COMENTARIO

Por: Ignacio Portela Cabán*

Introducción

La sustituta de la Notorious RBG podría traer consecuencias de gran alcance sobre cómo la Corte abordará las exenciones religiosas. Desde que la Corte emitió la opinión Employment Div. v. Smith hace treinta años, la regla ha sido que la cláusula de libre ejercicio no requiere exenciones religiosas de leyes que son, en palabras de la Corte, neutrales y de aplicación general.1  

En marzo de 2018, la ciudad de Filadelfia (en adelante, “la Ciudad”) advino en conocimiento que dos de las agencias que fueron contratadas para proporcionar servicios de hogares de crianza o foster homes a los niños bajo el cuidado de la Ciudad, no aceptarían parejas del mismo sexo como padres adoptivos, basándose en su creencia religiosa.2 Filadelfia informó a las agencias que ya no remitirían niños a menos que hayan acordado cumplir con los requisitos de no discriminación, que son parte de todos los contratos de las agencias.3 Por lo anterior, Catholic Social Services demandó a la Ciudad, alegando que la Constitución le da el derecho a optar por no cumplir con el requisito de no discriminación.4 Evidentemente, la Hon. Amy Coney Barrett, en uno de sus primeros casos como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, jugará un papel fundamental en determinar si las agencias contratadas por el gobierno pueden imponer sus creencias y discriminar en los servicios para las que fueron contratadas.

A continuación, se discutirán los hechos pertinentes a esta controversia, las decisiones en las cortes y las posiciones que tomaron los juzgadores de la Corte Suprema de Estados Unidos en la argumentación oral.

I. Corte de Distrito para el Distrito de Pensilvania

El Departamento de Servicios Humanos de Filadelfia (DHS, por sus siglas en inglés) tiene el deber de establecer un sistema para abordar el bienestar de los niños sin familias ni hogares, de acuerdo con el mejor interés de cada niño.5 En el desempeño de su deber, DHS contrata a varias agencias privadas que ayudan a los foster homes, utilizando fondos públicos.6 Dicho de otra manera, DHS contrata a entidades privadas para que provean servicios a los ciudadanos y a cambio, estas entidades reciben fondos públicos. Entre estas entidades se encontraba Catholic Social Services (CSS, por sus siglas en inglés).7 En el contrato entre ambas entidades, se reitera que el tema específico que debe abordar CSS es reclutar, seleccionar, capacitar y certificar estos hogares de crianza.[8]8 La Sección 3.21 del contrato de servicios, limita las razones por las que CSS puede negarse a proveer los servicios requeridos a hogares de crianza. La sección 3.21 establece que CSS:

[N]o rechazará a un niño o familia para los servicios en función de la ubicación o condición de la residencia de la familia, su condición ambiental o social, o por cualquier otra razón si los perfiles de dicho niño o familia son consistentes con el alcance de servicios del proveedor o las normas aplicables del DHS que se enumeran en el contrato, a menos que el Comisionado o la persona designada por el Comisionado conceda una excepción ejerciendo su discreción.9

Además, “el artículo XV del contrato de servicios limita aún más las razones por las que CSS puede negarse a proporcionar los servicios requeridos en virtud del contrato de servicios incorporando diversas leyes, ordenanzas, reglamentos y órdenes ejecutivas”.10 “En particular, el artículo XV incorpora disposiciones de la Ordenanza de prácticas justas de Filadelfia relacionadas con la no discriminación y que le otorguen servicio a todos los que lo soliciten”.11 En lo pertinente, el artículo XV establece que el proveedor no discriminará ni permitirá la discriminación contra las personas por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, entre otros.12 Por último, establece que “[e]n caso de que CSS incumpla lo pactado en virtud del artículo XV, DHS y la ciudad de Filadelfia podrán, además de cualquier otro derecho o recurso disponible bajo este contrato, por ley o en equidad, suspender o rescindir el contrato inmediatamente”.13

