ARTÍCULO

Por: Anagabriela Esquerdo Pérez

Introducción

Para muchas personas, la habilidad de contraer matrimonio es algo que toman en vano y para otros, es el pilar que sella el amor incondicional que se tienen dos personas, independientemente de su orientación sexual. Amor es amor independientemente de la raza y la orientación sexual de la persona. En años recientes, se han utilizado las siglas LGBTQ+ para denominar de forma inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgéneros, o aquellos que tienen dudas acerca de su sexualidad y/o identidad de género. El símbolo “+” se utiliza para hacer referencia a que existen más letras que se incluyen dentro de estas siglas para identificar a la comunidad. La comunidad LGBTQ+ es una que se enfrenta a constantes ataques por parte de las mayorías, sin embargo, en la pasada década, los derechos de la comunidad han ido evolucionando. Desde abolir las leyes anti-sodomía hasta la más reciente victoria en cuanto al matrimonio para personas del mismo sexo. Este último derecho surgió en forma definitiva en el 2015, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera el caso de Obergefell v. Hodges. Con este caso, la corte decidió que las personas de mismo sexo tenían derecho a contraer matrimonio y gozar de los beneficios que las parejas heterosexuales obtienen al estar casados.1 Muchos pensaron, en aquel entonces, que la lucha en cuanto a este aspecto había llegado a su fin y su derecho al matrimonio era definitivo. Pero, si el amor es amor, ¿por qué algunos tipos de amor se les continúa intentando tratar distinto a otros? ¿Por qué los estados insisten en obstaculizar el derecho fundamental que es el matrimonio y decidir quiénes si y quienes no pueden contraerlo? A partir del 2015, dicho derecho se ha enfrentado a múltiples ataques, algunos de los cuales han llegado a la Corte Suprema para ser decididos y el tribunal ha recalcado la inconstitucionalidad de los estatutos o de las distintas problemáticas que se han presentado. Distintos estados conservadores continúan intentando establecer un matrimonio de segunda clase para las parejas del mismo sexo, reconociendo su derecho a contraer matrimonio, pero limitando el espectro de beneficios que se le otorgan a las parejas al casarse. En este escrito, se analizarán las distintas políticas y leyes que varios estados han intentado aprobar para disminuir el derecho al matrimonio de la misma forma como ha ocurrido con el derecho al aborto. Se comenzará con una mirada a como se ha definido el matrimonio en distintas esferas. Y se hará un recuento de los múltiples intentos que se han realizado para destruir lo decidido en Obergefell. When all Americans are treated as equal, no matter who they are or whom they love, we are all more free.2

I. Matrimonio

El matrimonio se conoce comúnmente como la unión legal de dos personas luego de obtener una licencia de matrimonio de su estado y formar parte de una ceremonia. Según el United States Code, “‘marriage’ means only a legal union between one man and one woman as husband and wife, and the word “spouse” refers only to a person of the opposite sex who is a husband or a wife”.3 Sin embargo, esta definición fue declarada inconstitucional a partir de U.S. v. Windsor, en el 2013.4 Por esta razón, actualmente existe legislación presentada en enero de 2017 para remplazar las palabras wives y husbands de las leyes federales y remplazarlas por spouses para servir un propósito más inclusivo.5 Dentro de esta misma legislación, se pretende enmendar todas las secciones de leyes federales en donde se hace referencia a parejas heterosexuales, en forma de esposo y esposa y remplazarlas por términos como spouse y married couple.6 El nombre oficial que se le dio a dicha ley es el Amend the Code for Marriage Equality Act of 2017, dicha legislación no ha sido convertida en ley todavía, pero de lograrlo sería un paso sumamente importante en la ruta hacia la equidad.7

El contraer matrimonio trae consigo una serie de beneficios y derechos. Estos varían desde exenciones contributivas y beneficios de herencia, hasta pensión alimenticia en caso de un divorcio, entre otros. Los derechos y beneficios que se otorgan al contraer matrimonio caen dentro de unas categorías específicas que son: impuestos, al llenar planillas con tu pareja; derechos de herencia; beneficios del gobierno como seguro social, Medicare y discapacidad para la pareja; beneficios en el empleo como plan médico a través del empleador de tu pareja y el derecho a tomar una licencia médica para cuidar a tu pareja en caso de enfermedad; te otorga el derecho para tomar decisiones médicas en caso de que tu pareja quede incapacitada; división equitativa de bienes en casos de divorcio y beneficios en cuanto a seguros médicos, de auto y del hogar, entre otros.8

