COMENTARIO

Por: Ignacio Portela Cabán*

Exordio

El 13 de marzo de 2020, el Presidente de Estados Unidos declaró una emergencia nacional.1 Tres meses antes, los funcionarios gubernamentales de Wuhan en China detectaron un brote de una nueva cepa de coronavirus, que causa COVID-19.2 El virus se propagó rápidamente a Estados Unidos y otros países, incluyendo a Puerto Rico. A mediados de marzo, una vez declarada la emergencia, Estados Unidos tenía casi 2,000 casos confirmados de COVID-19.3 La rápida propagación de la enfermedad causó que cada día se reportaran miles de casos nuevos, amenazando la estabilidad del sistema de salud de la nación.4 Para evitar que el sistema de salud de colapsara y para detener la ola de casos que se había convertido en una pandemia global, Estados Unidos comenzó a implementar medidas de distanciamiento social. Esas medidas incluyeron órdenes de toque de queda para gran parte de la nación; el cierre de escuelas; el cierre de negocios no esenciales; la prohibición de los agrupamientos sociales, y limitaciones en los servicios de los restaurantes.5 Como resultado de las medidas para aplanar la curva, o flatten the curve, el consumo personal disminuyó un 7.5% en marzo de 2020.6 Además, para el mes de marzo, las plazas en trabajos no-agrícolas, o non-farm payroll employment, disminuyeron por casi 900,000; para el mes de abril, esta cifra ya había alcanzado los 20,000,000.7 Esas pérdidas de empleo no se limitaron a ciertos estados, sino nacionales. En la industria del ocio y la hostelería se perdieron 7.7 millones de puestos de trabajo —casi la mitad de la industria—. Mientras, las industrias de los servicios de educación y salud, de los servicios profesionales y empresariales, y del comercio minorista perdieron cada una más de dos millones de empleos.8 Como resultado, la tasa de desempleo se disparó del 4.4% al 14.7% en un mes, el aumento más drástico de la historia de Estados Unidos.9

Para brindar una ayuda enérgica y necesaria a los trabajadores y las pequeñas empresas estadounidenses, el Congreso aprobó el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (en adelante, “CARES”).10 Aunque la Ley CARES está compuesta por cuatro títulos, este escrito se enfoca únicamente en el primer título cuyo elemento esencial es el Paycheck Protection Program (en adelante, “PPP”). Específicamente, se busca definir si los fondos provistos bajo el PPP se consideran préstamos, como define la propia ley, o si se consideran subsidios, como algunos tribunales han establecido. El análisis aquí expuesto se divide en tres partes: el régimen estatutario sobre los fondos, las decisiones judiciales y un breve análisis tomando en cuenta ambos aspectos.

I. Régimen estatutario

A. Ley CARES

En respuesta a la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Congreso aprobó y el Presidente firmó la Ley CARES el 27 de marzo de 2020, la cual está dividida en cuatro grandes títulos.11 El título IV, Economic Stabilization and Assistance to Severely Distressed Sectors of the United States Economy, incluye numerosas disposiciones que brindan alivio a las aerolíneas, las instituciones financieras y otros sectores críticos para la seguridad nacional.12 La Ley reserva aproximadamente $500 millardos en préstamos y otros fondos para corporaciones en estas industrias afectadas.13 Estas empresas deberán reembolsar estos préstamos al Gobierno y estarán sujetas a divulgaciones públicas y otros requisitos, como la prohibición de recompra de acciones y el pago de dividendos cuando el préstamo esté pendiente.14 Asimismo, las empresas que reciben la asistencia en virtud del título IV generalmente están sujetas a restricciones significativas sobre la compensación de ejecutivos.15 El título III, Supporting America’s Health Care System in the Fight Against the Coronavirus, se centra en las mejoras al sistema de salud, incluyendo el suministro de medicamentos y equipos, el aumento del financiamiento y la flexibilidad regulatoria para los proveedores de atención médica, y la ampliación del acceso de los pacientes a las pruebas de COVID-19.16 El título II, Assistance for American Workers, Families, and Businesses, brinda alivio a personas y empresas económicamente afectadas por COVID-19; amplía los beneficios por desempleo; crea desembolsos de efectivo para individuos, y establece un crédito de retención de empleados para los empleadores sujetos a cierre u otras pérdidas financieras debido al COVID-19.17 Por último, se encuentra el título I, Keeping American Workers Paid and Employed Act, que será discutido a continuación.

