Sin embargo, la prensa también elabora un producto en una industria. Las noticias son eventos poco comunes que el público está dispuesto a pagar por conocer. Entonces como mercancía, está igualmente sujeta a las leyes de oferta y demanda. Como la verdad no tiene precio, el mercado lo que negocia es su acceso. La prensa es la institución a cargo de reconciliar estos intereses.

La institucionalización del periodismo como un método de rendición de cuentas determina cierta uniformidad en el modelo operativo de la democracia en todas partes. En particular, la doctrina ha explorado con profusión la convergencia entre el derecho informativo y el acceso a los documentos públicos. Debido a las numerosas zonas donde estos coinciden, legisladores y jueces confeccionan criterios para su ejercicio, lo mismo para periodistas que para el público en general.7 Aunque estos no difieran mucho, son las acciones de la prensa las que mayor impulso brindan a la transparencia. Sin perder de vista su aspecto empresarial, estos son los ciudadanos mejor preparados para hablarle en la cara al poder y obligarlo a rendir cuentas.

En función de este paradigma, se puede dar por descontado que las investigaciones periodísticas explotan al límite las posibilidades de su sistema informativo público.8 La utilización de documentos obtenidos por los cauces oficiales se verá complementada por los provistos por los delatores de información o whistleblowersy filtradores. El efecto conjunto de ambos tipos de revelaciones brinda una metodología precisa para la detección de corrupción. La transparencia por tanto depende también, de las avenidas de solución legal a la adquisición no tradicional de información pública. La eventual revelación de documentos mal clasificados como secretos, es un ingrediente principal de la fiscalización. Tarea cuyos resultados propone un enorme potencial de crear escándalo, en medio de una crisis de salud pública. Esta situación impone novedosas interrogantes para la intelección de la transparencia.

¿Es posible saber lo que hace nuestro gobierno durante una catástrofe sanitaria solamente a través de lo que publica? Ciertamente no, pero estos son insumos básicos sobre métodos y resultados. Conocer los verdaderos resortes del quehacer público durante cualquier crisis resulta acuciante. Pero en una pandemia, el impacto del desastre es tan amplio que intimida. Con la posible excepción de la caída de un gran meteorito o la erupción de un súper volcán, no hay uno mayor. Solamente, que estos dos casos, son mucho menos probables o predecibles. Los arquetipos de comunicación pública se supone que estén preparados para acomodar una pandemia. Las entrevistas a los actores relevantes o los reportajes de conferencias de prensa juegan un papel fundamental. Pero el descubrimiento de corrupción se encuentra más cerca del uso combinado de fuentes documentales, formales e informales. 

Los periodistas, particularmente los especializados en la investigación, poseen además una perspectiva histórica de los acontecimientos previos. 9Estos atributos los hacen más sensibles a notar la disrupción de prácticas gubernamentales para encubrir corrupción. En medio de una emergencia, crece la incertidumbre debido al súbito cambio de conductas. Aumentan las ocasiones que acompañan al fraude debido a la alteración de patrones. Todavía peor, los actores corruptos reclamarán impunidad, fundados en que, su posible procesamiento podría agravar la crisis. A tales fines, la labor periodística debe resistir el chantaje basado en estas pretensiones. Toda pregunta pertinente debe hacerse y una contestación íntegra deberá ser ofrecida, y si no, exigida.

III. Impedimentos a la búsqueda de información pública durante una crisis 

Una catástrofe natural ocasiona una disrupción social cuya magnitud está en correlación directa a su alcance poblacional. En este nuevo escenario los funcionarios corruptos no dejarán de serlo, aunque deban interrumpir sus esquemas en desarrollo.10 Ante el emergente ecosistema político estos funcionan bajo un principio de oportunidad. La flexibilidad para adaptarse es indispensable para aprovecharse de las nuevas circunstancias antes que sus competidores. Estos cambios súbitos están reñidos con la planificación elaborada de esquemas, defensas y coartadas. Dinámica que hace más fácil descubrir y denunciar sus esfuerzos. Pero esto no sirve de nada sin una significativa indignación social que siga a las denuncias. El escándalo es un voluble elixir que se destila en el alambique de la opinión pública.11

La alquimia de su formación puede convertirla lo mismo en un vigorizador tónico que en un embriagador brebaje al servicio del tirano. En ocasiones también, en un tóxico veneno que asesina el carácter de sus víctimas. Las proporciones de un escándalo durante una pandemia estarán dictadas por el orden de los valores transgredidos y las expectativas sobre los sospechosos ante la opinión pública. En ese sentido, la prensa debe estar consciente de los graves efectos de no publicar completa la verdad; no importa quién la diga, o a quién convenga o perjudique. Los desastres naturales tampoco logran exorcizar las contiendas políticas o partidistas, pero hacen más urgente que se atesten sus eventos, separados de la crisis; especialmente si la pandemia ocurre en medio de una contienda electoral.

