ARTÍCULO

Por: Jennifer Colón Rodríguez*

Introducción

La industria de la construcción en Puerto Rico es una industria sexualizada.1 Son principalmente los hombres quienes ocupan los puestos, desde el liderato hasta los trabajos de primera línea.2 El pasado 21 de enero de 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares aprobó la Ley de preferencia para contratistas y proveedores locales de construcción (en adelante, “Ley Núm. 42-2018”) en reacción a las pérdidas de los hogares y la infraestructura en general de Puerto Rico, a causa del huracán María. El fenómeno atmosférico significó para el país la designación millonaria de fondos federales, que en gran parte generarán empleos en la industria de la construcción.3

Rosselló Nevares, posterior al huracán María, declaró un estado de emergencia en cuanto a la infraestructura y ordenó renovarla y mejorarla.4 En la exposición de motivos de la Ley Núm. 42-2018 adujo a la necesidad de fortalecer la economía estatal a través de la creación de empleos en esta industria, mediante oportunidades para “individuos y empresas que cuenten con domicilio social y fiscal en la jurisdicción de Puerto Rico”.5 La ley, aunque crea cuotas a favor de los individuos y empresas locales con respecto a las empresas internacionales de construcción, no atiende la variable de género como un obstáculo existente para la contratación de las mujeres en los proyectos de esta industria.

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 42-2018, el Estado demostró que tiene la capacidad para imponer cuotas. Esta es una práctica favorable si se hace de manera reflexiva e inspirada en el contexto económico, social e histórico. Favorecer a los contratistas y proveedores locales de la construcción es loable, pero es una iniciativa insuficiente si ignora que la industria de la construcción es altamente sexualizada. Del mismo modo en que se creó una cuota para ayudar a las empresas locales de construcción, por estar en desventaja al competir contra las empresas internacionales, es necesario legislar una cuota que garantice la igualdad de oportunidades en la contratación de empleadas en esta industria.

De acuerdo con este contexto, el siguiente escrito critica el silencio de la Ley Núm. 42-2018 en cuanto al inmovilismo social y a las barreras sistémicas por discrimen de género que operan en contra de las mujeres. Inicialmente se describe el contenido de la Ley Núm. 42-2018. Luego se discuten los datos demográficos de la población empleada en Puerto Rico, y la legislación vigente en Puerto Rico, así como las iniciativas de otras jurisdicciones para erradicar el discrimen laboral por género. Finalmente, el análisis se circunscribe a dos principios pilares de la administración pública: la equidad y la diversidad.

I. Disposiciones de la Ley Núm. 42-2018

La Ley Núm. 42-2018 fue aprobada posterior al estado de emergencia sobre infraestructura convocado por el exgobernador Hon. Rosselló Nevares. Esto ocurrió luego del desastre natural del huracán María en septiembre del 2017. Específicamente, esta Ley en su exposición de motivos plantea las siguientes expresiones:

[E]sta Asamblea Legislativa entiende necesario promulgar una legislación de avanzada que otorgue preferencia a negocios y proveedores locales de construcción. Dicho lo anterior, esta preferencia debe atenderse al efecto de que, en igualdad de condiciones, resultare que dos o más propuestas entre negocios locales o no, y ambas son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la agencia convocante, esta deberá́ tomar en cuenta para la decisión de adjudicar el proyecto a los contratistas locales. . . Con la presente Ley, se provee apoyo al desempeño de la economía local, puesto que, en materia de crecimiento económico, es fundamental que se diseñen y apliquen políticas estatales y municipales de desarrollo económico y social, congruentes con las tendencias económicas actuales. . . .6 

La Ley Núm. 42-2018 delegó a la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, “ASG”) la encomienda de velar porque se reserve al menos un 20 porciento de las contrataciones de obras gubernamentales o se creen Alianzas Público Privadas para que estas contrataciones se otorguen a negocios o proveedores locales de construcción.7 Además, la medida dispone los remedios ante el incumplimiento de la política de preferencia o cuota.8 En su artículo cuatro se esbozan los requisitos que deberán cumplir la ASG y las entidades gubernamentales. En específico, se enumeran quince procedimientos que entre otras medidas obligan a: (1) incluir una afirmación y reconocimiento oficial de la aplicación de la política de preferencia en cada una de las convocatorias a subasta o cualquier otro procedimiento de selección, adjudicación y contratación; (2) leer durante la apertura de la subasta y en el acto de adjudicación del contrato, las disposiciones de la Ley Núm. 42-2018; (3) reconocer el derecho de cada licitador a impugnar el procedimiento por no celebrarse de conformidad a la política de preferencia; (4) disponer que será anulable toda adjudicación de contrato que no se atenga a las disposiciones de la Ley; (5) permitir que cualquier persona natural o jurídica que se vea afectada por violaciones a la preferencia, solicite ante el Tribunal de Primera Instancia, la expedición de un interdicto para impedir, suspender y/o paralizar la ejecución de cualquier acción oficial; (6) implementar un procedimiento administrativo expedito, a favor del licitador que impugne la legalidad de la subasta o cualquier otro procedimiento adjudicativo; (7) certificar bajo juramento, que no existen productores locales que puedan suplir las necesidades de los materiales y los productos objeto de licitación; (8) establecer un sistema de medición del por ciento de compras que hacen las agencias, corporaciones públicas y municipios de productos manufacturados y servicios generados en Puerto Rico por las industrias de capital local, y (9) rendir un informe detallado de cumplimiento con esta Ley ante las comisiones de Hacienda y las secretarías de ambos cuerpos –la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Inversión para la Industria Puertorriqueña–.9

