RESEÑA

Por: Carlos J. Falcón Rivera*

La Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico llevó a cabo el pasado 26 de enero de 2020, la conferencia virtual: Retos de la Profesión Legal. La conferencia estuvo organizada en dos paneles. El primero de estos fue moderado por la redactora de In Rev, Melanie Rivera Ruiz, y el segundo por el Jefe de Actividades, Jean Paul Castro Lamberty.

El primer panel consistió en una conversación sobre la Situación de la educación legal, entre la Lcda. Vivian Neptune, Decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el Lcdo. Julio Fontanet, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y el Lcdo. Fernando Moreno, Decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

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El diálogo comenzó analizando los pasos que se están tomando para diversificar el estudiantado en las facultades de Derecho. La Lcda. Neptune enfatizó que la falta de diversidad está relacionada con la problemática de acceso a la educación legal y las jerarquías de poder y control, quienes establecen reglas que obstaculizan a los sectores marginados. Enfatiza el llamado a que se integren los sectores marginados al sistema educativo de Derecho para que se pueda insertar la diversidad en la profesión jurídica. Entiende que es menester tener en la profesión jurídica a personas que sean capacitadas con las destrezas jurídicas, pero más allá de eso, personas que posean la perspectiva de haber vivido las desigualdades y carencias que harán la diferencia a la hora de impartir la justicia.

“Hago un llamado continuo a que sigamos siendo una escuela accesible y que no se siga subiendo el costo a la educación porque vamos a traicionar nuestra misión. . . .”. Lcda. Neptune

El Lcdo. Julio Fontanet continuó el diálogo, brindando peso a la problemática del declive de la acción afirmativa en cuanto a la diversidad en las Facultades de Derecho y profesión jurídica. Entiende que, las Escuelas de Derecho deben tener como misión identificar los sectores marginados, fomentándolos a formar parte de la educación jurídica. Reconoce que el factor económico no debe ser una limitación para estudiar la profesión jurídica; se debe propiciar que los estudiantes no dependan de préstamos para poder estudiar.

“Hagamos accesible a personas que quizás piensan que estudiar derecho es para un sector, para personas que tiene unas opciones económicas. . . . [S]e debe hacer la acción afirmativa en ir a reclutar en escuela superior y decirle ‘tú puedes ser abogado’.”, expuso el Lcdo. Fontanet.

Por su parte el Lcdo. Fernando Moreno destacó que, en su Escuela de Derecho, con miras a fomentar y lograr un estudiantado diverso se realizan procesos administrativos enfocados en este fin. Se han creado procesos de entrevistas con miembros administrativos con el propósito de conocer el trasfondo de las personas que se admiten; logrando así admitir un estudiantado diverso. Critica que la fórmula numérica de admisión utilizando los exámenes de ingreso no es del todo efectiva al dejar atrás las historias y el bagaje personal del aspirante.

“En la medida que se pueda nos gusta brindarle la oportunidad a personas que sus vivencias los hacen candidatos idóneos”, expresó Moreno.

El segundo tema de discusión fue acerca de los métodos de evaluación tradicionales en contraste con métodos de evaluación mediante varios avalúos. La Lcda. Neptune expresó en su carácter personal, ejerciendo como profesora el curso de Evidencia, que ha optado por modificar el curso de varios métodos formativos y brindar nuevas técnicas para medir el conocimiento. Reconoció que el método socrático no está resultando eficiente en tiempos contemporáneos, lo cual se exacerbó con la pandemia. Destaca que proporcionalmente hay más profesores encaminados a que se emplee un mayor número de ejercicios evaluativos donde se pueda medir que el estudiante está internalizando el conocimiento sustantivo y las destrezas que se desean desarrollar.

El Lcdo. Julio Fontanet se expresó de acuerdo con la perspectiva de que debe ofrecerse un mayor número de trabajos formativos en un curso. Exhortó al sistema pedagógico jurídico destacando que, es imperativo el brindar en sus cursos avalúos, mid-terms, y simulaciones en cursos clínicos. Sostuvo el Lcdo. Fontanet que es imprescindible optar por varios métodos de evaluación en un curso, aunque incidan en métodos no tradicionales. Expresó que es una obligación de la administración que impartan estos métodos de evaluación formativa, lo que no incide con su libertad de cátedra, en tanto es su deber como profesores.