Los conflictos pasados se entremezclan con los emergentes durante estos trances. Las luchas internas exacerban el canibalismo político cuando más se necesita unidad. Durante una pandemia, los detalles ocultos de estas reyertas –previas y recientes– serán usados como armas. Al partido de gobierno le será más difícil controlar sus estructuras. No es de extrañar entonces, que análogo a otros sectores de la economía informal o el crimen organizado, los corruptos procuren aprovechar el azote. Al no poder seguir sus esquemas en marcha, buscarán otras oportunidades de negocios. En este imprevisto molde las mafias gubernamentales no temerán hincar sus intereses dentro de los nuevos servicios públicos exigidos, aunque eso signifique retrasarlos o prestarlos de manera más onerosa o deficiente.   12

La ciudadanía y la prensa deben crear conciencia de que los actores corruptos competirán por las ocasiones que brinde la epidemia para el contrabando, el fraude y el aprovechamiento personal de los bienes y servicios públicos. Durante una pandemia, la prensa asume una grave responsabilidad sobre estas denuncias. El actor corrupto considera que puede lograr la impunidad haciéndose el indispensable o minimizando el daño ocasionado. Alegará que revelar sus fechorías terminaría empeorando la crisis. Mientras más alto sea el perfil del corrupto, mayor será el umbral de prueba necesario para hacer una denuncia. El acceso a documentos públicos se convierte así en un factor decisivo para remontar efectivamente esta barrera.

Las dinámicas entre los integrantes de la industria periodística y los corruptos asumen entonces dos formas: la confrontación o la complicidad. Estas circunstancias a veces no son captadas de inmediato por el público, el cual está inundado de información durante la crisis. La fiscalización verdadera alerta a la ciudadanía sobre lo que hacen las élites políticas corruptas. Superar los reclamos de impunidad durante una pandemia requiere apremiar al ordenamiento legal. La dificultad estriba en que, en estos periodos, las estructuras políticas se vuelven deleznables. Cualquier percepción nociva puede hacer colapsar el gobierno, invitando –aunque sea de momento– al caos social, los motines y los saqueos. Esta es la excusa más manida para restringir las libertades civiles, comenzando por la supresión de la libertad de expresión y su inmanente contraparte, el derecho de acceso a la información pública.

Cuando el gobierno detiene el flujo de documentos administrativos al pueblo, levantando la seguridad nacional o la intimidad, los corruptos verán en jauja sus ambiciones. Las unidades políticas –dentro de la tradición liberal, democrática y republicana en el molde occidental– han desarrollado efectivos diques de contención contra estas ambiciones despóticas. En el contexto de estos modelos, los más valiosos se refieren a la existencia de fuentes de información alternas, diversas y contrastables. Todos los países experimentan ciclos más o menos autoritarios, asociados a diversos tipos de crisis. Cuando estos eventos siguen a fenómenos naturales, como una pandemia, incumbe a la solidaridad humana decirnos la verdad, no importa cuán dura sea. Lamentablemente en estas circunstancias, la tendencia del gobernante es a mostrar su mejor cara. Si para ello tienen que mentir, no es menos corrupto que el que roba.