CSS y DHS procedieron bajo el contrato de servicios sin disputa desde noviembre de 2015 hasta marzo de 2018, cuando un reportero del Philadelphia Inquirer informó al Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de Filadelfia que dos de sus agencias no trabajarían ni certificarían a parejas del mismo sexo como padres de crianza.14 Debido a esto, diversas agencias coordinadoras de la comunidad responsables de la administración de casos recibieron instrucciones de abstenerse de hacer referencias de casos de niños a CSS.15 Consecuentemente, CSS y otros presentaron un injunction buscando obligar a los demandados, la ciudad de Filadelfia, a reanudar los referidos de niños al cuidado de los demandantes.16 Los demandantes alegaban que las acciones de la ciudad afectan y continuará afectando la vida de los niños.17 No obstante, la ciudad ofreció evidencia intentando mostrar que cesar de hacer nuevas referencias a CSS ha tenido poco o ningún efecto en el funcionamiento del sistema de hogares de crianza de Filadelfia.18

La Corte de Distrito indica que “[c]omo cuestión de umbral, las partes no están de acuerdo sobre si el contrato de servicios requiere que CSS brinde sus servicios a todos los interesados de acuerdo con la Ordenanza de prácticas justas porque dichos servicios pueden constituir o no un public accommodation”.19 No obstante, los demandantes argumentaron que no es necesario que cumplan con todas estas disposiciones de no discriminación ya que el cumplimiento violentaría sus derechos bajo las cláusulas de libre ejercicio y establecimiento de la primera enmienda, la Ley de libertad religiosa de Pensilvania (RFPA, por sus siglas en inglés), y la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda.20 Además, alegaron que los servicios que CSS proporciona en virtud del contrato de servicios relacionados con la certificación de los posibles padres de crianza son servicios por los que no se le paga a CSS. Por lo tanto, al exigir que CSS proporcione certificaciones, el DHS obliga a CSS participar en expresiones no remuneradas.21 A continuación, se discutirán cada una de las controversias presentadas.

La primera controversia versa sobre si los servicios provistos por el contrato de servicios son considerados un public accommodation. En caso de que se considere un public accommodation, el contrato estará sujeto a la Ordenanza de prácticas justas y, por lo tanto, requerirá que la CSS preste servicios a todos los habitantes de Filadelfia que busquen su servicio.22 Ya que, el CSS estará sujeto a cumplir con las disposiciones de no discriminación. La Corte sostuvo que los servicios de la CSS constituían un public accommodation.23 Pues, del contrato de servicios se ve la intención clara e inequívoca de que aplique la Ordenanza de prácticas justas de Filadelfia. La intención se manifestó cuando las partes incorporaron la ley dentro de las cláusulas del contrato.24

Pasemos ahora a discutir la controversia en torno a la primera enmienda: cláusulas de libre ejercicio, de establecimiento y la libertad de expresión. La primera enmienda establece, entre otras cosas, que no debería haber ninguna ley respecto al establecimiento de una religión.25 No obstante, en Employment Div. v. Smith, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que cuando una ley impugnada es neutral y de aplicación general, y grava la conducta religiosa solo de manera incidental, la cláusula de libre ejercicio no ofrece protección.26 Por lo tanto, la constitucionalidad de una ley estatal o local neutral, y de aplicación general bajo la cláusula de libre ejercicio, se evalúa utilizando el estándar de base racional.27 Aplicando la jurisprudencia mencionada previamente, la Corte sostuvo que el contrato de servicios y las disposiciones de Ordenanza de prácticas justas incorporadas en el contrato eran neutral y de aplicación general.28 Así que el precedente de la Employment Div. v. Smith fue aplicado. Seguido a ello, la Corte aplicó la prueba de base racional para determinar la constitucionalidad del contrato.29 Al hacerlo, concluyó que el contrato y la Ordenanza de prácticas justas son aparentemente neutrales, de aplicación general y parecen haber sido aplicados de manera neutral y general en este caso.30 Además concluyó que ambos están relacionados racionalmente con una serie de objetivos gubernamentales legítimos.31 Esto resultó en la aprobación de la prueba constitucional racional de los términos del contrato.32 Con respecto a la cláusula de establecimiento, la Corte sostuvo que los demandantes no demostraron el derecho al injunction.33 En cuanto al reclamo de libertad de expresión, la Corte sostuvo que “el propósito del DHS al celebrar el contrato de servicios con CSS y sus otras agencias de crianza es que CSS y las otras veintinueve agencias de crianza proporcionen servicios de crianza”.34 El contrato no tenía la intención de crear un foro para el discurso privado o para facilitar el discurso privado.35 Esto es así porque la CSS y sus agencias hermanas fueron contratadas para realizar funciones gubernamentales para DHS y Filadelfia, y no para asumir posturas. 36