Los intereses concertados del gobierno por hacer realidad las cuotas a favor de las compañías locales de construcción denotan el alcance del Estado en su función de velar por el bienestar de todos y todas. Al hacer e implementar política pública el Estado incurre en un:

[C]omportamiento intencional y planeado cuya legitimidad proviene de un mandato electoral y unos compromisos partidistas. Sin embargo, la convivencia democrática en las sociedades pluralistas y abiertas incorpora diversos actores políticos, económicos y sociales más allá de las intenciones originales de los detentores del poder político en ese momento. . . De esta manera, la acción intencional originaria de los gobernantes estará seriamente restringida por el funcionamiento global del sistema político-valorativo.10

Por consiguiente, las políticas públicas deben ser el resultado de la representatividad y la participación de los diversos grupos sociales y a su vez, deben estar cimentadas en la “[e]quidad, sentido de justicia social y compromiso con los sectores sociales en desventaja económica y social”.11 Mediante la representatividad y participación de los diversos grupos se pueden impulsar medidas atinadas, en concierto con el contexto y sus necesidades. La Ley Núm. 42-2018 hace eco de este racionamiento; implementar una cuota para poner en igualdad de condiciones a las empresas de la construcción en Puerto Rico con respecto a las extranjeras supone el reconocimiento del Estado de la desventaja social y económica que los grupos locales sufren. En este sentido, el criterio valorativo del Estado de las tendencias económicas actuales y sus retos no reconoce con la misma urgencia la sexualización de la industria de la construcción en Puerto Rico como un asunto que genera desigualdad de oportunidades y limitaciones financieras para las mujeres. Es menester definir el alcance de este problema en términos sociales, políticos y económicos.

II. El género, la sexualización de los trabajos y el inmovilismo social

Se anticipa que, para los efectos de esta investigación, el género se entiende como el conjunto de expectativas predispuestas al nacimiento de una persona de acuerdo a sus genitales.12 “A grandes rasgos el concepto de género se refiere al conjunto de valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a mujeres y hombres”.13 Cuando un ser humano nace, las personas inmediatas lo identifican con un sexo, ya sea femenino o masculino, y esto acarrea expectativas sobre las conductas, la manera de hablar, de socializar, las aspiraciones profesionales y personales, entre otras.14 No obstante, desde antes del nacimiento, el género es impuesto a las personas.15 Una vez se identifican los genitales del feto, la familia selecciona el color para la habitación, el tipo de ropa con los colores y los dibujos que tendrá, entre tantas otras cosas. Tan pronto el bebé nace todos esos objetos, así como las acciones de las personas inmediatas, le enseñan qué recorte de pelo llevar, qué juguetes utilizar, qué círculo de amistades elegir, cómo saludar a sus amigos y amigas, por solo mencionar algunas. En resumen, el género es “la construcción de una gama de expectativas en el comportamiento de hombres y mujeres que conforman atributos, actuaciones, derechos y privilegios sociales”.16    

Sin embargo, la literatura reseña que el género no se queda en el núcleo familiar.17 En los espacios laborales, también existe una estratificación de las ocupaciones por género.18 Como ejemplo, al hacer una búsqueda en la web con la frase trabajo en construcción, las primeras imágenes que de manera inmediata acaparan la pantalla reivindican la sexualización de este campo laboral. Mayormente, las personas que desempeñan los trabajos en las imágenes son hombres.

La estratificación de las ocupaciones por género, o la sexualización de los trabajos se refiere a la atribución de cualidades femeninas o masculinas a los trabajos.19 La sexualización de los trabajos se manifiesta a través del sesgo por género, que se refiere a “las actitudes o comportamientos. . . basados en estereotipos sobre la verdadera naturaleza y el papel adecuado de las mujeres y los hombres, o mitos y falsos conceptos sobre las verdades económicas y sociales que enfrentan los dos sexos”.20 Implica que cada trabajo tiene una naturaleza y que, de acuerdo con el sexo biológico, ciertas personas pueden destacar en unas áreas profesionales y otras personas, en otras áreas. Entre sus efectos, la sexualización de los trabajos entorpece la movilidad social, que se define como la capacidad de las personas de una sociedad para cambiar su nivel socioeconómico.21