Antes de Obergefell, parejas del mismo sexo podían entrar en uniones civiles, las cuales eran ofrecidas a nivel estatal, por lo tanto, los derechos que se les brindaba a estas parejas eran limitados a aquellos que les otorgaba el estado.9 Esto se diferencia del matrimonio, ya que este está reconocido a nivel federal, por lo tanto, bajo el mismo, se debe reconocer en todos los estados por igual. En muchos estados, las uniones civiles fueron reconocidas para personas del mismo sexo antes de la legalización federal del matrimonio.10 Previo al 2013, cuando se decidió U.S. v. Windsor, el matrimonio estaba definido bajo el estatuto federal para la Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), como aquella unión entre un hombre y una mujer como esposo y esposa.11 La política pública favorece la institución del matrimonio y reconoce la importancia del matrimonio como una institución social.12 Esta política existe en cuanto al interés de proteger la institución del matrimonio y hacerlo permanente, para evitar una posible separación. Se busca mantener matrimonios que no sean incestuosos, poliamorosos, o en contra de la buena moral.13 La buena moral podría resultar relativa, considerando que muchos de los argumentos morales se basan en religión. Esto significa que están en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo, pudiéndose entonces argumentar que los matrimonios entre personas del mismo sexo son en contra de la buena moral y por lo tanto deberían ser invalidados. Para los que defienden los anteriores argumentos, el matrimonio salvaguarda el bienestar de los hijos y de las familias.14 Por otro lado, la cláusula de igual protección de las leyes puede ayudar a identificar y corregir todas las desigualdades que se presentan dentro de la definición de matrimonio.15

El derecho al matrimonio se ha reconocido como un derecho fundamental tanto por la Constitución federal como por las de los estados.16 Es un derecho básico para la existencia humana y su supervivencia, así también, forma parte del derecho a la privacidad.17 La ley reconoce el matrimonio como un contrato, reconocido entre tres personas, los cónyuges y el Estado, al cual entraron dos personas libre y voluntariamente, jurando cumplir con sus deberes.18 El Código Civil de Puerto Rico define el matrimonio como “una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obligan mutuamente a ser esposo y esposa, y a cumplir el uno para con el otro los deberes que la ley les impone.”19 Sin embargo, aun cuando en el Código Civil esta descrito como la unión entre hombre y mujer, a partir de lo decidido en Obergefell, esta descripción quedó ignorada, pues ya se permiten matrimonios entre personas del mismo sexo.

Como hemos podido ver, la definición de matrimonio sufrió su mayor evolución luego de la decisión de Obergefell en el 2015, de ser definido como una unión entre hombre y mujer, pasó a ser reconocido como una unión entre dos personas, independientemente de su sexo.

II. El intento por destruir Obergefell

Han transcurrido cuatro años desde la decisión de Obergefell y aún hay estados que continúan intentando retar el precedente. Desde legislaciones minimizando los beneficios que se les ofrece a las parejas homosexuales, hasta ciudadanos retando decisiones que extienden dichos beneficios a las parejas del mismo sexo. A pesar de que los tribunales se han encargado de recalcar la inconstitucionalidad de dichos estatutos, la lucha por parte de la oposición continua y al parecer se ha estado intentando crear un matrimonio de segunda clase para las parejas de la comunidad LGBTQ+.  Dicha segunda clase significa que los estados reconocen su derecho a contraer matrimonio, sin embargo, no le extienden los beneficios que con ello trae el casamiento, fomentando nuevamente una desigualdad entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales. Básicamente les conceden la licencia de matrimonio, pero esta no significa lo mismo que para una pareja heterosexual. Actualmente, la base de algunos de los argumentos para deshacer dicho derecho se encuentra en la libertad religiosa, lo que crea un choque entre dos derechos fundamentales. Poco después de decidirse Obergefell en el estado de Alabama, el juez presidentele ordenó a los oficiales locales negarle las licencias de matrimonio a parejas homosexuales.20 En su carta, le ordenaba a los jueces a seguir las leyes estatales en lugar de seguir el precedente de un juez federal; decía que aquellos que violaran su orden serían sancionados por el alcalde de la ciudad y dijo: “Effective immediately, no probate judge of the state of Alabama nor any agent or employee of any Alabama Probate Judge shall issue or recognize a marriage license that is inconsistent”.21 A continuación, se describirán una serie de intentos que han surgido por parte de distintos estados para limitar el derecho al matrimonio de parejas homosexuales.