El Lcdo. Fernando Moreno argumentó que las escuelas están en el mejor punto desde la perspectiva pedagógica, dado que los profesores a razón de la pandemia se han visto obligados a dejar atrás los métodos de evaluación tradicionales. Comentó, además, que el sistema de enseñanza socrático se romantizó y ya no acapara las necesidades de enseñanza contemporáneas. El Lcdo. Moreno destacó haber establecido en su institución oficinas de avalúo a los profesores para promover la eficiencia en los métodos de evaluación. Expresó el Lcdo. Moreno haber notado un progreso en tanto la facultad se ha ido moviendo a dar varios trabajos de evaluación en vez de solo un examen.

La siguiente parte del primer panel fue dedicada a atender preguntas dirigidas a los profesionales jurídicos invitados para que nos expresaran su pensar.

En relación al nuevo Código Civil y su integración a la reválida, el Lcdo. Fontanet expresó que entiende imperativo el que la Escuelas ofrezcan talleres para preparar al estudiantado. Del mismo modo, sugirió que se brinden clases suplementarias gratuitas al estudiantado. De esta manera entiende que el estudiante puede hacer un contraste más efectivo entre los dos códigos civiles.

Los profesionales jurídicos se expresaron posteriormente con respecto al manejo de la pandemia en las diferentes instituciones jurídicas educativas. La Lcda. Neptune señaló que se encuentra atenta a las órdenes ejecutivas para implementar las condiciones y medidas con enfoques de conservar la salud de la facultad, administración y estudiantado. Expresó que la facultad y administración ha diseñado un plan para proveerle apoyo tecnológico al estudiantado, así como la creación de áreas designadas para estudios, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y distanciamiento. Sostuvo que es su meta que cuando se permita la reinserción a la Escuela de Derecho, vislumbra el poder impartir cursos híbridos, donde estudiantes vacunados puedan asistir al salón y los que prefieran estar a distancia puedan asistir a la clase a través de videoconferencia; en cumplimiento con todas las certificaciones de una educación idónea y de calidad.

El Lcdo. Moreno destacó que no vamos a volver a lo que conocíamos y hay ciertos programas que tendrán que cambiar para siempre. Es su entender que la ABA deberá reformar sus criterios en cuanto a la educación a distancia, y que esta será más aceptada en la educación contemporánea. Propuso que se debe evaluar del mismo modo cuáles son los términos por los que los estudiantes volverían a reinsertarse de manera presencial. Expresó favorecer el sistema híbrido, en tanto ayuda a estudiantes que carecen de ciertos recursos o se ven impedidos de estar presencial en un salón de clases.

El Lcdo. Fontanet señaló que es esencial la vacunación de todo el personal administrativo y el estudiantado antes de establecer una reinserción. Considera que deben atenderse las circunstancias individuales que afectan al estudiantado, profesores y todo personal administrativo. Entiende que la profesión jurídica se hizo para enseñarse presencialmente, y no abogaría por sustituir la presencialidad por la distancia.

Sobre lo que se debe mejorar en cuanto a la reválida, la Lcda. Neptune expresó la necesidad de realizar una reforma general. A diferencia de lo expresado por la Junta Examinadora, la Decana entiende que la razón de las bajas en los pases de reválida no son los estudiantes que se admiten. Denunció fuertemente que se responsabiliza a las instituciones educativas, pero no se evalúa el proceso de reválida. Propuso además que la Junta Examinadora, tal como hicieron las instituciones educativas, realicen un proceso de introspección para observar cómo puede mejorar y qué debería cambiar.  Sostuvo que no es idóneo ni eficiente el que se mida a un aspirante a la profesión jurídica a través de un examen mayormente basado en memorización excesiva que no mide las destrezas necesarias. Expresó que la Junta Examinadora tiene que mostrar transparencia en el proceso de elaboración y evaluación del examen, sobre todo en cuanto a los ejercicios de selección múltiple.

En torno al estándar 316 impuesto por la ABA y la reválida, el Lcdo. Fontanet expresó que no se puede medir a todas las instituciones educativas a través de diferentes estados bajo el mismo estándar, cuando el método de evaluación es distinto. Enfatizó que se une a las palabras de la Lcda. Neptune sobre la reválida, pues claramente existen problemas estructurales y de diseño con la misma. De igual modo, consideró que la falta de transparencia es un factor que degrada el proceso de admisión a la profesión. Sostuvo además que la baja tasa de pase podría responder a una intención de limitar el acceso de nuevos miembros a la abogacía.