A. Inmovilismo social  en Puerto Rico y los fondos CDBG-DR

Según la economista Eileen Segarra, existe un vínculo entre los desastres atmosféricos y el nivel de pobreza en los países. Por ejemplo, el huracán Mitch de 1998 aumentó el por ciento de ciudadanos hondureños bajo pobreza de 69.2 porciento a 74.6 porciento.22 Cónsono con las experiencias en otras jurisdicciones, Segarra proyectó que, en Puerto Rico, la tasa de pobreza tras el paso del huracán María alcanzaría el 50 porciento.23 En efecto, el Censo de los Estados Unidos reportó que en el 2018 las personas bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico representaban el 43 porciento de la población total.24  

El contexto socioeconómico de Puerto Rico, previo al paso del huracán María en 2017, tampoco era óptimo para afrontar las consecuencias del fenómeno atmosférico. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico de 2016:

En los pasados diez años, la tasa de pobreza se ha mantenido en un 45%. Ni la migración de los últimos ocho años (más de medio millón de personas), ha podido contrarrestar el embate de la depresión económica y la persistencia de ese alto nivel de pobreza. El 37% de toda la población recibe ayuda alimentaria y 1,566,571 personas de 16 años o más están fuera de la fuerza laboral (53.4%). Entre la clase media y alta hay cierta percepción de que las políticas a favor de los pobres se hacen a expensas de ellos, aun cuando esas transferencias provienen del gobierno federal norteamericano. Pese al cambio en los indicadores a nivel de Puerto Rico completo, todavía existe gran disparidad y el 75% de la población sobrevivía en 2012 con menos de $14,340. 25 

Los hallazgos demográficos esbozados denotan la necesidad de crear opciones para revertir el inmovilismo social. Es decir, que las personas logren la movilidad social, a través de alternativas que les permitan cambiar su condición social y económica.26 Ante este escenario, los fondos asignados por el Community Development Block Grant Disaster Recovery Program (en adelante, “CDBG-DR”) suponen una ayuda para mitigar el impacto socioeconómico en Puerto Rico. Se espera que estos inyecten una cifra millonaria para la reconstrucción de Puerto Rico y, por consiguiente, para la economía y la empleomanía en el país. De acuerdo con el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, los fondos CDBG-DR son “una asignación de fondos provenientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), disponibles cuando el presidente [de Estados Unidos]declara un desastre mayor y hay necesidades significativas insatisfechas [que no se pudieron atender con los fondos aprobados por el Federal Emergency Management Agency ( FEMA, por sus siglas en inglés)]para la recuperación a largo plazo”.27

El Departamento de la Vivienda es la agencia identificada en Puerto Rico con el potencial para recibir y administrar los millonarios suministros federales. Los fondos serán asignados a cinco tipos de programas: Planificación, Vivienda, Economía, Infraestructura y Multisectorial.28 Entre las cinco categorías, el Departamento de la Vivienda planifica destinar la mayor parte de los recursos económicos al Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, en la categoría de Vivienda.29  Este hallazgo concuerda con el análisis de los economistas Deepak Lamba y Raúl Santiago sobre el desembolso de los fondos aprobados por FEMA en Puerto Rico, posterior al huracán María. Según los economistas:

Un examen cuidadoso de las asignaciones según las categorías de seis dígitos del NAICS muestra que el gasto federal para trabajos después del huracán María abarca 252 sectores industriales. Poner en orden los 20 sectores NAICS principales muestra una tendencia más clara del tipo de trabajo que se está contratando . . . La porción mayor de los fondos se ha asignado a trabajos de construcción, en particular en las áreas de construcción de edificios, de energía eléctrica y de techos.30 

B. Hallazgos históricos de las mujeres puertorriqueñas en la fuerza laboral

Ante el escenario de los fondos federales y las oportunidades de empleo, principalmente en la construcción, es meritorio destacar cómo los procesos políticos inciden en el acceso a la fuerza laboral. Una mirada histórica a las variables género y demanda laboral es importante para reconocer las implicaciones que el sesgo laboral por género podría acarrear en el escenario de la reconstrucción del país, en términos de las oportunidades de empleo proyectadas en esta industria.

La primera fase del movimiento Manos a la Obra en 1947, marcó un punto de partida significativo para el desempeño y el desarrollo laboral de las mujeres en Puerto Rico. Según la socióloga Palmira Ríos, las iniciativas económicas de los líderes políticos de esa época no tuvieron la intención de favorecer a las mujeres.31 Sin embargo, el sesgo laboral por razón de género, en ese entonces, incentivó la fuerza laboral femenina. Las mujeres eran contratadas para ejecutar tareas principalmente manuales, como la costura y el ensamblaje.32 Para el 1970, la fuerza laboral femenina llegó a representar el 31% de la fuerza laboral.33