A. Jurisprudencia retando Obergefell

En primer lugar, tenemos el caso Pavan v. Smith, el cual decide que una ley que excluye a parejas homosexuales de registrar sus nombres en el certificado de nacimiento de su hijo viola el debido proceso de ley y la igual protección que concedió Obergefell.22 Leigh y Jana Jacobs, contrajeron matrimonio en Iowa en 2010, por otro lado, Terrah y Marisa Pavan, contrajeron matrimonio en New Hampshire en 2011.23 Leigh y Terra dieron a luz en Arkansas en 2015 y cada pareja completó los requisitos para los certificados de nacimiento de sus recién nacidos, donde nombraban a sus respectivas esposas (Jana y Marisa), como madres.24El Departamento de Salud de Arkansas expidió un certificado en el que se indicaba solamente el nombre de la madre que dio a luz, no el de la segunda madre.25 Las Jacobs y las Pavans presentaron una demanda contra el estado de Arkansas y contra el director del Departamento de Salud con la intención de que se declarara la ley de los certificados de nacimiento como inconstitucional.26 La Corte de Distrito dio ha lugar, argumentando que era inconsistente con Obergefell, mientras que la Corte Suprema de Arkansas revocó.27 Una vez en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se decide bajo per curiam que una  regla estatal que requiere que el certificado de nacimiento se inscriba al padre no biológico estando este casado con la madre biológica, pero no permite a parejas de mismo sexo a estar inscritos como padres, constituye una discriminación inconstitucional que por lo tanto viola Obergefell.28 El Tribunal Supremo argumentó que el estatuto de Arkansas violaba los derechos de las parejas homosexuales y los coartaba de su derecho a ser inscritos como padres de sus hijos, lo cual creaba un sinnúmero de consecuencias que podrían afectar significativamente la capacidad de ser padres y de poder participar en transacciones que involucraran demostrar el parentesco.29 A pesar de que dicha decisión fue en junio del 2017, le tomó unos seis meses a Arkansas cumplir con la orden.30

Por otro lado, tenemos el caso de Pidgeon v. Turner, en este el procurador de la ciudad de Houston aconsejó a la alcaldesa de la ciudad a que extendiera los beneficios de empleados a las parejas de aquellos empleados homosexuales que estaban casados legalmente en otros estados, de la misma forma que se extendían a parejas heterosexuales.31 El procurador entendía que rechazar estos beneficios sería inconstitucional. Un mes luego de que se extendieran los beneficios a las parejas del mismo sexo, Jack Pidgeon y Larry Hicks presentaron una demanda en contra de la ciudad y de la alcaldesa en la que retaban su determinación 32 Alegaban que eran contribuyentes y que la ciudad estaba gastando fondos públicos en actividades ilegales y que la directriz de la alcaldesa violaba DOMA.33 La Corte de Distrito le prohibió a la alcaldesa desembolsar los fondos. Mientras el caso estaba en espera en la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió Obergefell. Con esto la Corte de Apelaciones revocó y devolvió a la Corte de Distrito para que continuara con los procedimientos a partir de lo resuelto en Obergefell.34

Algunos estados han intentado negar el reconocimiento del parentesco a parejas homosexuales luego de un divorcio, cuando el niño(a) fue concebido mediante inseminación artificial. En estos casos, el estado argumenta que el padre no biológico, no es el padre.35 La Corte Suprema de Mississippi en abril de 2018 consideró el caso de un niño de siete años que fue concebido usando un donador de esperma anónimo y nació en una familia de dos mujeres que estaban casadas y luego se habían divorciado.36 La Corte de Distrito se rehusó a extenderle derechos de parentesco a la madre no biológica, argumentando que los derechos de filiación por parte del donador anónimo debían ser terminados para poder extendérselos a la madre no biológica, aún cuando la corte reconoció que el donador “would never be known.”37 Luego la Corte Suprema de Mississippi rechazó este argumento y afirmó que la madre no biológica sí tenía derechos de filiación.38

B. Acciones legislativas por parte de distintos estados

En octubre del 2017, se divulgaron unas guías federales que extendían a los empleados, basándose en el argumento de libertad religiosa, la oportunidad de, si así lo quisieran, rechazar el procesar el Seguro Social para un bebé nacido de una pareja homosexual.39 A pesar de las leyes y políticas claras recalcando la equidad, bajo estas nuevas guías, los empleados podrían simplemente rehusarse a actuar, dejando entonces a las parejas y a la comunidad LGBTQ+  sin esta protección, dependiendo de aquellos empleados que sí quieran proveerles los servicios que necesitan. De igual forma, se presentó en el Congreso un proyecto de ley que permitiría a personas y a entidades sin fines de lucro discriminar en contra de sus empleados y clientes, pero solo si esa discriminación era basada en una creencia endosada federalmente acerca del matrimonio y las relaciones sexuales, incluyendo aquellas que consideran las relaciones entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio como algo inmoral.40

Otra forma en que intentan desmantelar el derecho al matrimonio es coartándoles el derecho a formar una familia. Al día de hoy, ocho estados han pasado legislación para permitir que agencias de adopción de niños, financiadas por el dinero de contribuyentes, puedan discriminar en contra de parejas homosexuales al momento de estas llegar en busca de la oportunidad para adoptar.41 En el 2017, Dakota del Sur aprobó una ley que le permitía a las agencias que reciben fondos del estado a rehusarse a servir o ubicar a un niño con alguna pareja si al hacerlo esta en conflicto con sus creencias religiosas.42 De igual forma, Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado y Carolina del Sur aprobaron legislaciones similares que permiten el discrimen y que faculta que se rehúsen a ubicar niños en hogares de familias que no cumplen con sus creencias religiosas y morales.43 Similarmente, se presentó un proyecto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que permitiría que:

[A] child welfare provider [may]deny services to families or youth in its care on the basis of a moral or religious belief. This bill also states that if a state took action against such an agency to enforce the state’s own nondiscrimination laws or policies, the state would have its federal funding cut.44

En el estado de Alabama, se aprobó el Alabama Child Placing Agency Inclusion Act, el cual le prohíbe al estado tomar acciones en contra de agencias de adopción privadas bajo el pretexto de que el proveedor de dicho servicio se rehúsa a ubicar a un menor en hogares que según ellos están en conflicto con sus religiones.45 Dicha Ley no aplica a agencias de adopción que recibe fondos federales y/o estatales. Esta Ley fue aprobada el 3 de mayo de 2017, y similar a esta hemos observado que se han presentado y aprobado muchas otras más en el país.

Más aún, varios estados le han permitido a su personal de gobierno restringir los derechos de las parejas homosexuales al rehusarse a expedirles licencias de matrimonio46 Carolina del Norte aprobó una ley permitiéndole al magistrado a declinar a casar parejas con quien no estuviera de acuerdo, siempre y cuando se desvincularan de realizar matrimonios; Mississippi tiene una ley similar.47 En 2018 el Departamento de Salud y Servicios Humanos propuso una regla en la que le permitiría a los proveedores de servicios de salud la oportunidad de escoger cuáles procedimientos realizarían y a cuál pacientes servirían, basado en sus creencias religiosas, lo cual podría hacer posible que médicos se rehusaran a tratar a pacientes por su orientación sexual o incluso a sus hijos por tener una pareja homosexual o de la comunidad LGBTQ+ como padres.48

Aunque todavía el derecho al matrimonio para parejas homosexuales sigue vigente, puede pronto verse en aprietos. Desmantelar este derecho podría lograrse en dos pasos. El primer paso sería, debilitar las protecciones al matrimonio. Como ya se ha mencionado, Arkansas y Texas han sido de los primeros estados en llevar casos ante el Tribunal Supremo para retar estatutos y disminuir los derechos concedidos a las parejas homosexuales. En el caso de Arkansas, la Corte había dicho que las parejas heterosexuales podrían ser automáticamente registradas como padres de un hijo, aún no estando biológicamente relacionado uno de ellos y que las parejas homosexuales no podrían hacerlo. Esto ya no encara un pretexto de separate but equal, es un argumento explícito de separados y desiguales para las parejas homosexuales.49[1] El segundo caso, el de Texas, el grupo reclamante pretendía tratar a las parejas homosexuales como si no estuvieran casadas.  En dicho estado también se presentó un proyecto en el Senado, el proyecto de ley S.B. 89, el cual expresaba que la Constitución de Texas, la cual prohíbe el matrimonio homosexual, va por encima de la Constitución de Estados Unidos, por lo tanto, el estado no debe dar licencias de matrimonio a parejas homosexuales.50[2] Dicho proyecto, ha quedado referido a la oficina de asuntos estatales desde enero de 2017.

El segundo paso sería que los que se oponen a la igualdad matrimonial presenten distintas controversias constitucionales en distintos estados. No debe ser sorpresa que distintas posiciones de poder están a cargo de personas que están en completa oposición al matrimonio igualitario. Por lo tanto, este último paso significa que, se crearían distintos pleitos retando las legislaciones inconstitucionales, se llevarían hasta el Tribunal Supremo y, considerando el cambio en la composición del Tribunal luego del retiro del juez Kennedy, se revoque el derecho que se había concedido. Claro, esto sería más bien un paso largo, que conllevaría años de distintos pleitos en el Tribunal Supremo. Un derecho que se concedió hace poco no será revocado tan rápido, simplemente desgastarían su esencia hasta que ya no quede nada y no haya más remedio que revocarlo.

Otro esfuerzo para degradar el derecho al matrimonio lo es el First Amendment Defense Act (en adelante “FADA”), dicha legislación abriría la puerta a la discriminación por parte de los estados.51 En su faz, le prohibiría al gobierno federal discriminar en contra de alguien basado en sus creencias acerca del matrimonio, incluyendo, como mencioné anteriormente, las relaciones sexuales fuera del matrimonio.52 Pero, en realidad, más que esto, debilitaría la habilidad del gobierno para imponer las protecciones que existen para las familias.53 Basándose en el FADA, individuos, comercios, organizaciones sin fines de lucro, incluso aquellas usando dinero de los contribuyentes y contratos federales, podrían abiertamente discriminar, violar políticas de no discriminación e incluso rehusarse a servir a parejas homosexuales, siempre y cuando sea justificado con sus creencias religiosas.54 FADA significaría un retroceso a las protecciones que con tanto esfuerzo ha conseguido la comunidad LGBTQ+ y sus familias.

