COMENTARIO

Por: Iris Y. Rosario Nieves*

Introducción

En Pueblo v. Torres Irizarry,1 el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió la controversia en cuanto a si la norma esbozada en Pueblo v. Sánchez Valle,2 debía ser aplicada de manera retroactiva a un caso que, al momento de publicada dicha norma, no había advenido final y firme. Entre otras cosas, el máximo foro puertorriqueño concluyó, de manera general, que Sánchez Valle tiene efecto retroactivo en todo caso en el que no haya recaído sentencia firme.3

En ese sentido, es importante aclarar desde un principio que el tema sobre la aplicación de las normas constitucionales enunciadas jurisprudencialmente es altamente complejo. Esto es concecuencia precisamente del hecho de que las reglas para aplicar o no retroactivamente una nueva norma constitucional dependen (de acuerdo con lo ordenado en Teague v. Lane,4 y reiterado en Montgomery v. Lousiana)5 de si la norma constitucional anunciada es de naturaleza sustantiva, procesal medular,6 (watershed) o meramente procesalLa catalogación que se haga de la norma en cuestión tendrá como resultado, que la misma se aplique extensamente de forma retroactiva, aun a casos que ya hayan advenido finales y firmes o no. Es de esa forma que en algunas controversias el análisis de la retroactividad de una nueva norma jurisprudencial constitucional no puede prescindir de un análisis en el que se delimite previamente ante qué tipo de norma nos encontramos: sustantiva, procesal medular (watershed)o procesal. Si ese no fuese el caso, la norma enunciada en el 2012 por la Corte Suprema de Estados Unidos en Miller v. Alabama,7 (prohibición de cadenas perpetuas a menores de edad de forma automática en casos de asesinato)no hubiese podido ser aplicada retroactivamente en Montgomery v. Lousiana cinco décadas después de que la sentencia del peticionario adviniera final y firme.8

En el último análisis de término de Derecho Procesal Penal,9 el profesor Ernesto Chiesa Aponte discutió la norma pautada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Torres Irizarry. En resumen, de acuerdo con el criterio del Profesor, la decisión de Torres Irizarry es correcta, ya que lo que se enunció por primera vezen Sánchez Valle fue un derecho procesal constitucional”.10 La catalogación que se hace, sin embargo, de la norma enunciada en Sánchez Valle como una de carácter procesal es exclusivamente la opinión del Profesor. De hecho, es la misma opinión que se infiere de las expresiones del Profesor en su último libro sobre el procedimiento criminal en Puerto Rico,11 y en el análisis del término 2014-2015 sobre Derecho Procesal Penal.12

Debe advertirse que, distinto a lo sostenido por el profesor Chiesa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no catalogó la norma de Sánchez Valle en Torres Irizarry como una de naturaleza procesal. Lo que se indicó textualmente en esa opinión fue: “que la norma establecida en Pueblo v. Sánchez Valle[. . .] es de aplicación retroactiva cuando no hay una sentencia condenatoria final y firmedebido a que en el citado caso se pautó una norma jurisprudencial que proveyó una defensa de carácter constitucional a favor de un acusado”.13

Aclarar lo que antecede es meritorio no solo por lo que ya se manifestó (de la catalogación que se haga de las normas enunciadas jurisprudencialmente depende el alcance de su aplicación retroactiva) sino también porque en Torres Irizarry el Tribunal Supremo no se encontraba ante un caso que advino final y firme; previo a la enunciación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de la norma de Sánchez Valle.14 Por consiguiente, resultaba innecesario discutir ante qué tipo de norma se encontraban.

Si hasta el día de hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha catalogado la norma de Sánchez Valle como una norma constitucional de naturaleza sustantiva, procesal medular (watershed) o procesalentonces tampoco se sabe cuál es el alcance de la retroactividad de dicha norma. En ese sentido, y más allá del análisis del profesor Chiesa, la discusión en cuanto a la aplicación retroactiva de una norma constitucional enunciada jurisprudencialmente no se agota con la determinación de Griffith v. Kentucky.15

El objetivo de esta réplica es iniciar una discusión respetuosa que dé cuenta sobre el nivel de complejidad del tema de la retroactividad de las normas jurisprudenciales de carácter constitucional.