Tanto en la década de los años 1950 como en el contexto histórico actual, las políticas públicas implementadas no están exentas de las premisas culturales sobre los géneros.34  Por ejemplo, en la época de Manos a la Obra, el oficial de la Administración de Fomento Económico (en adelante, “Fomento”), Hubert Barton, manifestó que era necesario contrarrestar las medidas de la empleomanía en las fábricas de Fomento, en donde dos terceras partes de la mano de obra eran mujeres.35 Por el contrario, este se pronunció a favor de la industria pesada, bajo la premisa de que las tareas en esta industria crearían empleos para los hombres.36 

La propuesta de Barton, sobre la industria pesada, se implementó y tuvo repercusiones a largo plazo. Según los datos estadísticos, entre 2005 a 2016, la participación laboral femenina en la industria de la construcción en Puerto Rico fue casi inexistente.37 La misma fuente reseña que, en ese mismo lapso, la mayoría de las mujeres ocuparon los trabajos de prestación de servicios debido al sesgo laboral por género.38

C. Las mujeres en la fuerza laboral de Puerto Rico en la actualidad

Para el 2018, en Puerto Rico vivían 3,195,153 personas, entre estas 1,520,415 eran hombres y 1,674,738 eran mujeres.39 En términos proporcionales, en el país viven más mujeres que hombres con un 52 porciento y 48 porciento, respectivamente.  Según el Departamento del Trabajo, en el 2018 la tasa de participación laboral fue de 40.4 porciento.40 “Los datos desagregados por sexo reflejaron una tasa de participación de la mujer [de]33.2 porciento y para el hombre, de 48.9 porciento”.41 Al mismo tiempo, el Departamento del Trabajo documentó en el 2018 que:  

El sector de servicios representa ahora la primera fuente de empleo para las mujeres (156,000); le sigue el comercio con 108,000 empleadas. Otro sector importante lo fue la administración pública, con 102,000 trabajadoras. El sector manufacturero, quien fuera la industria con mayor empleo femenino en el 1970, hoy [2018] representa el 6.9 por ciento equivalente a 30,000 trabajadoras.42

Los sectores industriales donde la participación de la mujer es menor son construcción, agricultura y transportación. En resumen, los sectores de servicios, administración pública y comercio son las fuentes principales de empleo para la mujer.43

Estas tendencias de participación laboral responden a los valores culturales que circunscriben, limitan y hasta excluyen a las mujeres de unos espacios de trabajo, y a los hombres de otros.44 Evidentemente, en el contexto de la asignación de fondos para reconstruir la infraestructura y las viviendas en Puerto Rico, la industria de la construcción no representa una posibilidad de empleo para las mujeres. El informe del Departamento del Trabajo de 2019 resalta que se dejó de reportar la participación de las mujeres en la industria de la construcción por la casi inexistente cantidad de mujeres contratadas en este campo laboral. Por consiguiente, en Puerto Rico, la abrumadora mayoría de los trabajadores en la construcción son hombres.45

Por otro lado, el Censo para la Comunidad de Puerto Rico contiene un registro de las ocupaciones en las que estuvieron empleados los ciudadanos y las ciudadanas puertorriqueñas desde el 2005 hasta el 2016; aunque los datos para el año 2014 no fueron reportados.46 Las ocupaciones reportadas por género fueron, desde el 2005 hasta el 2009:  (1) gerencia, profesionales y otras relacionadas; (2) servicio; (3) ventas y oficina; (4) granja, pesca y silvicultura; (5) construcción, extracción, mantenimiento y reparación, y (6) producción, transporte y traslado de materiales.

Algunas de las ocupaciones reportadas entre 2010 a 2016, con excepción de 2014, aunque similares a las anteriores, cambiaron. No obstante, las ocupaciones de granja, pesca y silvicultura dejaron de reportarse. En lugar de seis ocupaciones, desde el 2010 al 2016 se registraron las siguientes cinco: (1) gerencia, negocios, ciencia y arte; (2) servicio; (3) ventas y oficina; (4) recursos naturales, construcción y mantenimiento, y (5) producción, transporte y traslado de materiales.47

Desde el 2005 hasta el 2009 los datos son muy similares. En el año 2005, la población civil femenina empleada se desempeñó principalmente en las ocupaciones de ventas y oficina, 37.60 porciento, seguido por las ocupaciones de gerencia, profesionales y otras relacionadas, 36.30 porciento. Los porcentajes de participación de los hombres en estas áreas fueron 19.90 porciento y 23.00 porciento, respectivamente. Mientras la población civil masculina empleada superó la participación femenina en construcción, extracción, mantenimiento y reparación, con 19.90 porciento; y en producción, transporte y traslado de materiales, con 17.40 porciento. En estas últimas dos categorías de ocupaciones hubo 0.50 porciento y 6.30 porciento de participación femenina, respectivamente.48