Ser optimista no es ocultar la penosa realidad o evitar dar explicaciones. La opacidad en estos momentos convence al corrupto de que sus fechorías también deben mantenerse escondidas para, según él, evitar una disolución social. En este escenario se debe prestar atención con prioridad a los aparatos de policía, inteligencia o militares. Estos no deben clasificar indebidamente como secretos documentos públicos. Tampoco prestarse para perseguir irrazonablemente a la oposición, para acallar sus críticas al gobierno. Los partidos con poder parlamentario decisivo deben estar dispuestos a investigarse ellos mismos. Los partidos de minoría deben comprender, que en medio del cataclismo, su compromiso con la verdad debe ir por encima de ventajas electorales de corto plazo. Las restricciones que a sus prerrogativas imponga la constitución deben ser estiradas para superar alegaciones baladíes sobre privilegio ejecutivo. La mutua supervisión entre los poderes públicos resulta crucial para la transparencia en medio de una pandemia; en particular, del legislativo sobre el ejecutivo. El cotejo cruzado de sus acciones sirve para acomodar tensiones entre valores democráticos.13

Dentro de este esfuerzo exegético, el periodista necesita del pueblo para fortalecer su acceso a información pública. Ganada su influencia en la opinión pública, crece su poder frente a las élites políticas tradicionales. El acceso que logren a documentos oficiales es el mejor baremo del estado de la libertad de prensa como un valor de la cultura política. La importancia de este sistema de cotejo político adquiere una nueva dimensión con el acecho de una pandemia. Conocer los documentos relacionados con el diseño de las operaciones es vital para enfrentarlas. Estos acumulan fuentes y métodos de inteligencia; información atinente a recursos, y datos científicos, tecnológicos o económicos sensitivos. En manos equivocadas estos pueden suponer una ventaja indebida y propiciar una competencia desleal.

Dentro del vasto enjambre de entidades públicas que integran este tinglado de respuesta, las agencias sobre salud pública serán la presa más codiciada. A lo largo de los enfrentamientos tácticos y estratégicos –ofensivos y defensivos– saber quién, qué, cuándo, dónde y cómo se organiza el combate de la enfermedad, provee a los corruptos muchas maneras de lucrarse. Irónicamente, en caso de ser descubiertos, la posibilidad de un escándalo será usada como excusa para que se perdonen sus fechorías. Esto introduce un elemento nuevo en el estudio del derecho de acceso a la información pública.

IV.  La fiscalización de una crisis mediante el uso de documentos públicos

La búsqueda de la verdad con frecuencia coloca en conflicto la demanda de documentos públicos con las ambiciones hegemónicas de los propios actores encargados de proveer transparencia. La forma en que este problema se soluciona en cada sistema político depende de batallas institucionales marcadas por recurrentes ciclos de ruptura y arreglos. En ningún momento se torna más encarnizada esta lucha que durante el curso de una crisis. Aquellas causadas por desastres naturales, y epidemias en particular, otorgan a los expedientes administrativos un explosivo potencial escandaloso. Durante una crisis médica de grandes proporciones, fiscalizar a los funcionarios del Estado requiere un juego nuevo de destrezas para legisladores, periodistas y ciudadanos.

Supervisar al poder ejecutivo o publicar una noticia crítica requiere arrostrar la impudencia de aquellos funcionarios corruptos que usarán la crisis para torcer la realidad, aprovechando la mengua en los procesos de corroboración causados por la crisis. Esto significa que, quien busque conocer lo que realmente ocurre en el interior del gobierno en estas situaciones, tiene que ser particularmente acucioso. La responsabilidad original de velar por la corrección de las actividades del Estado reposa sobre los hombros de sus propios funcionarios. En las constituciones donde prima la separación de poderes, la relación entre las ramas legislativas y ejecutiva sigue como método de control. A los fines de este estudio, definimos como un maverick al disidente que se opone a seguir los dictados de los sectores dominantes pudiendo llegar hasta a fiscalizar a los suyos. Ejemplos precisos de esta situación son algunos agresivos legisladores de minoría o los políticos de facciones renegadas dentro de un mismo partido, que se oponen al establishment,en contra de sus propias oportunidades de reelección

En un sistema de partidos, las élites disfrutan de muchos privilegios, sujetos a que conformen sus actuaciones a los dictados de sus líderes. Cuando un funcionario se desvía de los cauces oficiales para denunciar los desmanes de sus pares o superiores, se arriesga a convertirse en un paria político. Esta labor fiscalizadora se produce en escenarios preñados de insidiosas intrigas y acusaciones de traición. En este ambiente administrativo, las filtraciones anónimas son un antiguo y venerado método para dar a conocer documentos públicos. Igual deberán considerarse las conversaciones fuera de récord de confidentes. Particularmente, cuando estas versan sobre información mal clasificada o irrazonablemente retenida a pesar de su alto interés público.