I. Discusión

Desde hace aproximadamente sesenta años, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha particularizado cada vez más las reglas sobre retroactividad de las normas constitucionales enunciadas jurisprudencialmente. En consecuencia, hacer un análisis concienzudo de la historia de dichas normas se impone como un ejercicio de rigor intelectual. Como se apuntará a continuación, cuando se debate la aplicación retroactiva de una norma jurisprudencial no puede prescindirse de la discusión de ciertos casos, sin cuyo análisis no podrá arribarse a una resolución adecuada.

Procede comenzar la discusión con Linkletter v. Walker.16 En este caso la Corte Suprema de Estados Unidos decidió si la norma sobre exclusión de evidencia ilegalmente admitida, según ordenada en Mapp v. Ohio,17 aplicaba retroactivamente a casos que fuesen finales y firmes. El Máximo Foro estadounidense resumió la controversia y manifestó:

Petitioner contends that our method of resolving those prior cases demonstrates that an absolute rule of retroaction prevails in the area of constitutional adjudication. However, we believe that the Constitution neither prohibits nor requires retrospective effect. As Justice Cardozo said, “We think the Federal Constitution has no voice upon the subject.”.18

Como consecuencia, se indicó que las siguientes pautas debían ser aplicadas cuando se pretendiese aplicar retroactivamente una nueva norma jurisprudencial de carácter constitucional a casos que hubiese advenido finales y firmes: “[1] la historia previa de la regla en cuestión; [2] su propósito y efecto; y [3] si la aplicación retroactiva va a adelantar o retrasar su operación”.19

Tras evaluar la solicitud del peticionario e indicar que “‘[e]l pasado no siempre puede ser borrado por una nueva declaración judicial’”,20 la Corte concluyó que la norma anunciada en Mapp solo tendría efecto prospectivo. Ello, tras tomar en cuenta las consecuencias que semejante decisión tendría en la administración de la justicia, puesto que deberían celebrarse nuevas vistas judiciales para evaluar si la evidencia había sido obtenida legalmente. 

De acuerdo a un excelente artículo publicado en el Journal of Constitutional Law de la Universidad de Pennsylvania, la norma de Linkletter desató las críticas académicas inmediatamente.21 Pese a las críticas, en Stovall v. Denno,22 se le solicitó al Supremo de Estados Unidos la aplicación retroactiva de las normas dictadas en United States v. Wade,23 y Gilbert v. California,24 (en cuanto al derecho a representación legal en las etapas investigativas). En ese entonces, el Tribunal determinó que ese tipo de normas aplicadas retroactivamente, independientemente de que los casos, no hubiesen advenido finales y firmes, tendrían un seriamente afectaría la administración de la justicia.25

Transcurridos varios años desde estas decisiones, la Corte Suprema de Estados Unidos, en United States v. Johnson,26 se enfrentó a una solicitud de aplicación retroactiva de la norma establecida en Payton v. New York,27 (en cuanto a la prohibición de registros domiciliarios seguidos de un arresto, sin orden y no consentidos). Allí reconoció que las normas sobre aplicación retroactiva eran confusas e implementó la propuesta del Juez Harlan en dos opiniones disidentes sobre este tema. De esa forma, concluyó que la norma de Paytondebía ser aplicada retroactivamente a casos que no hubiesen advenido finales y firmes.

Subsiguientemente, en Griffith v. Kentucky,28 el Foro estadounidense evaluó si la norma establecida en Batson v. Kentucky,29 (respecto a la necesidad de que el Ministerio Público fundamentara sus recusaciones perentorias cuando se establece un caso prima facie de discrimen racial) debía ser aplicada retroactivamente a controversias que no hubiesen advenido finales y firmes. La contestación fue en la afirmativa: “[a]new rule for the conduct of criminal prosecutions, such as the ruling in Batson, applies retroactively to all cases, state or federal, pending on direct review or not yet final”.30 Esto independientemente de que constituyeran o no un claro deslinde (clear break) entre la norma previa y la nueva.31

Como puede observarse, la Corte Suprema de los Estados Unidos modificó considerablemente las pautas sobre la aplicación retroactiva, de sus nuevas normas constitucionales, a casos que estuviesen pendiente de revisión. Así las cosas, la doctrina se fue liberalizando después de Griffith; cualquier nueva norma constitucional aplicaría a los casos que estuviesen pendientes de revisión. 