A partir del 2010 hasta el 2016, el Censo para la Comunidad de Puerto Rico editó las ocupaciones registradas. La clasificación ocupaciones de gerencia, profesionales y otras relacionadas cambió por ocupaciones de gerencia, negocios, ciencia y arte, mientras que ocupaciones en construcción, extracción, mantenimiento y reparación se reclasificó como ocupaciones en recursos naturales, construcción y mantenimiento. A pesar de estos cambios, las tendencias, en cuanto a la proporción en cada ocupación por género, se mantuvieron similares a los datos reportados entre 2005 y 2009. La tasa de participación laboral en construcción, transporte y traslado de materiales, entre 2005 y 2016, fluctuó entre 0.30 porciento a 0.80 porciento para las mujeres.49 Es decir, que del 100 porciento de las mujeres empleadas para cada añ0, entre el 2005 y 2016, no hubo más de 0.80 porciento mujeres trabajando en la construcción, transporte y traslado de materiales. Cónsono con la información descrita, las tres ocupaciones en las que se detectó una mayor sesgo laboral por género fueron: (1) ventas y oficina; (2) construcción, extracción, mantenimiento y reparación, y (3) producción, transporte y traslado de materiales.50

  1. La equidad y diversidad en la política pública

Debido a la existencia y participación de grupos diversos en los asuntos sociales, la equidad y el sentido de justicia social son imprescindibles al implementar políticas públicas.51 En torno a los sesgos por género en el ámbito laboral, estos dos principios —equidad y diversidad— son de vital importancia. 

Según Aristóteles, lo equitativo es lo justo que está fuera de la ley, porque cuando los legisladores hablan de la universalidad, representativa de la mayoría, excluyen a muchos otros.52 Precisamente, la inequidad entre los hombres y las mujeres responde a la noción de la masculinidad como lo universal, o la norma.53 Además, culturalmente existe un predominio o valorización de lo masculino como referente para definir los espacios públicos. Así lo sugiere Mora al expresar que “en el mercado laboral existe una correlación entre la ‘deseabilidad’ de un trabajo y el grupo —en este caso el género— más probable de ocuparlo”.54

Por consiguiente, la equidad, como aspiración social amerita reconocer las diferentes condiciones entre los grupos.55 Desde la perspectiva de género, “la igualdad no se puede alcanzar” sin admitir que “las diferencias entre mujeres y hombres se han transformado en desigualdades socioeconómicas, políticas, culturales y laborales entre hombres y mujeres y en donde las relaciones entre ambos son relaciones de poder asimétricas, colocando a las mujeres en posiciones de subordinación”.56 Es importante compensar las desventajas que implica el género, como estrategia para buscar la justicia mediante la igualdad de oportunidades.57

A pesar de la supresión de las leyes que discriminan por razón del género, los grupos desfavorecidos siguen encontrando obstáculos para alcanzar la justicia, ya que “se trata de grupos que encuentran especialmente complicado el ingreso a la igualdad de oportunidades pues, aunque no existan leyes que limiten su participación en la sociedad democrática, no podemos perder de vista el peso que imprimen las ideas discriminatorias del pasado en la estructura de las instituciones sociales”.58 Por las mismas razones, la diversidad en los espacios de trabajo, predominantemente masculinos, continúa representando un reto para las mujeres.

Por ejemplo, Izquierdo, Huse y Möltner compararon las experiencias de Reino Unido y España con el aumento de las mujeres en los consejos de las empresas. Entre las conclusiones principales, reportaron que los miembros coincidieron en que las cuotas ayudan a adoptar la diversidad como parte intrínseca de las operaciones, en lugar de incluir a más mujeres en el consejo como una obligación.59 La cuota impuesta por ley, sostuvieron los participantes, permitiría contrarrestar otros factores que producen un sesgo masculino en el reclutamiento de los miembros del consejo, como: la cantidad mayoritaria de hombres en la reserva de personas “con experiencia previa como consejeros o altos directivos”, que los predispone a desempeñar los puestos de poder y excluye a las candidatas femeninas; y “el papel dominante de los hombres en las redes informales de amistades y relaciones empresariales, utilizadas en la práctica por los ejecutivos. . . para seleccionar el grupo de candidatos potenciales para cargos en el consejo”.60

Conclusión

Aunque loable, la Ley Núm. 42-2018, responde de manera deficiente al contexto de estado de emergencia en cuanto a infraestructura en Puerto Rico. La literatura reseña que la sexualización de los trabajos limita la contratación de las mujeres en la industria de la construcción y por consiguiente, su acceso a los recursos económicos o ingresos en este tipo de trabajo. Por lo tanto, el sesgo laboral por razón de género opera como una barrera contra la movilización social, que debe ser atendida mediante la implementación de las leyes con perspectiva de género. Si es factible decretar un estado de emergencia por infraestructura y proceder a crear una cuota para discriminar a las empresas de construcción extranjeras a favor de las locales, también es posible reconocer que la industria de la construcción es predominantemente masculina y crear cuotas que incentiven la contratación de las mujeres en esta industria. Es inadmisible que los gobiernos finjan tener ojos ciegos ante un problema tan trascendental como el discrimen por género. Como bien plantea Santana Rabell, “[m]ientras los problemas presentan una perspectiva a largo plazo, los políticos se preocupan por la reelección, recomendando soluciones simbólicas o propagandísticas cuyos efectos —si algunos— se limitan al corto plazo”.61 