El Violence Against Women Act (en adelante, “VAWA”) provee protecciones explícitas en contra de la discriminación hacia los beneficiarios LGBTQ+, sin embargo, bajo FADA, un refugio de emergencia recibiendo fondos de VAWA podría rechazar a alguien que se encuentra en un matrimonio homosexual, basándose en sus creencias religiosas.55 La orden ejecutiva 13,672, que prohíbe a negocios que reciben contratos federales discriminar en contra de sus empleados LGBTQ+ podría bajo FADA limitar las protecciones a dichos empleados si justifican su discrimen en creencias religiosas.56 Lo mismo ocurriría con el Department of Housing and Urban Development (HUD). Estecuenta con unas guías para refugios que contienen la directriz de no discriminar en contra de parejas homosexuales casadas. Utilizando sus creencias religiosas y citando FADA, estas agencias podrían negarles refugio o hogares a parejas homosexuales y dejarlas en la calle cuando más lo necesiten.57 Esto es una navaja de doble filo, porque no hay forma de verdaderamente confirmar dichas creencias y averiguar si sus convicciones religiosas son ciertas o un mero capricho para discriminar contra toda una comunidad por sus propios prejuicios. FADA fue presentado en el Senado federal por el senador Mike Lee por primera vez en junio de 2015, quedó en nada y nuevamente fue presentando el 8 de marzo de 2018.  Esto significa que es una medida sumamente reciente y aunque no ha surgido ningún movimiento por parte del Senado, nos hace recordar que hay quienes siguen introduciendo medidas que buscan discriminar en contra de toda una comunidad.

Poco después de la decisión de Obergefell, ante la Cámara de Representantes, el representante de Iowa, Mr. King se dirigió ante el Congreso y declaró que:

There is no right in the Constitution for a same-sex marriage. There is no reference in there at all. There is not one single Founding Father who would have ever accepted an idea that they had founded a nation that embodied within our Declaration or our ratified Constitution or the subsequent amendments that there was some right, let alone a command, to a same-sex marriage. That is a completely manufactured—not just a right but a command—by the Supreme Court of the United States.58

Esto nos da una mirada hacia el pensamiento de quienes rigen y toman decisiones sobre el país. De igual forma, luego de la decisión de Obergefell, la Cámara de Representantes presentó una resolución en la cual se declaraban en contra de la opinión mayoritaria.59 En dicha resolución expresaban que estaban de acuerdo con las opiniones disidentes, que mantenían que el matrimonio es uno entre una mujer y un hombre y que se debía mantener el significado original de la enmienda decimocuarta. A su vez, declararon que la opinión mayoritaria de Obergefell distorsionaba la definición de matrimonio.60 Añadieron que los estados pueden rehusarse a ser obligados por Obergefell. Es decir, que no están obligados a extender licencias de matrimonio a parejas homosexuales ni a reconocer matrimonios homosexuales realizados en otros estados y por último expresaron que individuos, negocios, iglesias, grupos religiosos y otras organizaciones basadas en la fe, están protegidos para ejercitar su fe sin miedo a interferencia legal por parte del gobierno. 61

Distintos estados han propuesto legislación para minimizar el derecho al matrimonio y la mayoría de estos basan su legislación en el ejercicio de la libertad religiosa.62 Dentro de algunos de estos ejemplos tenemos legislación presentada en Iowa, bajo el proyecto de ley S.F. 2154, presentado el pasado febrero de 2018. El proyecto se legislaría para que los ciudadanos de Iowa tengan libertad religiosa y que las cortes apliquen escrutinio estricto en los casos que se cuestione y se atente en contra de la libertad religiosa de una persona.63 Un proyecto de ley parecido, titulado Freedom of Conscience Protection Act, fue introducido en Virginia, en enero de 2018, bajo el llamado S.B. 93. El propósito de este proyecto era asegurar que se aplicara el escrutinio estricto en los casos donde se reclama el ejercicio de libertad religiosa, aquí se expresa que “[s]tate action may not burden a person’s right to exercise of religion, even if the burden results from a rule of general applicability. . . .”64 Dichas legislaciones podrían significar una amenaza para los matrimonios homosexuales y la comunidad en general, ya que, usando como  justificación la libertad religiosa, se podría discriminar y rehusar a expedir licencias de matrimonio, entre muchas otras cosas, aún cuando el precedente lo exige.