Aunque la Ley CARES tenía la intención, en parte, de ayudar a los trabajadores estadounidenses que habían perdido su trabajo, gran parte de los $2 mil millardos de ayuda previstos en la ley estaban destinados a preservar los empleos.18 Como parte de la ayuda de $454 millardos, el Congreso ordenó al Departamento del Tesoro que financiara a los prestamistas para que estos otorgasen préstamos directos a empresas medianas —empresas con 501 a 10,000 empleados—.19 Para ser elegible al  programa de préstamos para medianas empresas, el prestatario debe certificar, entre otras cosas, que no es un deudor en quiebra.20 Para las empresas pequeñas —aquellas con 500 empleados o menos—, el Congreso inicialmente proporcionó $349 millardos en fondos para el PPP.21

  B. Paycheck Protection Program

Entre sus muchos propósitos, la Ley CARES fue diseñada para preservar los empleos estadounidenses. La sección 1102 del Título I de la Ley CARES, que se denomina Paycheck Protection Program, proporciona miles de millones de dólares en préstamos a pequeñas empresas.22 El PPP establece que una pequeña empresa elegible puede obtener un préstamo cubierto o subsidiado para cubrir ciertos gastos.23 Entre estos se encuentran: costos de nómina, intereses sobre cualquier obligación hipotecaria, alquiler y servicios públicos.24

Un “préstamo cubierto” se define como un préstamo realizado durante un “período cubierto” establecido por el PPP.25 Para obtener un préstamo bajo este programa, el prestatario debe certificar que: (1) la incertidumbre económica hace necesario el préstamo; (2) los fondos se utilizarán para nómina y otros usos autorizados por la ley; (3) el solicitante no tiene una solicitud duplicada pendiente, y (4) el solicitante aún no ha recibido un préstamo bajo este programa.26 La ley CARES establece que los préstamos bajo el PPP pueden condonarse en determinadas circunstancias,27 pero la condonación no es automática. Para recibir este beneficio, el prestatario debe presentar una solicitud de condonación al prestamista que administra el préstamo PPP junto con ciertas certificaciones sobre cómo se gastaron los fondos provistos.28 Entre los documentos que debe someter el prestatario se encuentran: (1) solicitudes de seguro de desempleo; (2) cheques cancelados; (3) recibos de pago; (4) transcripciones de cuentas u otros documentos que verifiquen pagos de las obligaciones hipotecarias; (5) pagos de obligaciones de arrendamiento, y (6) pagos de servicios públicos cubiertos por el programa.29

La entidad a cargo de este programa es el Small Business Administration (en adelante, “SBA”).30 Aunque el PPP es parte del programa de préstamos de la sección 7 (a) de la SBA, un préstamo provisto bajo el PPP se diferencia de otros préstamos de la misma sección.31 Por ejemplo, se puede otorgar un préstamo del PPP a cualquier empresa, organización sin fines de lucro o alguna otra organización o empresa comercial que califique como pequeña según las reglas específicas de la industria.32 Los criterios para la suscripción de los préstamos del PPP también difieren de los criterios de los préstamos regulares. Para los préstamos regulares de la sección 7 (a), la SBA considerará varios factores para asegurar razonablemente el pago, incluyendo el historial crediticio, la solidez del negocio, la capacidad para pagar el préstamo e incluso el historial de quiebras.33 Sin embargo, estos factores no se toman en cuenta al evaluar la solicitud de un préstamo bajo el PPP.34

La Ley CARES le otorgó el poder al administrador de los fondos SBA para hacer regulación sobre estos.35 Por tanto, el 2 de abril de 2020, el SBA creó el Form 2484, el cual se usa para solicitar los préstamos bajo el PPP.36 En la sección I del documento se establece que el solicitante que esté involucrado en un proceso de quiebra no será elegible. Más adelante, el 28 de abril de 2020, la misma agencia emitió un Interim Final Rule en el cual descualifica a los deudores que están en un proceso de bancarrota de poder obtener los préstamos del PPP.37