Atender el inmovilismo social que representa la sexualización de los trabajos requiere de un compromiso de país, de cada una de sus agencias públicas y privadas. A nivel nacional, los planes de acción sobre equidad de género se adoptan como programas de trabajo del “mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres” y no como “un compromiso de todo el Estado”.62 Esto implica que las diferentes agencias y foros públicos se ven absueltos de atender el plan nacional porque esperan que las oficinas de la mujer , en América Latina y el Caribe, formulen, implementen y regulen las políticas públicas necesarias.63 El silencio en las legislaciones sobre el tema de género es un síntoma grave que denota apatía social sobre la sexualización de los trabajos y las consecuencias desacertadas que esto acarrea para el desarrollo del país.

En Puerto Rico, a pesar de la existencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico, permea una ignorancia nacional sobre los temas de perspectiva de género. Todavía, el género queda supeditado a otros temas, supuestamente, de mayor relevancia para el gobierno, o mejor dicho, para el gobernante en turno y su gabinete. La Ley Núm. 42-2018 es un ejemplo, entre muchos, de políticas públicas en las que se habla de igualdad y justicia en desconsideración total de las consecuencias lacerantes de no integrar la perspectiva de género, no tan solo para las mujeres en desventaja, sino para el país. Desconectados de la realidad, en Puerto Rico persiste una resistencia a implementar política pública sobre equidad de género, mientras que en países como Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia sí se han implementado y consecuentemente, en los últimos cuarenta a cincuenta años, estos países han experimentado un crecimiento en el Producto Interno Bruto per cápita, entre un 10 porciento a 20 porciento.64 Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (también conocida como “OCDE”) estima una pérdida de ingresos asociada con el discrimen de género de 12 billones de dólares, o el 16 porciento del  ingreso global.65 Esto es indicativo de que, además de representar un serio problema de derechos humanos, las repercusiones del sesgo laboral por razón de género, a largo plazo, no solo afectan a las mujeres discriminadas, sino que repercuten en el desarrollo económico, social y político de los países.

En el contexto de la Ley Núm. 42-2018, según la exposición de motivos, su aprobación respondió a la necesidad de desarrollo económico en Puerto Rico. El gobernador en turno reconoció la actividad de la construcción como un “importante componente económico”.66 Sin embargo, aunque en la exposición de motivos se alude a la “igualdad de condiciones”, y al diseño y a la aplicación de “políticas estatales y municipales de desarrollo económico y social, congruentes con las tendencias económicas actuales”,67 el silencio que guarda esta legislación con relación a la acción afirmativa y a la creación de cuotas para las mujeres en la industria de la construcción coarta las aspiraciones en esta Ley. Ni la Ley Núm. 42-2018, ni ninguna otra en el cuatrienio 2016-2020 impulsa con la misma convicción de justicia y de sentido de urgencia la imposición de una cuota para subsanar la desigualdad de condiciones en la oferta de oportunidades, para la contratación de las mujeres en la industria de la construcción, ni en ninguna otra industria sexualizada.


*Estudiante de cuarto año del grado conjunto entre la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR); funge como Redactora de la Revista Jurídica In Rev, Volumen XC. Agradezco a la Dra. Luz Mairym López Rodríguez, profesora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella; su valiosa mentoría fue fundamental para completar mi investigación de maestría “La sexualización de los trabajos como causante del inmovilismo social para las mujeres en Puerto Rico”, que inspiró la redacción de este artículo.