No obstante, el debate sobre la retroactividad de una norma jurisprudencial no se agotó con Griffith. Sino que se complejizó en Teague v. Lane,32 caso en el que la Corte indicó que las nuevas normas constitucionales dictadas jurisprudencialmente no deben aplicarse retroactivamente a casos en collateral review, salvo en dos excepciones:(1) “a new rule should be applied retroactively if it places ‘certain kinds of primary, private individual conduct beyond the power of the criminal law-making authority to proscribe’”,33 y (2) “a new rule should be applied retroactively if it requires the observance of ‘those procedures that . . . are implicit in the concept of ordered liberty’”.34

El alcance de la primera excepción señalada en Teague fue delimitada en el caso Schriro v. Summerlin,35 en cuyo contenido laCorte manifestó, que ese tipo de reglas, catalogadas como normas sustantivas, son aquellas que “situan a cierta clases de personas y tipos de conducta fuera del poder de castigo del estado”.36 Estas deben aplicarse retroactivamente, ya que “‘necesariamente acarrean un riesgo significativo de que el acusado sea declarado culpable de ‘un acto que la ley no criminaliza’ o que se enfrente a un castigo que ley no puede imponerle’.37

En el caso de la segunda excepción de Teague, se expresó que son watershed rules of criminal procedure aquellas normas que: (1) “alter our understanding of thebedrock procedural elements essential to the fairness of a proceeding’”;38 (2) “’without which the likelihood of an accurate conviction is seriously diminished’”.39 No obstante, las nuevas normas constitucionales enunciadas jurisprudencialmente que solo aplican a los casos que no hayan advenido finales y firmes son las que: 

[A]re designed to enhance the accuracy of a conviction or sentence by regulating “the manner of determining the defendant’s culpability.” Those rules “merely raise the possibility that someone convicted with use of the invalidated procedure might havebeen acquitted otherwise.” Even where procedural error has infected a trial, the resulting conviction or sentence may still be accurate; and, by extension, the defendant’s continued confinement may still be lawful.40

En resumen, después de Teague, las doctrinas jurisprudenciales que enuncian nuevas normas constitucionales se dividen en tres grupos: (1) de carácter sustantivo; (2) procesales medulares (watershed rules); y (3) meramente procesales. Así las cosas, si la norma es sustantiva o watershed, se aplicará a todos los casos, aunque hayan advenido finales y firmes. Si fuese meramente procesal, se aplicará a los que estén pendientes de revisión o no hayan advenido finales y firmes. El reto para un tribunal, por tanto, está en reconocer ante qué tipo de nueva norma enunciada se está, previo a determinar el alcance de su aplicación retroactiva.

Adviértase que en Montgomery la primera pregunta que se propuso contestar el Máximo Foro estadounidense estaba relacionada con la existencia o no de la jurisdicción para atender la petición que se le presentó, ya que la misma estaba vinculada a un procedimiento estatal de habeas. Como resultado de que ambas partes entendían que había jurisdicción para decidir si la norma de Montgomery era o no de naturaleza sustantiva, se le asignó a un amicus disertar en cuanto a ese tema.