El delator será considerado un héroe o un villano, dependiendo del peligro que prevenga o el daño que cause la información revelada. Justamente, la diversidad de apreciaciones que acepta esta distinción es lo que mantiene tan controvertida esta práctica. A pesar del indudable valor informativo que tienen las filtraciones, estas siempre quedan manchadas por el tinte del anonimato. Los exposés de los colaboradores de una trama –invariablemente– son recusados como deseos de publicidad o venganzas partidistas. En contraste, las revelaciones hechas por los whistleblowers son estimadas de mayor valía debido a que este se expone a la represión laboral o críticas infundas ante la opinión pública. En ambos casos se propone una intrincada interacción entre los medios y estas fuentes que ya forman parte indisoluble del sistema informativo público.

A estos esfuerzos se unen los canales de fiscalización del gobierno desde la sociedad civil. En esta categoría se incluyen individuos y organizaciones dedicadas específicamente al adelanto de la libertad de información y el derecho de acceso a los documentos públicos. Debe prestarse atención particular a las organizaciones que defienden los derechos humanos, la libertad de prensa, y los bufetes de abogados que defienden el interés público. Todos ellos poseen la actitud y aptitud necesaria para indagar qué es lo que realmente hace su gobierno. Ya sea impulsado por procurar remedio a un daño sufrido o por corregir una injusticia, estos acuñan un poder enorme para hacerse sentir frente al poder.

Dentro de esta subjetividad vale la pena terminar resaltando cómo un previo servicio público de alto nivel ofrece una experiencia poco estudiada en sus efectos sobre la transparencia. Desde una perspectiva positiva, esta brinda criterios superiores para detectar la corrupción. Asimismo, aprovecha para evaluar la correcta clasificación de los documentos públicos. Pero también son muchos los que, luego de una carrera funcionarial, siguen interesados en mantenerse vinculados al gobierno por malas artes. Exfuncionarios que participan como asesores, recaudadores, contratistas y cabilderos, inciden en las administraciones por diversas razones. Algunos, para ocultar sus pasadas acciones; otros, para explotar las buenas relaciones con sus antiguos patrones. Las actitudes y aptitudes de estos ciudadanos tendrán una entendible influencia en las transacciones que intervengan. Legisladores, periodistas y miembros de la sociedad civil tendrán que medir su huella en la probidad de su resultado. En última instancia corresponde a todos en conjunto contener a los corruptos que, no importando la grave crisis, insisten en depredar sobre los más vulnerables; que, en el caso de una pandemia, puede ser cualquiera de nosotros.

Conclusiones

De la exposición realizada, surgen varias reflexiones que vale la pena destacar. En primer lugar, el derecho de acceso a la información pública, y a los documentos que la contienen, más que un derecho constitucional fundamental, es un derecho humano esencial. Esto significa que su concesión y reivindicación se encuentran al margen de los caprichos del Estado. Las dinámicas entre los diversos actores del sistema informativo público, idealmente deberían canalizar expectativas razonables de participación ciudadana, dentro de los límites impuestos, por la necesidad de cierta dosis de confidencialidad o secreto, en las operaciones gubernamentales. Durante el curso de un desastre natural, pero particularmente de una epidemia o peor aún, de una pandemia, se torna indispensable la estricta aplicación de toda la legislación o reglamentación atinente al derecho a la información pública.

En medio de una pandemia la información debe estar accesible para la ciudadanía en forma explícita, detallada, actualizada y a través de diferentes medios. Cualquier denegatoria de información pública sobre la emergencia que no esté basada en principios legales claros y establecidos, debe ser mirada con sospecha. En defecto de una justificación adecuada, se puede presumir que dicha negativa amerita ser impugnada mediante recursos administrativos y judiciales.  Los remedios dispuestos en ley para vindicar el derecho a la información deben proveer de manera especial para el procesamiento justo y rápido de las solicitudes, así como para un trámite igualmente veloz de la revisión administrativa y judicial de las negativas. En ese contexto, hay que prestar especial protección a los whistleblowers y a los filtradores anónimos. La validez de una filtración hecha al margen de las normas de confidencialidad requiere ser juzgada a tenor con el servicio que presta al bienestar común la información así descubierta durante un desastre.