  1. United States Census Bureau, Occupation by Sex for the Civilian Employed Population 16 Year and Over, United States Census Bureau https://data.census.gov/cedsci/table?t=Employment%3AOccupation&g=0400000US72&tid= ACSST1Y2019.S2401&hidePreview=false (última visita 14 de noviembre de 2020). Este hallazgo, así como los discutidos en las notas al calce 2, 37, 38 y en los últimos cuatro párrafos del inciso C, son producto del análisis exhaustivo de los datos sobre las ocupaciones por sexo de la población civil empleada, con diez y seis años o más, en Puerto Rico, entre el 2005 al 2016. Las variables estudiadas fueron: año, sexo y ocupación. Se estudió el porcentaje de participación laboral de los hombres y las mujeres en cada una de las ocupaciones más adelante descritas. Al interpretar los porcentajes, cuando lea que en el 2005 hubo 0.50 porciento de mujeres en la industria de la construcción, esto significa que del 100 porciento de las mujeres empleadas en ese año, el 0.50 porciento trabajó en la industria de la construcción. No interprete que esa fue la cantidad de mujeres, desempeñando en la construcción, del universo de los trabajadores y las trabajadoras en esta industria.
  2. Id.
  3. DEEPAK LAMBA-NIEVES & RAÚL SANTIAGO BARTOLOMEI, TRANSFORMANDO LA RECUPERACIÓN EN CRECIMIENTO LOCAL: CONTRATACIONES FEDERALES EN EL PERIODO POSDESASTRE, 6 (2018), http://grupocne.org/wp-content/uploads/2019/04/Contrataciones_federales_FINAL_conportada.pdf.
  4. Exposición de motivos, Ley de preferencia para contratistas y proveedores locales de construcción, Ley Núm. 42-2018, http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Construccion/42-2018.pdf (última visita 14 de noviembre de 2020).
  5. Id.
  6. Id.
  7. Ley de preferencia para contratistas y proveedores locales de construcción, Ley Núm. 42 de 21 de enero de 2018, 3 LPRA § 8673 (2019).
  8. Id. § 8674.
  9. Id.
  10. Leonardo Santana Rabell, Gobernabilidad democrática y reforma de la administración pública: Un esquema multidimensional, 31-32 Revista de Administración Pública 179, 193 (1998), https://revistas.upr.edu/index.php/ap/article/view/608/561.
  11. Id.
  12. Cristina Palomar Verea, La política de género en la educación superior, 21 La Ventana 7, 8 (2005), http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v3n21/1405-9436-laven-3-21-7.pdf.
  13. María Candelaria Navas, Equidad de Género: Una aproximación histórica a las Políticas Públicas para la equidad de género en El Salvador, 5 Revista Conjeturas Sociológicas 48, 52 (2017), http://revistas.ues.edu.sv/index.php/conjsociologicas/article/view/404/0.
  14. Elizabeth Iñiguez de Salinas, Las juezas en los tribunales, cortes y salas constitucionales, 1 Estudios Constitucionales 537, 542 (2003), https://www.redalyc.org/pdf/820/82010121.pdf.
  15. Id.
  16. Mercedes Matos Matos, Deuda pendiente: el género marcando la economía de las mujeres, 89 Revista Cayey 45, 47 (2009),  https://cayey.upr.edu/wp-content/uploads/sites/10/2016/01/Revista-Cayey-89.pdf.
  17. Id.
  18. PALMIRA N. RÍOS GONZÁLEZ, GENDER, INDUSTRIALIZATION, AND DEVELOPMENT IN PUERTO RICO, WOMEN IN THE LATIN AMERICAN DEVELOPMENT PROCESS 125 (Christine E. Bose & Edna Acosta-Belén eds., 1995).
  19. Id.
  20. Iñiguez de Salinas, supra nota 14, en la pág. 544.
  21. Andrea Estefanía García Maradiaga, Políticas públicas y pobreza desde el caso de Honduras, 19 Revista CIS 59, 72 (2015), https://revistacis.techo.org/index.php/Journal/article/view/44/52.
  22. Eileen V. Segarra Alméstica, María y la vulnerabilidad en Puerto Rico, 39 Revista de Administración Pública 13, 14 (2018), http://sociales.uprrp.edu/cemgap/wp-content/uploads/sites/19/2018/04/Edicion-especial_Revista-Administracion-Publica.pdf.
  23. Id.
  24. United States Census Bureau, supra nota 1.
  25. INSTIUTO DE ESTADISTICAS DE PUERTO RICO, INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO PUERTO RICO 2016 195 (2018), https://www.estadisticas.pr/files/Publicaciones/INFORME_DESARROLLO_HUMANO_PUERTO_RICO_1.pdf.
  26. García Maradiaga, supra nota 21, en la pág. 72.
  27. Departamento de la Vivienda Gobierno de Puerto Rico, Preguntas Frecuentes, CDBG-DR.PR.GOV, https://www.cdbg-dr.pr.gov/preguntas-frequentes/. (última visita 14 de noviembre de 2020).
  28. Departamento de la Vivienda Gobierno de Puerto Rico, Programas Recientes, CDBG-DR.PR.GOV, https://cdbg-dr.pr.gov/programas/.(última visita 15 de noviembre de 2020).