“Si en una pregunta un porcentaje significativo de estudiantes la tiene buena, esa pregunta baja la puntuación que se le acredita, y se puede hasta eliminar . . . . [Mientras] esa pregunta que [muchos]estuvieron mal, esa sube el valor [de puntuación].”, indicó Fontanet.

El Lcdo. Moreno, a la interrogante de vislumbrar algún cambio en la reválida ante las nuevas exigencias de acreditación, expresó que es un cambio que debe ocurrir. Si se desea mantener una comunidad jurídica diversa es menester realizar el cambio, expresó el Lcdo. Moreno. Destacó que, de ocurrir una desacreditación de instituciones jurídicas, habría una problemática en cuanto a que una sola escuela de Derecho no supliría una comunidad jurídica diversa. Entendió prudente el que se revise el examen de reválida. Además, utilizando otras jurisdicciones como inspiración se podría mejorar el proceso de admisión. Reconoció un desbalance dentro de la profesión por la forma en que el Tribunal Supremo está tomando medidas con fines de regular la profesión.

“El Tribunal Supremo está diseñado para adjudicar controversias, no es un foro que está diseñado para gobernar una profesión”, sentenció el licenciado Fontanet.

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El segundo panel consistió en una conversación acerca de la Realidad laboral de la profesión legal, con la Lcda. Daisy Calcaño López, Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Lcda. Ataveyra Medina Hernández, CEO de la plataforma Microjuris, y el Lcdo. Alexiomar Rodríguez, CEO de Seed Law.

Los profesionales se expresaron en cuanto al porcentaje de aspirantes revalidados y la correlación con cuán preparados salen de las instituciones educativas los aspirantes a la profesión. Comenzó la Lcda. Calcaño expresando que es injusto que se culpe a las escuelas y los estudiantes cuando no se ha hecho un estudio científico de cuáles son los factores que afectan los resultados de la reválida. Hizo además un llamado para que se haga un estudio minucioso sobre la reválida, señalando que se debe buscar un consenso sobre el proceso de la revalida y su reforma.

“Y no debe pasar un día más de que las universidades de Derecho, las asociaciones, los colegios que agrupan a la comunidad jurídica nos sentemos a hablar sobre el buscar soluciones en lugar de culpables”, recalcó la licenciada Calcaño.

Por su parte, destacó la Lcda. Medina que se debe realizar una investigación sobre cuáles son los asuntos de política publica en torno a los entes de acreditación que se deben atemperar a las nuevas realidades; se debe buscar dónde está la problemática. Sostuvo que la diversificación en la formación académica de los estudiantes que ingresan a la escuela de Derecho evolucionó los parámetros establecidos por los estándares impuestos por los entes de acreditación.

El Lcdo. Rodríguez considera que la mayoría del estudiantado sale preparado de las instituciones académicas. Sin embargo, resaltó que las instituciones académicas carecen del ofrecimiento de educación en torno a cómo enfrentar las problemáticas de administrar una empresa. Se prepara al estudiantado para ejercer la parte legal de la práctica, saben identificar y aplicar el derecho, pero hay una laguna en conocer sobre cómo ser dueños de su propia empresa.

Abundó la Lcda. Medina sobre la importancia de reconocer que la clientela ha cambiado, en la medida en que están asumiendo un mayor control de sus casos legales. Señaló que ha observado cómo las personas recurren a un abogado cuando el asunto es especializado o el Tribunal es la última opción. Es su opinión que las instituciones educativas de Derecho tienen la necesidad de reformularse y repensarse para atender estas tendencias.

La Lcda. Calcaño reaccionó en apoyo a lo mencionado por sus compañeros, reconociendo que las instituciones educativas deben reformular su currículo y atender las problemáticas necesarias para sobrevivir en la labor contemporánea. Destacó que es un momento idóneo para cambiar la perspectiva de la composición de un abogado; se debe enseñar más sobre gerencia de comercio y herramientas de negocio.

La Lcda. Medina expresó que, en estos tiempos un profesional jurídico se vería beneficiado de poder llevar una práctica a nivel multi-jurisdiccional. Resaltó que se debe aprender en la medida que se va comercializando y globalizando el mercado, y que se observa una tendencia de bufetes que se están aliando a bufetes internacionales.