Por otra parte, las aciagas circunstancias que un flagelo sanitario presenta, hacen más urgente conocer lo que realmente esta ocurriendo. Principalmente, la constatación certera de los recursos y personal disponibles para enfrentarlo, el presupuesto asignado para esos gastos, y sobre la concesión y orden en la dispensación de beneficios y contratos a personas y entes comerciales. La legislación sobre acceso a la información tiene que ser usada al máximo de sus posibilidades, incluso aunque esta no promueva un gobierno abierto. En el orden administrativo, el diseño e implantación del plan de respuesta a la enfermedad propiamente dicho, requiere cotejar la ejecución de tareas de prevención, evaluación y tratamiento de contagios, incluyendo planes de restricción de las libertades de reunión y asociación. Debe rechazarse absolutamente la equivocada noción propagada por algunos funcionarios de en que este entorno se justifica la creación de nuevas excepciones al acceso a la información pública.

La ciudadanía, la prensa y los medios de comunicación tienen que estar conscientes de que dentro del nuevo paradigma social creado por una plaga, no merma el derecho de acceso a la información pública. De hecho, su defensa resulta más vital frente a las fuerzas que, a contracorriente del interés público, pretenden conculcar el derecho a saber. Entre estas destacamos a los encargados dentro del aparato gubernamental de enfrentar la emergencia. No es cierto que evitando la máxima divulgación posible de la información sobre la pandemia, se evita crear un caos económico o que dificulte disciplinar a la población. En muchas ocasiones lo que estos solapadamente buscan, es evitar que se critique su desempeño. De ahí que se resistan a rendir cuentas sobre su manejo de la crisis, en protección de su permanencia en el poder, frente a los retos de  rivales externo e interno.

En contra de que se sepa lo que en verdad se está haciendo para enfrentar la pandemia, particularmente se hallan los responsables de este esfuerzo, que derivan su poder del proceso electoral. Contra estos militan sus antagonistas en otros partidos y las facciones rivales al interior de su propia colectividad. Este conflicto se volverá más agudo, si el evento pestífero coincide con las cercanías de una contienda electoral. Esto vendrá a entremezclarse con la valoración política de su respuesta, afectando todas las actividades de financiación de campaña, propaganda y movilización. Tal situación, exacerba la tendencia ocultar errores o falta de previsión para evitar una acusación de incompetencia.

Por último, es menester enfatizar que los corruptos constituyen el ingrediente más nocivo del peligroso coctel antes descrito. Estos personajes se cuentan entre los que con mayor denuedo buscarán conculcar la acción de los organismos de fiscalización dentro y fuera del aparato gubernamental. Tanto para proteger sus operativos en curso, como para intentar aprovechar la ocasión para ubicar nuevas fuentes de ganancias ilegales. Ante la posible inercia de las organizaciones de control público, corresponde a los medios de comunicación y la prensa resistir la presión que ejercerán estos  para esconder sus actividades corruptas. En particular, los intentos de chantaje moral y financiero, ante el decaimiento de la economía. Los profesionales de la prensa dependerán como nunca antes de los líderes y organizaciones de la sociedad civil para resistir los embates de estos parásitos sociales. Estos ataques podrían ser todavía peores que la enfermedad que a todos amenaza. La suma de todos estos novedosos ingredientes exige que a la definición de transparencia, como política pública, se añada la disposición del Estado a prestar sus servicios con más apertura, si se quiere con mayor desprendimiento y generosidad, ante una crisis catastrófica, tal como una pandemia.    


*Samuel Quiñones García es abogado y profesor universitario. Obtuvo sus títulos de Bachiller en Artes con concentración en Economía (1981) y de Juris Doctor (1984) ambos con honores, en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Además, posee una Maestría en Estudios Latinoamericanos, mención en Ciencias Políticas (2006) y un Doctorado en Derecho Administrativo, también con honores, en el Programa Estado de Derecho y Buen Gobierno (2011) de la Universidad de Salamanca.