  29. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA GOBIERNO DE PUERTO RICO, PUERTO RICO: PLAN DE ACCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES PARA LA UTILIZACIÓN DE FONDOS CDBG-DR EN REPUESTA A LOS HURACANES IRMA Y MARÍA  119-21 (2017), https://www.cdbg-dr.pr.gov/download/5ta-enmienda-al-plan-de-accion-enmienda-sustancial/?ind=1599766778627&filename=1599766771wpdm_Action%20Plan%20Amendment%205 _Substantial_ES%20(DRAFT%20FOR%20PUBLIC%20COMMENT)_.pdf&wpdmdl=13940&refresh=5faeed5b45acd1605299547 (última visita 15 de noviembre de 2020).Este documento es un borrador el cual está sujeto a cambios. [1] LAMBA-NIEVES & SANTIAGO BARTOLOMEI, supra nota 3, en la pág.6.
  30. LAMBA-NIEVES & SANTIAGO BARTOLOMEI, supra nota 3, en la pág.6.
  31. Palmira N. Ríos González, Export-oriented industrialization and the demand for female labor: Puerto Rican women in the manufacturing sector, 1952-1980, 4 Gender & Society 321, 328-329 (1990), 10.1177/089124390004003004.
  32. RÍOS GONZÁLEZ, supra nota 18,en la pág. 137.
  33. DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, PARTICIPACIÓN DE LA A MUJER EN LA FUERZA LABORAL: PROMEDIO AÑO NATURAL 2018 (REV. CENSO 2010) 2 (2018), https://estadisticas.pr/files/Inventario/publicaciones/DTRH_PARTICIPACION_MUJER_FUERZA_LABORAL_2018.pdf. 
  34. Zuleika Vidal Rodríguez, Retos y prospectivas hacia una nueva política pública feminista en Puerto Rico, 5 AnálisiS 109, 111 (2004), https://revistas.upr.edu/index.php/analisis/article/view/13516.
  35. RÍOS GONZÁLEZ, supra nota 18 en la pág. 140(citando aHUBERT BARTON, IN THE AMERICAS IN THE NEW INTERNATIONAL DIVISION OF LABOR 26-45 (1957)).
  36. Id.
  37. United States Census Bureau, supra nota 1.
  38. Id.
  39. United States Census Bureau, 2018 American Community Survey 1-year estimates, United States Census Bureau https://data.census.gov/cedsci/table?t=Age%20and%20Sex%3APopulations%20and%20People&g=0400000US72&y=2018&tid=ACSST1Y2018.S0101&hidePreview=false (última visita 15 de noviembre de 2020).
  40. DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, supra nota 33, en la pág. 1.
  41. Id. en la pág. 1.
  42. Id.
  43. Id. en la pág. 3.
  44. Ángel L. Rivera Aponte & Annette López de Méndez, Escolaridad y ocupaciones de la fuerza laboral femenina en Puerto Rico, 23 Revista de Educación de Puerto Rico 171, 186 (2008), http://cie.uprrp.edu/cuaderno/download/numero_23/vol23_08.pdf.
  45. DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, supra nota 33, en la pág. 3.
  46. United States Census Bureau, supra nota 1.
  47. Id.
  48. Id.
  49. Id.
  50. Id.
  51. Santana Rabell, supra nota 10 en la pág. 193-194.
  52. Valeria López Vela, Acción afirmativa y equidad: Un análisis desde la propuesta de Thomas Nagel, 7 Revista de filosofía open insight 49, 69-70 (2016), http://www.scielo.org.mx/pdf/rfoi/v7n12/2395-8936-rfoi-7-12-00049.pdf.
  53. Candelaria Navas, supra nota 13, en la pág. 56.
  54. Claudia Mora, Interseccionalidad y fronteras sociales: género y clase social en el mercado laboral chileno, 156 Estudios públicos 47, 52 (2019), https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20191205/20191205130626/rev156_cmora.pdf.
  55. Candelaria Navas, supra nota 13, en la pág. 60.
  56. Id. en la pág. 56.
  57. López Vela, supra nota 51, en las págs. 58-59.
  58. Id. en la pág. 59.
  59. IRIAN IZQUIERDO, ET AL., LA CREACIÓN DE VALOR EN LOS CONSEJOS Y LA DIVERSIDAD DE GÉNERO 62 (2016), https://biopen.bi.no/bi-xmlui/bitstream/handle/11250/2408360/2016-02-Spanish%20version.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
  60. Id. en la pág. 66.
  61. Santana Rabell, supra nota 10, en la pág. 184.
  62. Lieve Daeren, Enfoque de género en la política económica-laboral. El estado del arte en América Latina y el Caribe,  29 CEPAL – SERIE MUJER Y DESARROLLO 15 (2001), https://digitallibrary.un.org/record/436641?ln=es#record-files-collapse-header.
  63. Id.
  64. OECD, IS THE LAST MILE THE LONGEST? ECONOMIC GAINS FROM GENDER EQUALITY IN NORDIC COUNTRIES 1 (2018), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1212196/FULLTEXT01.pdf.
  65. Gaëlle Ferrant & Alexandre Kolev, Does gender discrimination in social institutions matter for long-term growth? Cross-country evidence 28  (OECD DEVELOPMENT CENTRE, Working Paper No. 330, 2016), http://online.kottakkalfarookcollege.edu.in:8001/jspui/bitstream/123456789/403/1/5jm2hz8dgls6-en.pdf .
  66. Exposición de motivos, Ley de preferencia para contratistas y proveedores locales de construcción, Ley Núm. 42-2018, http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Construccion/42-2018.pdf (última visita 14 de noviembre de 2020).
  67. Id.
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