En cuanto al tema de la pandemia y la profesión, se expresaron los profesionales jurídicos en torno a sus observaciones. La Lcda. Calcaño señaló que han sido varios los abogados que no han podido adaptarse al cambio de depender tanto de lo tecnológico, optando por no continuar ejerciendo la abogacía. Se han detenido una gran cantidad de casos en varias ramas del Derecho. En comparación al evento del huracán María, destacó la Lcda. Calcaño que podía observar un optimismo, aunque en estos tiempos de pandemia la incertidumbre es devastadora.

En un aspecto más optimista, el Lcdo. Rodríguez expresó que la necesidad de reinventarse y explorar nuevas alternativas lo ayudó a proliferar mediante la creación de plataformas tecnológicas para brindar ayuda legal. Reconoció que la profesión de la abogacía se debe repensar y adaptarse a las nuevas demandas y obstáculos contemporáneos.

“Si ese es el valor que tú provees realmente estás secuestrando un proceso que el cliente no te necesita para eso, no añades valor. El abogado debe entrar a ayudar el cliente al añadirle valor a su trabajo”, añadió Rodríguez.

En el tema acerca de salarios profesionales, la Lcda. Medina expresó que la mayoría de los clientes son individuos o pequeñas corporaciones que han sido trastocados económicamente, lo que afecta el ingreso del abogado. Se unió a las palabras del Lcdo. Rodríguez y enfatizó que se debe repensar la profesión, y evaluar los espacios en donde un profesional realmente puede añadir valor laboral. Caracterizó que la clientela está cada vez más apoderada de sus causas y tienen cada vez más acceso a la información, por lo que no recurren de la misma manera a buscar ayuda legal. No obstante, señaló que la profesión jurídica se encuentra en una buena posición de reformularse en comparación a otras que realmente no tienen espacio de una manera tan ágil.

En reacción a lo anterior, la Lcda. Calcaño reconoció que las ganancias se han visto altamente reducidas. Destacó que varios abogados han tenido que incursionar en otras ramas del Derecho debido a que no les están llegando casos.

Los tres invitados compartieron el ideal de que se deben reevaluar las medidas para poder ejercer la profesión jurídica. Hubo un consenso en que es menester repensar el Código de Ética Profesional y atemperarlo a nuestra realidad.

Se discutió el tema sobre dónde se encuentra la mayor necesidad dentro del campo laboral jurídico. La Lcda. Medina ofreció las siguientes cifras sobre las tendencias laborales en profesionales jurídicos entre los veinticinco y treintainueve años; de acuerdo con su investigación:

“45% trabajando como “solo practitioner”, 29% bufetes/empresas privadas, 12.9% agencias gubernamentales, 5% instituciones educativas, y 4.5% sin fines de lucro”, presentó Medina.

Sostuvo que se debe fomentar el empresarismo en los nuevos integrantes en la profesión, y que tengan presente que existen muchas empresas privadas buscando profesionales legales con miras a recursos de investigación.

La Lcda. Calcaño destacó que ha surgido un alto incremento en cuanto a consultas sobre la implementación del nuevo Código Civil. Se ha disparado la labor notarial en cuanto a testamentos, por el cambio en la distribución de las instituciones testamentarias. De la misma manera expresó que el Derecho de Inmigración es un campo que está exigiendo mucha labor profesional.

El Lcdo. Rodríguez destacó que los campos donde ha observado un buen movimiento laboral son: patentes, contribuciones, inmigración, cannabis, y todo lo que incide en internet y nuevas tecnologías con énfasis en la privacidad.

Los invitados culminaron la conversación ofreciendo sus expresiones de apoyo para que un abogado o abogada principiante se enfrente a la profesión. La Lcda. Medina destacó los servicios que ofrece Microjuris como una herramienta educativa accesible que permite mantener siempre al tanto con los temas noveles del Derecho y el trabajo remoto, así como la educación jurídica continua. La Lcda. Calcaño informó que el Colegio de Abogados y Abogadas está proveyendo modelos, foros, instrucciones y detalles sobre los nuevos requisitos bajo el Código Civil de 2020. El abogado y la abogada de nuevo ingreso, así como aquella persona ajena al campo, encontrará apoyo y orientación con respecto a la materia de su interés. El Lcdo. Rodríguez resaltó varias plataformas de ayuda legal como Seed Law, directorio de abogados en línea, y estará trabajando con una plataforma que ayuda al abogado hispanoparlante a competir en el marco multi-jurisdiccional y quebrantar las barreras del idioma.


*Estudiante de tercer año y Editor Titular del Volumen XC de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.

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