Por último, está la controversia respecto a la RFPA. La sección 2401 de la RFPA establece que, salvo que aplique una excepción, una agencia no debe imponer una carga sustancial al libre ejercicio de la religión de una persona, incluyendo cualquier carga que resulte de una regla de aplicación general.37 Para buscar auxilio en virtud de la RFPA, las personas que la invocan deben demostrar que “su libre ejercicio de la religión es o probablemente se verá sustancialmente afectado mediante prueba clara y convincente”.38 Sobre este aspecto la Corte entendió que el contrato no requiere que CSS exprese su aprobación o desaprobación religiosa de las personas que buscan sus servicios.39 Tampoco requiere que CSS haga o diga nada más relacionado a las opiniones religiosas de CSS.40 El contrato solo requiere que se certifique que los futuros padres cumplen con las pautas estatales para el hogar de crianza.41 Por lo tanto, la Corte sostuvo que el contrato no impone una carga sustancial que active la RFPA.42

II. Corte de Apelaciones para el Tercer Circuito de Estados Unidos

Por estar en desacuerdo con la opinión de la Corte de Distrito, los demandantes apelaron a la Corte de Circuito.  A dicha Corte le presentaron las mismas interrogantes que fueron abordadas por la corte inferior.

No obstante, el Tercer Circuito se centra en responder si CSS fue tratado de manera diferente debido a sus creencias religiosas.43 En otras palabras, ¿fue la Ciudad apropiadamente neutral, o trató a CSS peor de lo que hubiera tratado a otra organización que no trabajaba con parejas del mismo sexo como padres adoptivos, pero que tenían creencias religiosas diferentes?44 Para tomar esta decisión se basó en tres casos en particular: Lukumi, Tenafly y Masterpiece Cakeshop.45 Al evaluar la evidencia presentada por ambas partes, sostuvo que CSS no demostró suficiente evidencia para probar que la ciudad violentó la cláusula de libre ejercicio, que los demandados no tienen un historial de ignorar violaciones seculares generalizadas y que no hubo el tipo de animosidad en contra de una religión que requiere la jurisprudencia.46 También añadió que: 1) la Ciudad ha estado trabajando con CSS durante muchas décadas plenamente consciente de su carácter religioso; 2) continúa trabajando con CSS como un proveedor de cuidado colectivo y como una agencia coordinadora, a pesar de las convicciones religiosas de CSS con respecto al matrimonio; y 3) la Ciudad ha expresado un deseo constante de renovar su relación con CSS como una agencia de cuidado de crianza si cumple con las políticas de no discriminación de la Ciudad que protegen a las parejas del mismo sexo.47

Así la Corte concluyó que la Ciudad se mantiene firme al exigir a sus contratistas que cumplan con sus políticas de no discriminación al administrar servicios públicos.48 “Bajo Smith, la primera enmienda no prohíbe al Gobierno regular la conducta motivada por razones religiosos mientras dicha reglamentación no sea para intentar reprimir creencias religiosas desfavorecidas”.49 La Corte concluye que “aunque CSS puede afirmar que las acciones de la Ciudad no fueron impulsadas por un sincero compromiso con la igualdad, sino más bien por prejuicios antirreligiosos y anticatólicos, la evidencia no muestra persecución religiosa o parcialidad”.50 En cambio, la Ciudad muestra, hasta ahora, buena fe en su esfuerzo por hacer cumplir sus leyes contra la discriminación.51 Por lo tanto, determina que la Corte de Distrito no abusó de su discreción al denegar la moción preliminar.52

III. Corte Suprema de Estados Unidos (Argumentación Oral)

Aún inconforme con las dos decisiones anteriores, acuden a la Corte Suprema de Estados Unidos vía certiorari. El mismo fue acogido y concedido el 24 de febrero de 2020. 53  Al Supremo se le presentaron tres preguntas:

1) Si los demandantes de libre ejercicio solo pueden tener éxito al probar un reclamo particular de discriminación, es decir, que el Gobierno permitiría la misma conducta por parte de alguien que tuviera distintos puntos de vista religiosos, como lo han sostenido dos circuitos, o si las cortes deben considerar otras pruebas de que una ley no es neutral y de aplicación general, como lo han hecho seis circuitos;

2) Si debería revisarse Employment Division v. Smith;

 3) Si un gobierno viola la Primera Enmienda al condicionar la capacidad de participación en el sistema de cuidado de crianza a agencias religiosas y de estas tomar acción y hacer declaraciones que directamente contradicen de las creencias religiosas de las propias agencias.54

A continuación, se expondrán los enfoques de los argumentos orales de cada parte y, además, el enfoque de las preguntas de los juzgadores.