El amicus sostuvo que les correspondía a los estados definir los principios aplicables sobre la retroactividad de las normas jurisprudenciales de carácter constitucional; por lo tanto, la decisión de la Corte Suprema de Luisiana de no corregir la sentencia de Montgomery (mediante la aplicación retroactiva de la decisión de Miller v. Alabama) no implicaba derecho federal alguno. La Corte, sin embargo, entendió que la posición del amicus descansaba en la idea de que los precedentes sobre retroactividad no son mandatos constitucionales y sostuvo que: “sin embargo, si la Constitución establece una regla y requiere que la regla tenga una aplicación retroactiva, entonces la negativa de un tribunal estatal de darle efecto retroactivo a la regla es revisable por esta Corte”.41 Aclarado lo anterior, la Corte procedió a reiterar la norma sobre retroactividad dispuesta en Teague v. Lane

Under Teague, a new constitutional rule of criminal procedure does not apply, as a general matter, to convictions that were final when the new rule was announced. Teague recognized, however, two categories of rules that are not subject to its general retroactivity bar. First, courts must give retroactive effect to new substantive rules of constitutional law . . . . Second, courts must give retroactive effect to new “‘watershed rules of criminal procedure’ implicating the fundamental fairness and accuracy of the criminal proceeding”.42

Para el amicus, sin embargo, la norma de Teaguese había esbozado en el contexto de un procedimiento federal de habeas; por lo que, no podía catalogarse como mandato constitucional. Como consecuencia, tampoco era de aplicación en un procedimiento estatal de revisión colateral como el presentado por Montgomery. El amicus añadió que, en Danforth v. Minnesota,43 la Corte no prohibió a los estados otorgar efecto retroactivo a cualquier conjunto de normas con mayor amplitud que lo que ordenó Teague. De dicha declaración se desprendía, según el amicus, que la decisión sobre darle efecto retroactivo a las normas constitucionales en el contexto de una revisión colateral era una prerrogativa de cada estado. 

Para la Corte, no obstante, el amicus “le da demasiada importancia a estas declaraciones”44 ya que ni en Teague ni en Danforth tuvo que atenderse la retroactividad de una norma de naturaleza sustantiva o watershed,45 y porque ambos fueron decididos en el contexto de un federal habeas proceeding. Así, el Máximo Foro aclaró que Danforth solo se limitó al tema sobre la prohibición de la retroactividad de Teague. Finalmente, dijeron que con Montgomery debía atenderse la pregunta que quedó inconclusa en Danforth. De esa forma, sostuvieron que: 

The Court now holds that when a new substantive rule of constitutional law controls the outcome of a case, the Constitution requires state collateral review courts to give retroactive effect to that rule. Teague’s conclusion establishing the retroactivity of new substantive rules is best understood as resting upon constitutional premises. That constitutional command is, like all federal law, binding on state courts.46

De la discusión reseñada anteriormente se desprende que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos enuncia una nueva norma de carácter constitucional, los estados vienen obligados a determinar, previo al alcance de la retroactividad, si la misma es de naturaleza procesal, sustantiva o procesal medular (watershed). Del resultado de ese ejercicio, podrá concluirse, de acuerdo con las excepciones de Teague, si la aplicación retroactiva de la norma alcanza a casos que ya advinieron finales y firmes. En esa encomienda, los estados están en la libertad de decidir si otorgar mayor amplitud retroactiva a una norma meramente procesal, por ejemplo; es decir, aplicarla a casos que ya hubiesen advenido finales y firmes. Esa libertad, sin embargo, no debe confundirse con el hecho de que cuando se está ante una norma de naturaleza sustantiva, la misma debe ser aplicada retroactivamente, puesto que los estados no tienen discreción para hacer lo contrario, aun en casos finales y firmes. 

Conclusión

Tal y como se observa, la catalogación que se haga de una nueva norma de carácter constitucional tiene una repercusión de alto nivel, ya que se determinará, como ocurrió en Montgomery, por ejemplo, si un ser humano debe continuar cumpliendo una pena que la Constitución de Estados Unidos prohíbe. En ese sentido, será tarea del Tribunal Supremo de Puerto Rico determinar si la norma de Sánchez Valle es de naturaleza sustantiva, procesal medular (watershed) o procesalDe hecho, es una controversia que, incluso podría ser atendida por la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

Como consecuencia, resultaba imprescindible presentar una perspectiva distinta a la articulada por el distinguido profesor Chiesa. Después de todo, tal y como se intentó demostrar en este escrito, su idea de que la norma de Sánchez Valle es de naturaleza procesal, es exclusivamente su opinión. El objetivo de esta réplica es enriquecer y diversificar con fundamentos serios, claro está, el debate jurídico, puesto que solo así el ordenamiento penal puertorriqueño podrá ser influenciado saludablemente por distintas voces.