  1. Debido a la excesiva o insuficiente inclusión de atributos, las leyes de gobierno abierto con frecuencia incumplen la promesa central de la teoría de la transparencia, de que un gobierno abierto es el mejor gobierno. Mark Fenster, The Opacity of Transparency, 91 IOWA L. REV. 193, 914-36 (2006); Si bien el público a veces asume erróneamente que detrás de todo secreto gubernamental se esconde corrupción, no es menos cierto que la emanación prístina de los actos y decisiones administrativas, es la más potente garantía contra el ejercicio viciado de las prerrogativas burocráticas. José Antonio Domínguez Luis, El derecho información administrativa: información documentada y transparencia administrativa, 88 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 537-538 (octubre-diciembre 1995).  
  2. FRANCIS FUKUYAMA, THE ORIGINS OF POLITICAL ORDER: FROM PREHUMAN TIME TO THE FRENCH REVOLUTION 43-46 (2011).
  3. Para ejemplos sobre corrupción mientras un país atraviesa una situación de emergencia, véase Jessica Schultz & Tina Søreide, Corruption in emergency procurement, 32 DISASTERS 516 (2008) (donde se discute que la compra de bienes y servicios comprende la mayor partida de los presupuestos de emergencia, lo cual también lo hace un proceso particularmente vulnerable a la corrupción. Luego del Tsunami de 2004 en el Océano Indico, los equipos de evaluación en Indonesia señalaron que la oferta de “pagos de incentivos del 10% a funcionarios para obtener contratos públicos de recuperación era tan común, que se consideraba normal”.); Claire Antone Payton, Building Corruption in Haiti, 51 NACLA 182-87 (2019) (en Haití, la extorsión de compañías de construcción encargadas de reemplazar vivienda destruidas durante el terremoto de enero de 2010 generó la indignación popular en las calles); Limarys Suárez Torres, Gran Jurado acusa al ex presidente de Cobra Energy y alta funcionaria de FEMA, CB EN ESPAÑOL (11 de septiembre de 2019), https://cb.pr/gran-jurado-acusa-al-expresidente-de-cobra-energy-y-a-alta-funcionaria-de-fema/?cn-reloaded=1. (finalmente, luego de que el huracán María azotara a Puerto Rico en septiembre 2017, las constantes denuncias de corrupción se vieron confirmadas por las acusaciones contra funcionarios federales y empresarios en colusión para defraudar al fisco en la reconstrucción del sistema eléctrico). 
  4. El desvío de recursos asignados a las víctimas de desastres naturales —como una epidemia─ para su supervivencia, se ha convertido actualmente en la peor forma de corrupción. TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, GUÍA RESUMIDA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS: PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN EN OPERACIONES HUMANITARIAS 5-6 (2010), https://issuu.com/transparencyinternational/docs/ti_pocketguide_spanish_web?mode=window&backgroundColor=%23222222.
  5. PHILIP H. MELANSON, SECRECY WARS. NATIONAL SECURITY, PRIVACY, AND THE PUBLIC´S RIGHT TO KNOW 31-52 (2001).
  6. Jorge De Esteban, Los medios de comunicación como control del poder político, 42 REVISTA DE DERECHO POLÍTICO 29 (1997).
  7. ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MUNDO (2006); IGNACIO VILLAVERDE MENÉNDEZ, ESTADO DEMOCRÁTICO E INFORMACIÓN: EL DERECHO A SER INFORMADO42-45, (1994); RAMÓN SORIANO RUÍZ LAS LIBERTADES PÚBLICAS (1990).
  8. Entendemos por un sistema informativo público el conjunto de interacciones comunicativas, entre entes privados y públicos, dirigidas a la transmisión de conocimientos sobre los actos gubernamentales. Estas se producen en diversos formatos, pero en cuanto a la información documentada, un evento cercano nos muestra  la proclividad estatal a la opacidad en tiempos convulsos. A escasas horas del ignominioso fin de su mandato, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convirtió en ley dos medidas plagadas de deficiencias. La Ley Núm. 122-2019, Ley de datos abiertos del Gobierno de Puerto Rico y la Ley Núm. 141-2019, Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública, lejos de promover y facilitar el acceso a información pública, la limitan debido la excesiva discreción que su ambigua redacción permite a los funcionarios encargados de aplicarlas. (mayo 2020), https://ntc-prod-public-pdfs.s3.us-east-2.amazonaws.com/BGdQkMpbWKlFuiBP06BiBlk9cX8 Centre for Law and Democracy, Análisis de las leyes de acceso a la información y datos abiertos, CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY.pdf. La inutilidad de estas normas para atender los exigentes requerimientos de datos y documentos públicos durante una pandemia, se perfilan ominosas, tratándose de un derecho constitucional fundamental. Engineering Services International, Inc. v. AEE, 2020 TSPR 103.