C. Cláusula antidiscrimen del Código de Quiebra

Las quiebras en Estados Unidos están reguladas exclusivamente por el ámbito federal.38 En el 1 de julio de 1898, los detalles de estas regulaciones se vieron establecidos en el Bankruptcy Act.39 Entre los aspectos regulados se encuentra la administración del caso de bancarrota, siendo esta administración sobre una persona natural como también sobre una persona jurídica.40 Por ser un tema tan controversial, el gobierno federal se ha encargado de especificar los derechos y deberes que tienen las personas que pasan por este proceso.41 Entre estos se encuentra la protección contra trato discriminatorio.42 En lo pertinente, se establece que una unidad gubernamental no puede denegar, revocar, suspender o negarse a renovar una licencia, permiso, u otro subsidio, o grant, similar a una persona que esté bajo el procedimiento de quiebra.43 Dicho de otra forma, una agencia gubernamental no puede negar o condicionar ciertos permisos, licencias o fondos a una persona por el hecho de que esté en un procedimiento de quiebra.44

II. Inconsistencia judicial

Debido a la gran importancia de los fondos de emergencia provistos por el gobierno federal y el gran impacto del COVID-19 en la economía, han surgido varias controversias judiciales en torno a los préstamos, o los subsidios federales, bajo el PPP. Específicamente en cuanto a la elegibilidad de estos. Muchas entidades pequeñas, afectadas por el brote pandémico, solicitaron los préstamos del PPP utilizando el documento del SBA: Form 2484. A aquellas que estaban pasando por procesos de quiebra, les denegaron el préstamo. Consecuentemente, iniciaron pleitos judiciales contra el administrador de los préstamos, SBA, ya que ellos son los que regulan quiénes son elegibles para dichos fondos.

En síntesis, las entidades hacen dos argumentos. El primero, que son elegibles debido a que los préstamos pueden considerarse como subsidios, ya que su naturaleza y estructura los distingue de los otros préstamos otorgados por el SBA, de los cuales está encargada la agencia. Además, aluden a la amplitud de la condonación del préstamo, pues argumentan que la condonación es de tal envergadura que los préstamos son como dinero gratis — grants — y, por tanto, les aplica la cláusula antidiscrimen.45

El segundo argumento, aunque ligado al primero, trata sobre el poder del SBA para regular los préstamos. Las entidades sostienen que, al ellas estar en un proceso de quiebra y el SBA emitir decisiones que las priva de los fondos, el SBA está regulando indirectamente una materia que está ocupada. Es decir, al SBA no se le delegó el poder de regular los procedimientos de bancarrota, y por consecuencia, está ejerciendo más poderes de los que le confirió el Congreso.46

A continuación, se expone una gran variedad de decisiones divididas por cada Circuito Federal.

A. Otras jurisdicciones

En el Segundo Circuito se han decidido únicamente dos casos. En In re Springfield Hospital, luego de analizar las decisiones de diferentes Circuitos Federales, el Tribunal le concedió a dos entidades médicas un injunction permanente basado en los reclamos de la cláusula antidiscrimen.47 Por otro lado, en Diocese of Rochester v. SBA, los demandantes iniciaron una acción en el Tribunal de Distrito, retirando el pleito  que se ventilaba en el Tribunal de Quiebras.48 El Tribunal de Distrito denegó la moción de los demandantes para un injunction preliminar y otorgó una sentencia sumaria a favor del demandado.49 Es importante señalar que en este Circuito también se ventiló Eastern Niagara Hosp.50 En este, el Tribunal había programado una vista para el 30 de junio de 2020 con el propósito de atender la moción del demandante sobre un injunction preliminar basado en la cláusula antidiscrimen.51 Sin embargo, antes de la fecha de la audiencia, el demandante solicitó nuevamente el préstamo del PPP y fue aprobado por el SBA.52

En el Tercer Circuito se ventilaron otros dos casos. El Tribunal, tomando en cuenta la naturaleza del negocio en Cosi, le negó al demandante un injunction preliminar, fundamentando su desición en la cláusula antidiscrimen.53 En Aspen Landscaping, el Tribunal emitió una orden para que el demandante mostrara causa por la cual le debían conceder un injunction preliminar. No obstante, las partes acordaron desestimar del caso antes que el Tribunal tomara una decisión sobre los méritos.54