* Asesora Legal de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico y Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Posee una especialización en Derecho Humanos y Estudios Críticos del Derecho (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2018), una maestría en Derecho Penal de la Universidad de Palermo, Argentina, y un J.D. y B.A. del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

  1. Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11 (2017).
  2. Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015).
  3. En este artículo no es mi interés resumir los hechos del caso; por lo que, creo pertinente redirigir al lector al contenido del análisis del término al que se reacciona, si es que se pretende leer un resumen detallado sobre los hechos en cuestión o al caso propiamente. Véase Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 88 REV. JUR. UPR 222 (2019) http://revistajuridica.uprrp.edu/wp-content/uploads/2019/03/Derecho-Procesal-Penal-.pdf.
  4. Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989).
  5. Montgomery v. Louisiana, 136 S. Ct. 718 (2016).
  6. Agradezco al Profesor Oscar Miranda Miller quien al leer este escrito sugirió que watershed fuera traducido como procesal medular.
  7. Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012).
  8. Montgomery, 136 S. Ct. en la pág. 723; Id.
  9. Véase Chiesa Aponte, supra nota 3.
  10. Id. en la pág. 233.
  11. Véase ERNESTO L. CHIESA APONTE, DERECHO PROCESAL PENAL: ETAPA ADJUDICATIVA (2019).
  12. Véase Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 85 REV. JUR. UPR 477 (2016).
  13. Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11, 14 (2017).
  14. Puerto Rico v. Sánchez Valle, 136 S. Ct. 1863.
  15. Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314 (1986).
  16. Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618 (1965).
  17. Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961).
  18. Linkletter, 381 U.S. en las págs. 628-29.
  19. Id. en la pág. 629 (traducción suplida).
  20. Id. en la pág. 636 (citando a Chicot Cty. Drainage Dist. v. Baxter StateBank, 308 U.S. 371 (1940)) (traducción suplida).
  21. Perry L. Moriearty, Miller v. Alabama and the Retroactivity of Proportionality Rules, 17 U. PA. J. CONST. L. 929, 959 (2015).
  22. Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967).
  23. United States v. Wade, 338 U.S. 218 (1967).
  24. Gilbert v. California, 388 U.S. 263 (1967).
  25. Stovall, 388 U.S. en la pág. 300.
  26. United States v. Johnson, 454 U.S. 814 (1981).
  27. Payton v. New York, 445 U.S. 573 (1980).
  28. Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314 (1987).
  29. Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79 (1986).
  30. Griffith, 479 U.S. en la pág. 314.
  31. “We therefore hold that a new rule for the conduct of criminal prosecutions is to be applied retroactively to all cases, state or federal, pending on direct review or not yet final, with no exception for cases in which the new rule constitutes a ‘clear break’ with the past”. Id.en la pág. 328.
  32. Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989).
  33. Id. en la pág. 307 (citando a Mackey v. United States, 401 U.S. 667, 692 (1971)).
  34. Id. (citando a Mackey, 401 U.S. en la pág. 693)).
  35. Schriro v. Summerlin, 542 U.S. 348 (2004).
  36. Moriearty, supra nota 21 en la pág. 964 (citando a Id. en la pág. 352).
  37. Id. (citando a Schriro, 542 U.S. en la pág. 349) (cita omitida) (traducción suplida).
  38. Id. en la pág. 985 n.325 (cita omitida).
  39. Id. en la pág. 965 (cita omitida).
  40. Montgomery v. Louisiana, 136 S. Ct. 718, 730 (2016) (énfasis suplido).
  41. Id. en la pág. 727 (citando a Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314, 328 (1986)) (traducción suplida).
  42. Id. en la pág. 728 (citando a Teague v. Lane, 489 U.S. 288, 312-13 (1989)).
  43. Danforth v. Minnesota, 552 U.S. 264 (2008).
  44. Montgomery, 136 S. Ct. en la pág. 728 (traducción suplida).
  45. Id. en las págs. 728-29.
  46. Id. en la pág. 729.
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