  9. José María Rubio Ferreres, Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. GAZETA DE ANTROPOLOGÍA (2009), https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/6843/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.pdf.
  10. A continuación, dos entre miles de ejemplos. Anastasio Somoza Debayle, expresidente de Nicaragua, aprovechó el terremoto que impactó a la ciudad de Managua en Nicaragua en diciembre de 1972 para retrasar la oferta de asistencia humanitaria internacional y repartirla en su beneficio. MARÍA DOLORES FERRERO BLANCO, LA NICARAGUA DE LOS SOMOZA, 1936-1979 143-51 (2010); JAMES D. COCKCROFT, AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS: HISTORIA Y POLÍTICA PAÍS POR PAÍS, SIGLO XXI 252 (2001). El exalcalde de Nueva Orleans, C. Ray Nagin, fue condenado en febrero de 2014 por aceptar cientos de miles de dólares en sobornos -dinero en efectivo, viajes de vacaciones y camiones cargados de granito gratis para su negocio familiar- de empresarios que querían trabajo o el apoyo de Nagin para obtener contratos en proyectos para reparar la devastación causada por el huracán Katrina en 2005. La sentencia fue confirmada el 17 de enero de 2016. U.S. v. Nagin, 810 F.3d 348 (5th Cir. 2016).  
  11. Existen ímpetus que concitan a las masas a unir su atención en temas de interés general. No es posible ignorar las profundas razones que nos impelen a uniformar nuestro parecer ante hechos noticiosos. Las mareas de la evolución nos han tornado ávidos a formar consensos. Se trata de una característica útil, premiada por la selección natural. Los disensos prolongados no se llevan bien con una tribu que lucha por sobrevivir. Si la formación de acuerdos es imperativa para el avance social, también lo será devorar a los disidentes, a los raros, a las minorías; especialmente a los más irreverentes iconoclastas. De ahí que muy adentro de nuestros cerebros estén programados para claudicar ante el rugido de la ola o la vocinglería del vulgo. 
  12. A partir del 28 de diciembre de 2019, una serie de sismos comenzó a afectar el suroeste de Puerto Rico. Su momento culminante llegó el 7 de enero, cuando un terremoto de magnitud 6.4 provocó un muerto y miles de damnificados. Las tareas  relacionadas con la recuperación, se unieron a las ya en curso tras los huracanes de 2017. Sin embargo, en esta ocasión estas tomaron un inusitado giro ante denuncias de que se estaba aprovechando la entrega de suministros para beneficiar a ciertos candidatos políticos. Específicamente, los afines a la gobernadora Wanda Vázquez, en vísperas de las primarias del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP). Reportes posteriores dan cuenta de diversas acciones de alto nivel para impedir la investigación de las alegaciones, incluyendo el  despido de los funcionarios que se opusieron a la práctica. El 20 de julio de 2020 la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) autorizó la investigación por un Fiscal Especial Independiente a la Gobernadora, tras encontrar que el informe preliminar emitido por el Departamento de Justicia “demostró causa suficiente para que se realice una investigación a fondo sobre los hechos”. OPFEI, Comunicado de prensa, OPFEI (20 de julio de 2020), http://panelfei.com/wp-content/uploads/2020/07/PFEI-acoge-recomendaci%C3%B3n-del-Departamento-de-Justicia-en-caso-gobernadora-Wanda-V%C3%A1zquez-y-otros-funcionarios.pdf. Complicando todavía más la situación de la Primera Ejecutiva, que reemplazó al malogrado gobernador Rosselló, varios funcionarios del Departamento de Salud fueron encontrados incursos en posibles irregularidades en la fallida compra de pruebas para la detección del Covid-19. De acuerdo a un informe de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, dirigida por el representante Juan Oscar Morales -afiliado al PNP-, la transacción por $38 millones a una compañía sin experiencia y con relaciones con su propio partido, fueron referidas a la OPFEI y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Ayeza Díaz Rolón, Juan Oscar Morales sobre informe: “Claro que es una tragedia”, EL VOCERO (30 de junio 2020), https://www.elvocero.com/gobierno/juan-oscar-morales-sobre-informe-claro-que-es-uarticle_5cd5fb06na-tragedia/-bb01-11ea-aa8d-2f73b6308f86.html.
  13. HERBERT N. FOERSTEL, FREEDOM OF INFORMATION AND THE RIGHT TO KNOW. THE ORIGINS AND APPLICATIONS OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT 134-37 (1999).
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