Los peticionarios demandantes se enfocan en que las cortes inferiores se equivocaron en un simple error, la aplicación de Smith.55 Arguyen que Smith no aplica cuando el gobierno usa un sistema de exenciones individualizadas, cuando hace otras excepciones que socavan sus reglas o cuando cambia las reglas para prohibir una práctica religiosa, algo que aplica al caso de autos.56

Por otro lado, los demandados se enfocan en la relación entre ambas entidades.[57]57 Aducen que los demandantes peticionarios son contratistas del gobierno, ya que están ejerciendo un poder gubernamental que se les fue delegado y que, a cambio, reciben dinero por ese servicio que prestan.58 Como cláusula universal en todos los contratos que se otorgan entre entidades privadas y públicas, se expone que no se permite la discriminación por razón de sexo y orientación sexual cuando se está ejerciendo ese poder delegado. 59 Esto es algo que no tiene excepciones.60 Además, argumentan que el Gobierno tiene amplios poderes para imponer condiciones a los contratistas como CSS, que desempeñan funciones gubernamentales. 61 En fin, concluyen que determinar que no son contratistas significaría que las entidades que operan de manera similar a la de los demandantes, recibiendo dinero público y ejerciendo poderes delegados del gobierno, podrían discriminar contra los niños LGBT o categóricamente contra los padres de crianza por género o religión.62

A continuación, se expondrán los enfoques de las preguntas por juzgador en el caso.

A. Hon. John Roberts

El Juez Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos asume una postura mayormente contractual gerencial.63 Es decir, se enfoca en realizar preguntas sobre cómo debería ser manejado el programa y si las soluciones están estipuladas en el contrato.64 En específico, cuestiona si la Ciudad debería ser la que regula por completo el programa debido a que es su propio programa.65 Además pregunta si hace alguna diferencia  para el análisis, que se trate simplemente de una regulación en el cual la Ciudad emite una regla que gobierna en todos los ámbitos para poder participar en el programa; o si se trata de una relación en la cual la Ciudad tiene la capacidad de hacer gestiones como una empresa. 66

B. Hon. Clarence Thomas

Al igual que el Juez Presidente, el Hon. Thomas toma una postura contractual. No obstante, se enfoca en dos aspectos diferentes al de Roberts: 67 el primero es el efecto de que la relación entre ambas entidades sea una de licencia o regulatoria. Es decir, qué impactos puede tener el acuerdo entre ambas, y si ese acuerdo se ve como una licencia o como una regulación. El segundo enfoque es sobre el efecto de que la entidad privada funcione sin fondos del gobierno. En especifico cuestiona si la parte demanda cambiaría su postura de que no puede discriminar el CSS por no recibir fondos gubernamentales.

C. Hon. Stephen Breyer

Hon. Breyer toma una postura más práctica sobre la controversia sobre la libertad de expresión. Éste pregunta a los demandantes por qué deben prevalecer bajo la libertad de expresión, si los demandados le han dado una opción a los demandantes de expresarse en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando provean los servicios para los que fueron contratados.68 Es decir, pregunta sobre cuál sería la objeción de los demandantes si los demandados le permiten expresarse de la forma que quieran, respecto a las personas del mismo sexo, cuando ellos le otorguen el servicio.

D. Hon. Samuel Alito

El Hon. Alito mostró una postura claramente a favor de los demandantes. Esto se evidencia cuando expresa que considera que la realidad del asunto no es que la Ciudad quiere asegurarles a las parejas del mismo sexo tener la oportunidad de ser padres de crianza, sino que la Ciudad no puede soportar el mensaje que CSS y la Arquidiócesis están enviando al seguir adhiriéndose a la visión anticuada sobre el matrimonio.69