En el estado de Kentucky, similarmente, se presentó legislación para proteger organizaciones religiosas, restringir al gobierno de tomar acciones discriminatorias y permitir a personas levantar reclamos en contra del gobierno por alguna acción discriminatoria.65 En la sección 3 de dicho proyecto de ley se aclara la definición de creencias religiosas como:

The sincerely held religious beliefs or moral convictions protected by Sections 1 to 6 of this Act are the belief or convictions:

(1)Regarding the sex of the two (2) individuals who may enter into a marriage; and

(2)That male and man or female and woman refer to an individual’s immutable biological sex as objectively determined by anatomy and genetics by or at the time of birth.66

En cuanto a matrimonios en específico, expresa que el gobierno estatal:

[S]hall not take any discriminatory action against a religious organization wholly or partially on the basis that the organization: Solemnizes or declines to solemnize any marriage, or provides or declines to provide services, accommodations, facilities, goods, or privileges for a purpose related to the solemnization, formation, celebration, or recognition of any marriage, based upon or in a manner consistent with a sincerely held religious belief or moral conviction described in Section 3 of this Act. . . .67

Este proyecto de ley fue presentado en febrero de 2018 y al momento se encuentra en el senado de Kentucky. En el estado de Oklahoma, también se presentó un proyecto titulado Freedom of Conscience, que al igual que los anteriores, se expresa en contra de la discriminación basada en creencias religiosas.68 Este proyecto de ley fue presentad0 en el Senado en febrero de 2018 y solo pasó a segunda lectura. En la sección 2 se declara que se pretende proteger las convicciones religiosas acerca del matrimonio, específicamente el que este debe ser entre un hombre y una mujer.69 Al igual que el proyecto de ley de Kentucky, se dice que el gobierno no puede tomar acciones discriminatorias en contra de organizaciones religiosas basando su negativa en reconocer o realizar matrimonios con los que no están de acuerdo. En los estados de Missouri y New Jersey, se presentaron proyectos de ley los cuales permitirían a personas autorizadas para formalizar matrimonios, rehusarse a formalizar aquellos que fueran contrarios a sus creencias religiosas o convicciones morales.70 Por otro lado, en el estado de Wisconsin, se presentó un proyecto de ley para reconocer el matrimonio homosexual y enmendar los estatutos para incluir un lenguaje neutral, siguiendo lo resuelto en Obergefell.71 También se buscaba reconocer el parentesco de las parejas homosexuales bajo ciertas circunstancias 72. Sin embargo, el Senado votó en contra de éste. En Colorado, también se intentó pasar un proyecto de ley llamado el Live and Let Live Act, el cual buscaba proteger instituciones religiosas y era muy parecido a los que se han presentado en los otros estados.73 En Tennessee, se presentó un proyecto similar en el Senado. El proyecto buscaba defender el matrimonio tradicional y declarar que fuera entre un hombre y una mujer, sin importar lo establecido por el Tribunal Supremo. Este proyecto fue presentado en febrero de 2017 y al día de hoy no ha surgido más movimiento al respecto.74 En Ohio, similar a lo ocurrido en Missouri y New Jersey, se presentó un proyecto que pretende permitir a un ministro o sociedad religiosa rehusarse a formalizar matrimonios homosexuales. El proyecto añade que estos pueden negarse a prestar sus edificios y propiedades para oficializar matrimonios de personas homosexuales.75 Este proyecto fue presentado en la Cámara en febrero 2017 y en julio 2018 pasó al Senado y se espera que continúe su curso.

C. En Puerto Rico

En el caso de Puerto Rico, el matrimonio de personas del mismo sexo está reconocido.  No han surgido medidas tan drásticas como ha ocurrido en los Estados Unidos. Aunque recientemente se presentó un proyecto de libertad religiosa, este se enfrentó a un veto expreso por parte del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.76 Luego de decidido Obergefell, se intentó cuestionar la aplicabilidad del caso a Puerto Rico, basándose en que no se incluyó la cláusula de igual protección de las leyes para justificar la decisión, sin embargo, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito entendió que sí aplicaba a Puerto Rico y ese fue el fin del asunto. Lo último que ha surgido en cuanto a la definición del matrimonio fue cuando surgió el rumor de que el nuevo Código Civil no incluiría a parejas del mismo sexo bajo la definición de matrimonio. Sin embargo, el proyecto radicado expresa que el matrimonio “es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos personas se obligan mutuamente a ser cónyuges, y a cumplir el uno para con el otro los deberes que la ley les impone”.77 Con la aprobación de este nuevo Código, quedaría atrás la noción arcaica de que el matrimonio es aquel exclusivo entre un hombre y una mujer y quedaría establecido por ley el matrimonio igualitario.