El Cuarto Circuito solo tiene una decisión. En iThrive Health LLC v. Carranza el Tribunal denegó la solicitud de injunction preliminar presentada por el demandante. Determinó que era poco probable que el demandante tuviera éxito sobre los méritos de su reclamo basado en el precedente del Cuarto Circuito en Ayes v. U.S. Dep’t of Veteran Affairs.55

El demandado, SBA, se ha visto favorecido en el Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Circuito. En Hidalgo Cty. el Tribunal le otorgó el injunction preliminar al demandante basándose en la cláusula antidiscrimen.56 Diez días después, otro juez, le concedió el mismo remedio al demandante en KP Engineering.57 No obstante, cinco casos adicionales se resolvieron a favor del demandante. Las decisiones se basaron en el precedente de In re Exquisito en el cual el Tribunal determinó que la cláusula antidiscrimen debía leerse de forma estricta y, por tanto, la cláusula no aplicaba en sus casos.58 En uno de los dos casos del Sexto Circuito, la corte denegó el injunction en una sentencia sumaria, mientras que en otro lo denegó debido a que el demandante no pudo mostrar que sufriría un daño irreparable al no concederle el injunction.59 En el Séptimo Circuito adoptaron el razonamiento del tribunal en Cosi y Ayes. Así, en este Circuito se resolvieron cuatro casos a favor del SBA sobre las reclamaciones relacionadas a la cláusula antidiscrimen.60 En In re Dancor Transit, el único pleito en el Octavo Circuito, el Tribunal determinó que el deudor no pudo probar que sufriría un daño irreparable y, consecuentemente, le denegó el injunction. En el Noveno Circuito se decidieron tres casos a favor del SBA.61

En el Décimo y Undécimo Circuito, el Tribunal ha resuelto en contra del SBA. En ambas decisiones se determinó que los requisitos para obtener los préstamos bajo el PPP violan la cláusula antidiscrimen por ser arbitrarios y caprichosos.62

B. Jurisdicción de Puerto Rico

El Primer Circuito, al cual pertenece Puerto Rico, ha tenido dos casos. En In re Breda LLC el Tribunal falló a favor del SBA debido a que el demandante no demostró el daño irreparable.63 No obstante, en In re Organic Power LLC falló a favor del demandante.64 Su decisión se basó en que los fondos recibidos bajo CARES son subvenciones y, como resultado, la orden final provisional de la SBA viola la cláusula antidiscrimen.65 El Tribunal va más allá y decide que los fondos sujetos a la controversia satisfacen la lectura más estricta de la cláusula que se estableció en Ayes.66 Por último, cierra declarando que , en estas circunstancias, el PPP es en efecto una autorización del gobierno para que millones de pequeñas empresas sin acceso a fuentes adecuadas de liquidez puedan continuar sus esfuerzos para mejorar la economía.67

Veredicto:

La importancia de la nomenclatura de los fondos provistos por el PPP emana de la elegibilidad de estos. Es decir, el requisito de elegibilidad es lo que le da importancia a cómo se llaman estos fondos. Si toda entidad pudiera ser elegible, no surgirían las disputas judiciales. Establecida la raíz del problema, procedamos a evaluar el entorno donde este problema se ventiló.

El criterio para definir si los fondos son préstamos o no, es la elegibilidad de las entidades en bancarrota. Para que una entidad en bancarrota sea elegible para los fondos, la Corte tiene que determinar que los fondos provistos por el PPP caen bajo la categoría de la cláusula antidiscimen. Al caer bajo esa categoría, los fondos serán considerandos como subsidios. Sin embargo, para que la entidad sea inelegible para los fondos, el Tribunal debe establecer que los mismos no caen bajo la cláusula antidiscrimen y por tanto, los mismos se consideran préstamos. En fin, fallar a favor del SBA es indicar que los fondos son préstamos.