E. Hon. Sonia Sotomayor

Como Thomas, la Hon. Sotomayor se enfoca en el aspecto de la relación entre ambas entidades. Específicamente se interesa en por qué, en este caso, los demandantes no se consideran como contratistas gubernamentales y piensan que les aplica una relación de licencias.70 Parece tomar la postura que la relación entre ambos es de contratistas y no de licencias.71 Además de lo anterior, se interesa sobre las distintas etapas en el proceso de adopción. Pues, la parte demandada alega que la parte demandante está creando confusión sobre las diferentes etapas en el proceso de adopción. Gracias a esto se aclara que la controversia del caso gira sobre el llamado pool stage en el cual se evalúa si ciertos adultos son elegibles para ser padres de crianza. 72

F. Hon. Elena Kagan

La Hon. Kagan toma el mismo enfoque que el Hon. Roberts. Es decir, se enfoca en la relación contractual y el gobierno en su capacidad de contratar.73 Para expresar su punto de vista, plantea una situación hipotética en la cual una cárcel establece que ningún empleado puede usar drogas, no obstante, un grupo pide que haya una excepción para que se pueda usar una droga en particular.74 Así le cuestiona por qué el gobierno como contratista no puede imponer criterios.

G. Hon. Neil Gorsuch

Este Juez se enfoca en el efecto de las disposiciones de la Ordenanza de prácticas justas incorporadas en el contrato. En específico, interroga sobre si las mismas se deben mirar contractualmente o como una regulación. Además de lo anterior se une el cuestionamiento plasmado por Sotomayor sobre las etapas en el proceso de adopción.

H. Hon. Brett Kavanaugh

El Hon. Kavanaugh parece enfocarse en si el Estado tiene un interés convincente en el caso, ya que indica que el derecho de las parejas del mismo sexo no se afecta. 75 Pues estas podrían ir a otras entidades a solicitar los servicios.76 Además, indica que la Ciudad está creando una controversia innecesaria ya que previo a los hechos de este caso ninguna pareja del mismo sexo había solicitado los servicios de CSS y esta entidad refería a estas parejas a otras agencias.77

I. Hon. Amy Coney Barrett

La recién nombrada Juez de la Corte Suprema Hon. Coney Barret, se enfoca particularmente en la segunda pregunta presentada al tribunal: si se debe revisar el estándar establecido en Smith.78 En especifico cuestionó a los demandantes respecto a por qué deberían dejarlo sin efecto.

Conclusión

No hay duda de que esta será una de las decisiones más importantes en las últimas décadas. Pues este caso presenta ciertas preguntas que al resolverse pueden impactar no solo la relación entre las entidades publicas y privadas, sino cómo estas se relacionan con los ciudadanos. Como cuestión de derecho constitucional, sin importar el bando político o creencia religiosa, exigir que las organizaciones religiosas estén exentas de los términos contractuales de su elección socavaría todas las contrataciones gubernamentales, ya que las exenciones podrían superar la regla. Cualquier proveedor que no buscara tales exenciones estaría en una desventaja competitiva significativa, y la gama de creencias religiosas sin duda se expandiría para adaptarse a las circunstancias económicas. Esto es precisamente lo que la separación de iglesia y Estado de la primera enmienda está diseñada para evitar. Está en juego la capacidad de nuestros gobiernos para gobernar. Los gobiernos, ya sean locales, estatales o federales, responden a sus ciudadanos y rinden cuentas a sus electorados. Los gobiernos deben poder perseguir sus propias políticas legítimas. Además, deben poder contratar proveedores privados para aplicar esas políticas legítimas.  Los gobiernos no pueden ser obligados a abandonar esas políticas porque una organización privada, con creencias religiosas genuinas, quiera que el Estado cambie o renuncie a esas políticas. La cláusula de libre ejercicio de la primera enmienda permite que todas las religiones ejerzan libremente sus creencias religiosas en su propia esfera. Sin embargo, esta no permite a contratistas privados exigirles a los gobiernos que adopten esas creencias o renuncien a los requisitos generalmente aplicables debido a creencias religiosas. Determinar algo contrario iría en contra de los valores de la democracia y el propósito por el cual el gobierno existe.

Quizás Fulton se decidirá de manera que evite algunas de estas preocupaciones. Tal vez en esta Corte recién figurada, prevalecerá un enfoque incremental más cauteloso; o tal vez una mayoría, posiblemente incluidos algunos de los jueces liberales, en conformarse con una decisión más limitada, centrada en la neutralidad y la aplicabilidad general, ya sea a la manera de Masterpiece Cakeshop o en un más favorecido enfoque nacional.79 Algo que parece poco probable, dado el desbalance actual en la composición de la Corte Suprema de Estados Unidos. No obstante, me parece que hay cierta ironía en que una persona que fungió como oficial jurídico del exjuez Antonin Scalia, quien escribió la opinión de la Corte en Smith, sea quien entierre una de las opiniones más importantes e influyentes bajo la primera enmienda de su mentor.


* Estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Redactor de In Rev.

  1. Employment Div. v. Smith, 494 U.S. 872, 879 (1990).
  2. Fulton v. City of Philadelphia, 320 F.Supp.3d 661 (E.D.Pa. 2018).
  3. Id. en las págs. 671-72.
  4. Id. en la pág 668.
  5. Id. en la pág. 669.
  6. Id.
  7. Id. en la pág. 670.
  8. Id.
  9. Id. (traducción suplida).
  10. Id. (traducción suplida).
  11. Id. en las págs. 670-71 (traducción suplida).
  12. Id. en la pág. 671.
  13. Id. (traducción suplida).
  14. Id. en la pág. 672.
  15. Id. en la pág. 673.
  16. Id. en la pág. 668.
  17. Id. en la pág. 674.
  18. Id.
  19. Id. en la pág. 677. Public accommodation es un lugar que ofrece bienes y servicios al público en general. Algunos ejemplos son: parques, cafeterías, escuelas, entre otros.
  20. Id. en la pág. 679.
  21. Id. en la pág. 695.
  22. Id. en la pág. 678.
  23. Id. en la pág. 679.
  24. Id. en la pág. 678.
  25. Id. en la pág. 690. Véase CONST. EE.UU. enm. I.
  26. Employment Div. v. Smith, 494 U.S. 872, 879 (1990).
  27. Fulton v. City of Philadelphia, 320 F.Supp.3d 661, 690 (E.D.Pa. 2018).
  28. Id. en las págs. 682-83.
  29. Id.
  30. Id. en la pág. 684.
  31. Id.
  32. Id. en la pág. 686.
  33. Id. en la pág. 691.
  34. Id. en la pág. 696 (traducción suplida).
  35. Id.
  36. Id. en las págs. 696-97.
  37. Id. en la pág. 691.
  38. Id.en la pág. 692 (traducción suplida).
  39. Id. en la pág. 695.
  40. Id.
  41. Id.
  42. Id.
  43. Fulton v. City of Philadelphia, 922 F.3d 140, 156 (3d. Cir. 2019).
  44. Id.
  45. Id. en las págs. 158-59.
  46. Id.
  47. Id. en la pág. 159.
  48. Id. en la pág. 165
  49. Id. (traducción suplida).
  50. Id. (traducción suplida).
  51. Id.
  52. Id.
  53. Fulton v. City of Philadelphia, 140 S.Ct. 1104 (2020), cert. granted, 206 L.Ed.2d 177, 20 Cal. Daily Op. Serv. 1378 (S.Ct. Feb. 24, 2020) (No. 19-123).  
  54. Petition for Writ of Certiorari for Defendant- Appellant, Fulton v. City of Philadelphia, 140 S. Ct. 1104 (2020)(No. 19-123), microformed  on Supreme Court of the United States Blog Proceedings and Orders (Supreme Court of the United States Blog Website) (traducción suplida).
  55. Transcripción de la Argumentación Oral en la pág. 4, Fulton v. City of Philadelphia (2020) (No. 19-123).
  56. Id.
  57. Id. en la pág. 57.
  58. Id.
  59. Id. en la pág. 58.
  60. Id.
  61. Id.
  62. Id. en la pág. 58-59.
  63. Id. en las págs. 7, 35, 59-60.
  64. Id.
  65. Id. en la pág. 6.
  66. Id. en la pág. 7.
  67. Id. en las pág. 8.
  68. Id. en las págs. 10-13.
  69. Id. en la pág. 69.
  70. Id. en las págs. 17-19.
  71. Id. en las págs. 18-19.
  72. Id. en la pág. 60.
  73. Id. en las págs. 21-23.
  74. Id.
  75. Id. en las págs. 27-28.
  76. Id.
  77. Id. en la pág. 81.
  78. Id. en las págs. 29-30.
  79. Masterpiece Cakeshop, Ltd. V. Colorado Civil Rights Com’n, 138 S.Ct. 1719 (2018).
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