Conclusión

Desde que surgió el primer caso retando las leyes anti-sodomía y las prohibiciones del matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta el último y más importante caso, han transcurrido unos cuarenta años. En los tres años desde que el matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado, surgieron medidas para desmantelarlo, pero el Tribunal Supremo se ha mantenido firme en dos aspectos: proteger este derecho que se le extendió a la comunidad y declarar la inconstitucionalidad de prohibir dicho matrimonio. A pesar de que distintos estados continúan intentando volver a prohibir el matrimonio igualitario, no se ha logrado ir más allá de simples proyectos de ley. Ver que se continúa intentando minimizar tan importante logro debe servir como una alerta para no bajar la guardia. Sí, puede que por ahora el derecho al matrimonio entre las parejas del mismo sexo este a salvo, pero a juzgar por los distintos intentos y proyectos de ley que se continúan presentando, no debe parecer sorprendente si dentro de unos años más, se aprueben medidas para hacer que dicho derecho se desvanezca. El primer paso, el cual se trata sobre extender el discrimen usando como argumento la libertad religiosa, ya esta tomando auge en distintos estados. El choque entre dos derechos fundamentales, la libertad de religión y la libertad de asociación se ve en conflicto cuando las legislaturas de distintos estados intentan aprobar medidas permitiendo el discrimen. Aún hay un largo camino por recorrer, hasta que el derecho no quede protegido bajo la ley federal y se declare campo ocupado, continuará estando en la cuerda floja, más aún si se toma en consideración el cambio en el Tribunal Supremo, con la pérdida del Juez Anthony Kennedy, quien fue el declarante de tal derecho. Como pudimos ver, el beneficio que más afectado se ha visto por las distintas legislaciones aprobadas y presentadas, es el de formalizar una familia. Distintas agencias y centros de adopción, apoyados por fondos públicos y privados tienen ahora la oportunidad de hacer la adopción más difícil de lo que en un principio era. Esto no solo afecta a las parejas que intentan lograr disfrutar de los beneficios de su matrimonio e intentan formar una familia, sino que también se ven afectados los niños, ya que, citando su libertad religiosa y moral, a estos centros se les ha permitido la oportunidad de discriminar sin ningún reparo contra familias tanto no tradicionales, familias que no están casadas legalmente, y a parejas del mismo sexo. Podemos ver, cómo se intenta crear una segunda clase de matrimonio, en mayor o menor grado, aún siendo un derecho reconocido como fundamental. Muchos estados no lo están respetando y los legisladores no lo toman enserio, tanto así, que no queda nada más que preguntarnos y especular sobre lo que ocurrirá en los próximos años. Algunas de esas preguntas son: ¿surgirá lo mismo que ha ocurrido con el derecho al aborto o la legislatura se asegurará de que se vuelva inviolable el derecho al matrimonio igualitario?, ¿se volverá nuevamente a dejar en manos de los estados o el gobierno federal se encargará de legislar para que se vuelva campo ocupado? Asimismo, seguirán surgiendo preguntas como estas, a medida que continúe la proliferación del desmantelamiento del matrimonio igualitario.