De una simple lectura de las veintisiete decisiones judiciales de los diferentes Circuitos del sistema federal, se puede decir con certeza que la mayoría de las jurisdicciones aún no han definido si los fondos son préstamos, como establece la propia ley, o en realidad son subsidios. Es decir, hay una inconsistencia evidente sobre cómo definirlos. No obstante, son pocas las jurisdicciones que están más claras que otras. Estas son: el Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Circuito. De las veintisiete decisiones que se exponen, dieciocho son a favor del SBA. De estas dieciocho, catorce se encuentran entre los circuitos mencionados anteriormente. Así que, en estos circuitos se puede argumentar con facilidad que los fondos son considerados préstamos. Esto llevará a que cualquier entidad en bancarrota que solicite los fondos del PPP, perteneciente a los circuitos mencionados anteriormente, se le denegará la solicitud.

No obstante, la incertidumbre creada por las decisiones judiciales no significa que haya una incertidumbre en el análisis del tribunal. Las decisiones demuestran que, aunque los tribunales decidan aleatoriamente, todas las jurisdicciones pasan por un análisis similar. Entre los factores que el tribunal considerara se encuentran: (1) el propósito de la ley; (2) el lenguaje de la ley; (3) las decisiones sobre leyes similares; (4) la elegibilidad de la entidad, incluyendo la naturaleza de esta; (5) la aplicabilidad del recurso solicitado, y (6) el balance de intereses. Es decir, aquellas entidades que no pertenecen a los circuitos que han establecido que los fondos del PPP son préstamos, podrán esperar un análisis similar al utilizado por las otras jurisdicciones que no han definido si los fondos son préstamos o no.


* Estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Redactor de In Rev.

  1. Proclamation on Declaring a National Emergency Concerning the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak, The White House (13 de marzo de 2020), https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/.
  2. Q&A on coronaviruses (COVID-19), World Health Organization (17 de abril de 2020), https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses.
  3. United States COVID-19 Cases and Deaths by State over Time, Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html (última visita 19 de septiembre de 2020).
  4. Proclamation on Declaring a National Emergency Concerning the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak, supra nota 1.
  5. State Data and Policy Actions to Address Coronavirus, Kaiser Family Foundation, https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/state-data-and-policy-actions-to-address-coronavirus/ (última visita 19 de septiembre de 2020).
  6. Personal Income and Outlays: March 2020, U.S. Bureau of Economic Analysis (30 de abril de 2020), https://www.bea.gov/news/2020/personal-income-and-outlays-march-2020. Véase Carlie Porterfield, Forbes (30 de abril de 2020), https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/04/30/us-consumer-spending-sees-sharpest-monthly-drop-ever-recorded/#1e1030f9420d (donde se establece que:“Consumer spending—which drives around 70% of the U.S. economy—dropped by 7.5% in March, the steepest drop in history since records began being kept in 1959 according to the U.S. Commerce Department, as businesses close, layoffs abound and Americans shelter-in-place during the coronavirus pandemic.”).
  7. Economic News Release, U.S. Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm (última visita 19 de septiembre de 2020).
  8. Id.
  9. Id.
  10. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, Pub. L. No. 116-136, 134 Stat. 281 (2020).
  11. Id.
  12. Id. §§ 4001-4120.
  13. Id.
  14. Id.
  15. Id.
  16. Id. §§ 3001-3862.
  17. Id. §§ 2101-2308.
  18. Id. §§ 1102, 4003. Véase 166 Cong. Rec. E349-04 (27 de marzo 2020) ( en particular el discurso de Rep. McHenry: “My ultimate goal for this legislation is to keep Americans employed. Specifically, this bill will provide relief to our small businesses to help them keep employees on payroll and prepare those businesses to be up and running as soon as America is open for business again.”); Véase además, 166 Cong. Rec. E339-01 (27 de marzo de 2020) ( en particular el discurso de Rep. Jayapal: “One of the most important things I heard from my district was the pain and suffering of small business owners and non-profits of all sizes. The CARES Act creates a Payment Protection Program that helps businesses keep workers on payroll, through $350 billion in forgivable loans that can also be used for payroll, rent, utilities, and other necessary costs that will help small businesses weather the crisis.”).
  19. Id. § 4003(b)(4).
  20. Id. § 4003(c)(3)(D)(i)(V).
  21. Id. §§ 1102, 1107.
  22. Id.
  23. Id. § 1102(a)(2).
  24. 15 U.S.C. § 636(a)(36)(F)(i).
  25. Id. § 636(a)(36)(A)(ii)-(iii).
  26. Id. § 636(a)(36)(G).
  27. Id. § 9005.
  28. Id. § 9005(e).
  29. Id. (los pagos de servicios públicos son, por ejemplo: servicio de luz, agua, teléfono y transportación).
  30. Id. § 9001(1).
  31. Id. § 636(a)(36)(D)-(R). (véase Types of 7(a) loans, https://www.SBA.gov/partners/lenders/7a-loan-program/types-7a-loans) (última visita 21 de septiembre de 2020)).
  32. Id. § 636(a)(36)(D)(i).
  33. 13 C.F.R. § 120.150. (véase SOP 50-10-5(K), p. 180, https://www.SBA.gov/sites/default/files/2019-02/SOP%2050%2010%205%28K%29%20FINAL%202.15.19%20SECURED%20copy%20paste.pdf (última visita 21 de septiembre de 2020)).
  34. VéaseFirst Interim Final Rule , 85 Fed. Reg. 20811-01 at Art. III § 1 (15 de abril de 2020) (declarando que los procedimientos de los préstamos del PPP son racionalizados, por tanto el SBA no requerirá que los acreedores cumplan con 13 C.F.R. § 120.150, que establece los requisitos de suscripción de la SBA, siendo una la verificación de solvencia, necesaria para garantizar un buen valor. Véase también First IFR at Art. III § 2(a)-(c); Art. III § 2(t); and Art. III § 3(b), pues estas secciones confirman los factores típicos de suscripción de la SBA.
  35. 15 U.S.C. § 9012.
  36. SBA Form 2484, https://www.SBA.gov/sites/default/files/2020-04/PPP%20Lender%20Application%20Form_0.pdf (última visita 21 de septiembre de 2020).
  37. El Interim Final Rule, RIN 3245-AH37 (SBA-2020-0021) dispone que:

    Will I be approved for a PPP loan if my business is in bankruptcy? No. If the applicant or the owner of the applicant is the debtor in a bankruptcy proceeding, either at the time it submits the application or at any time before the loan is disbursed, the applicant is ineligible to receive a PPP loan. If the applicant or the owner of the applicant becomes the debtor in a bankruptcy proceeding after submitting a PPP application but before the loan is disbursed, it is the applicant’s obligation to notify the lender and request cancellation of the application. Failure by the applicant to do so will be regarded as a use of PPP funds for unauthorized purposes.

    (disponible en https://www.SBA.gov/sites/default/files/2020-04/Interim-Final-Rule-04%2024%2020.pdf) (última visita 21 de septiembre de 2020).

  38. 11 U.S.C. §§ 101-1532.
  39. 30 Stat. 544, https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/55th-congress/session-2/c55s2ch541.pdf (última visita 21 de septiembre de 2020).
  40. 11 U.S.C. §§ 301-366.
  41. Id. §§ 521-528.
  42. Id. § 525.
  43. Id. § 525(a).
  44. Id.
  45. In re Hidalgo Cty. Emergency Serv. Found., No. 19-20497, 2020 WL 2029252, en la pág. 1 (Bankr. S.D. Tex. 25 de abril de 2020); In re Organic Power LLC, No. 19-01789-EAG11, 2020 WL 4728084, en las págs. 2, 5 (Bankr. D.P.R. 24 de Julio de 2020); Cosi Inc., 20-ap-50591 (Bankr. D. Del. 14 de mayo de 2020); In re iThrive Health, LLC, 20-ap-00151, 2020 Bankr. LEXIS 1667, en la pág. 5 (Bankr. D. Md. 8 de junio de 2020); In re Springfield hospital, Inc., No. 19-10283, 2020 WL 3422335, en las págs. 4-5 (Bankr D. Vt. 22 de junio de 2020).
  46. In re Organic Power LLC, 2020 WL 4728084, en la pág. 8; In re Skefos, No. 19-29718-L, 2020 WL 2893413, en las págs. 3, 7 (Bankr W.D.Tenn. 2 de junio de 2020); In re Gateway Radiology Consultants, P.A., 616 B.R. 833, en las págs. 4, 8 (Bankr. M.D. Fla 8 de junio de 2020).
  47. In re Springfield Hospital, Inc., No. 19-10285, 2020 WL 3422335, en la pág. 19, 30 (Bankr. D. Vt. 22 de junio de 2020).
  48. Diocese of Rochester v. U.S. Small Business Association, 2020 WL 3071603, en la pág. 12 (W.D.N.Y 10 de junio de 2020).
  49. Id. en la pág. 9.
  50. In re Springfield Hospital, Inc., en la pág. 8 (véase Eastern Niagara Hosp., Inc., 20-ap-01020 (Bankr. W.D.N.Y.29 de junio de 2020)).