  1. Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015).
  2. Barack Obama (@BarackObama), Twitter (May 8, 2014, 2:28PM) https://twitter.com/barackobama/status/464471801473417217?s=21.
  3. 1 U.S.C. § 7 (1996) (en esta sección del United States Code, se da definición a distintos conceptos entre ellos marriage y spouse).
  4. United States v. Windsor, 570 U.S. 744 (2013).
  5. Amend the Code for Marriage Equality Act of 2017, H.R. 98, 115th Cong. (2017). 
  6. Id.
  7. Id.
  8. Marriage Rights and Benefits, NOLO(última visita 5 de octubre de 2019), https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/marriage-rights-benefits-30190.html
  9. What are the differences between civil unions and marriages?, THE LAW DICTIONARY (última visita 5 de octubre de 2019),https://thelawdictionary.org/article/differences-civil-unions-marriages/.
  10. Marriage, Black’s Law Dictionary (10th ed. 2014).
  11. Defense of Marriage Act, Pub. L. No. 104–199, § 7, 110 Stat. 2419 (1996).
  12. 52 Am. Jur. 2d, Marriage § 3 (2019) (definiendo la política pública en cuanto a los matrimonios).
  13. Id. (citas omitidas).
  14. Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015).
  15. Id.
  16. 52 Am. Jur. 2d, Marriage § 4 (citando a Lewis v Harris, 908 A.2d 196, 207 (2006) (traducción suplida).
  17. Id. (traducción suplida).
  18. Id. § 6.
  19. CÓD. CIV. PR art. 68, 31 LPRA § 221 (1930 & Supl. 1999).
  20. Sandhya Somashekhar & Robert Barnes, Alabama chief justice asks officials to defy gay marriage ruling, THE WASHINGTON POST (9 de febrero de 2015), https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2015/02/09/alabama-chief-justice-asks-officials-to-defy-gay-marriage-ruling/?utm_term=.be6aecb14e82.
  21. Alabama Chief Justice Roy Moore’s Order to Ala. Probate Judges, State of Alabama Judicial System, 5   https://www.scribd.com/document/255138696/Moore-Order-to-Ala-Probate-Judges  (última visita 5 de octubre de 2019)(acceso mediante suscripción).
  22. Pavan v. Smith, 137 S. Ct. 2075 (2017).
  23. Id.
  24. Id.
  25. Id.
  26. Id.
  27. Id.
  28. Id.
  29. Id.
  30. Movement Advancement Project & Family Equality Council, Putting Children at Risk: How Efforts to Undermine Marriage Equality Harm Children, (junio de 2018) www.lgbtmap.org/undermining-marriage-harms-kids-report.
  31. Pidgeon v. Turner, 549 S.W.3d 130 (Tex. 2016).
  32. Id.
  33. Id.
  34. Id.
  35. Movement Advancement Project & Family Equality Council, supra nota 29, en la pág. 2.
  36. Strickland v. Day, 239 So.3d 486 (Miss. 2018).
  37. Id. en la pág. 492.
  38. Id.
  39. Office of the Attorney General, Memorandum for All Executive Departments and Agencies re: Federal Law Protections for Religious Liberty (6 de octubre de 2017), https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1001891/download
  40. First Amendment Defense Act, S. 2525, 115th Congress (2018).
  41. Movement Advancement Project & Family Equality Council, supra nota 29, en la pág. 4 (citando a S.B. 284 (Kan. 2018); Mich. Comp. Laws Ann. § 710.23g (West 2015); H.B. 1523 (Miss. 2016); N.D. Cent. Code §50-12-07.1 (2003); S.B. 1140 (Okla. 2018); S.B. 149 (S.D. 2017); H.B. 3859 (Tex. 2017); Va. Code Ann § 63.2-1709.3 (2012).
  42. Id.
  43. Id.
  44. Movement Advancement Project & Family Equality Council, supra nota 29, en la pág. 5 (citando a Child Welfare Provider Inclusion Act of 2017, H.R. 1881, 115th Congress (2017)).
  45. Alabama Child Placing Agency Inclusion Act, HB 24, (Ala. 2017).
  46. Movement Advancement Project & Family Equality Council, supra nota 29, en la pág. 5 (citando a Child Welfare Provider Inclusion Act of 2017, H.R. 1881, 115th Congress (2017)).
  47. Id. (traducción suplida).
  48. Protecting Statutory Conscience Rights in Health Care; Delegations of Authority, 83 FR § 3880 (propuesta 26 de enero de 2018, a ser codificada como 45 CFR § 88).
  49. Pavan v. Smith, 137 S. Ct. 2075 (2017).
  50. S.B. 89 (Tex. 2016).
  51. First Amendment Defense Act, S. 2525, 115th Congress (2018).
  52. Id.
  53. Id.
  54. Id.
  55. Violence Against Women Act, 34 U.S.C.A. §§ 12291-12512 (2017).
  56. Exec. Ord. No. 13672, 79 Fed. Reg. § 42971 (2014).
  57. First Amendment Act, supra nota 50.
  58. 162 Cong. Rec. 61, H1888-H1891 (20 de abril de 2016).
  59. H. R. Res. 359, 114th Cong. (2015) (“Providing that the House of Representatives disagrees with the majority opinion in Obergefell et al. v. Hodges, and for other purposes”).
  60. Id.
  61. Id.
  62. Hago la aclaración que la mayoría de los proyectos de ley que serán citados no pasaron de drafts presentados ante las Asambleas Legislativas de los estados, por lo tanto, incluirlos en este escrito tiene como propósito hacer mención de su existencia y no necesariamente para ser citados de manera concreta.
  63. S.F. 2154, 87th Gen. Assemb., Reg. Sess. (Iowa 2018).
  64. S.B. 93, 83th Gen. Assemb., Reg. Sess. §5-11C-4. (W. Va. 2018).
  65. H.B. 372 (Ky. 2018).
  66. Id. en la pág. 4.
  67. Id. en las págs. 4-7.
  68. S.B. 1250, 56th Gen. Assemb., Reg.Sess. (Okla. 2018).
  69. Id. en la pág. 2.
  70. H.B. 1763, 99th Gen. Assemb., Reg. Sess. (Mo. 2017).; A.B. 2686, 218 Gen. Assemb., Reg. Sess. (N.J. 2018).
  71. S.B. 327, 103th Gen. Assemb., Reg. Sess. (Wis. 2017).
  72. Id.
  73. H.B. 1206, 71th Gen. Assem., Reg. Sess. (Co. 2018).
  74. S.B. 0752, 110th Gen. Assem., Reg. Sess. (Tenn. 2017).
  75. H.B. 36, 132th Gen. Assem., Reg. Sess. (Ohio 2018).
  76. P. de la C. 1018 de 8 de mayo de 2017, 1ra Ses. Ord., 18ma Asam. Leg.
  77. P. de la C. 1654 de 30 de enero de 2019, 5ra Ses. Ord., 18ma Asam. Leg.
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