  51. Id. (véase ENH Received $5.8 Million in PPP Funding, NIAGARA GAZETTE (8 de julio de 2020), https://www.niagara-gazette.com/news/local_news/enh-received-5-8-million-in-ppp-funding/article_36487fcf-c1f5-530d-88d5-46c8179bc46a.html).
  52. Id.
  53. Cosi Inc., 20-ap-50591.
  54. In re Springfield Hospital, Inc., en la pág. 8 (véase Aspen Landscaping Contracting, Inc., 20-ap-01277 (Bankr. D.N.J.)).
  55. iThrive Health, LLC v. Carranza (In re iThrive Health, LLC), No. 19-25413-TJC, 2020 Bankr. LEXIS 1509, en las págs. 18-19 (Bankr. D. Md. 8 de junio de 2020) (véase Ayes v. U.S. Dep’t of Veterans Affairs, 473 F.3d 104, 108-09 (4th Cir. 2006)).
  56. In re Springfield Hospital, Inc., en la pág. 9 (véase Hidalgo Cty. Emergency Svc. Foundation, 20-ap-02006).
  57. KP Engineering, LP, 20-ap-03120 (Bankr. S.D. Tex. 18 de mayo de 2020).
  58. Trudy’s Texas Star, Inc., 20-ap-01026 (Bankr. W.D. Tex. 7 de mayo de 2020); Okorie, 20-ap-06015 (Bankr. S.D. Miss. 18 de mayo 2020); Inland Family Practice Ctr., LLC, 20-ap-06016 (Bankr. S.D. Miss. 18 de mayo 2020); In re Springfield Hospital, Inc., en la pág. 9 (véase (véase In re Exquisito Services, Inc., 823 F.2d. 151, 152-155 (5th Cir. 1987)).
  59. In Areway Acquisition, Inc., et al., 20-ap-01037 (Bankr. N.D. Ohio 20 de mayo de 2020); Hartshorne Holdings, LLC, et al., 20-ap-04012 (Bankr. W.D. Ky. 1 de junio de 2020).
  60. Schuessler v. United States Small Business Administration, 2020 WL 2621186 (Bankr. E.D. Wis. May 22, 2020); In re Springfield Hospital, Inc., en la pág. 9 (véase USA Gymnastics, 20-ap-50055 (Bankr. S.D. Ind.  12 de junio de 2020)).
  61. NAI Capital, Inc. v. Carranza (In re Nai Capital, Inc.), No. 1:20-bk-10256-DS, 2020 Bankr. LEXIS 1719, en las págs. 1-2 (Bankr. C.D. Cal. 20 de mayo de 2020); Starplex Corp. v. Carranza (In re Blue Ice Invs., LLC), No. 2:20-bk-02224-EPB, 2020 Bankr. LEXIS 1739, en la pág. 3 (Bankr. D. Ariz. 26 de mayo de 2020); PPV, Inc., et al., 20-ap-03054 (Bankr. D. Oreg.  1 de junio de 2020).
  62. In re Roman Catholic Church of Santa Fe, 615 B.R. 644, 657 (Bankr. D.N.M. 2020); In re Gateway Radiology Consultants P.A., 616 B.R. 833, 857 (Bankr. M.D. Fla. 2020).
  63. In re Breda LLC, No. 18-10140, 2020 WL 2373597, en las págs. 1-2 (Bankr D. Me. 11 de junio de 2020).
  64. In re Organic Power LLC, No. 19-01789-EAG11, 2020 WL 4728084, en la pág. 8 (Bankr. D.P.R. 24 de julio de 2020).
  65. Id.
  66. Id. en la pág. 7 (Véase Ayes v. U.S. Dep’t of Veterans Affairs, 473 F.3d 104, 108-09).
  67. Id.
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