NOTA

Por: Ignacio Portela Cabán*

Introducción

En Estados Unidos muchos grupos minoritarios han sido oprimidos por prácticas discriminatorias que han resultado en que los hombres negros reciban sentencias por drogas un 13.1 por ciento más largas que las sentencias impuestas a hombres blancos.1 Los latinos tienen una probabilidad casi 6.5 por ciento mayor de recibir una sentencia federal por posesión de cannabis que los blancos no-hispanos.2 Lo anterior, junto a las encarcelaciones desproporcionadas de ochenta años debido a la prohibición del cannabis, ahora limita la participación de estos individuos en una de las industrias de más rápido crecimiento.3 A base de los hallazgos antes mencionados, el Representante de los Estados Unidos para el décimo distrito de Nueva York, Jerrold Nadler, introdujo en el Congreso el Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act ( en adelate, “MORE”) el 23 de junio de 2019.4 Sucesivamente, el 4 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El proyecto se aprobó con 228 votos a favor y 164 en contra.5 Pendiente de la aprobación del Senado, el propósito de MORE es, entre otras cosas, despenalizar y deschedule (desclasificar) el cannabis, reinvertir en determinadas personas afectadas negativamente por el War on Drugs (en adelante, “WoD”), y eliminar los antecedentes penales de ciertos delitos relacionados con el cannabis a determinadas personas.6

A continuación, se dará una breve explicación de los diferentes componentes y efectos que traería el proyecto actualmente en manos del Senado de Estados Unidos, según surge del propio proyecto de ley.

I. Despenalización

Tal como explica el proyecto de ley, las leyes de prohibición de cannabis resultan en más de 600,000 arrestos al año.7 Estos arrestos afectan, notablemente y de manera desproporcionada, a grupos minoritarios.8 Las personas que componen estos grupos tienen casi cuatro veces más de probabilidad de ser arrestadas por posesión de cannabis que las personas blancas.9 La cifra expuesta anteriormente resalta más cuando se considera que la tasa de uso de estas sustancias es igual entre las distintas poblaciones.10 A modo de ejemplo, el proyecto expone que “en el 2013 la simple posesión de cannabis fue la cuarta causa más común de deportación por cualquier delito y la causa más común de deportación por violaciones a leyes de drogas”.11

Es importante señalar que, a nivel federal, las drogas y algunas sustancias que se usan para fabricar drogas, se clasifican en cinco categorías o clasificaciones distintas.12 Dependiendo del uso médico aceptable de la droga y el potencial abuso o dependencia de la droga, la misma pertenecerá a una categoría distinta.13 Así, por ejemplo, las drogas de la Clasificación I tienen un alto potencial de abuso y el potencial de crear una mayor dependencia psicológica o física.14 Por consecuencia a medida que aumenta el número de clasificación de drogas, disminuye el potencial de abuso.15 La Clasificación I, en donde se encuentra la marihuana, es la que tiene el potencial de abuso mayor, mientras que la Clasificación V representa el potencial de abuso menor.16 La lista de drogas y sustancias, al igual que su categoría o clasificación se encuentra en el Controlled Substance Act ( en adelante, “CSA”).17

En cuanto a la marihuana o el cannabis, cuarenta y siete estados han revisado y reformulado sus leyes y reglamentos a pesar de esta pertenecer a la Clasificación I.18 MORE intenta reinventar el panorama en cuanto al tabú que existe sobre el cannabis. Este proyecto de ley elimina el cannabis y los tetrahidrocannabinoles (THC), ingrediente psicoactivo principal del cannabis de la Clasificación I del CSA.19 MORE, sin embargo, no se limita a solo esto. Este proyecto establece que ninguna de las dos cumple con los requisitos de inclusión en ninguna clasificación.20 Es decir, MORE propone una enmienda al CSA que establece que el cannabis y los tetrahidrocannabinoles no pertenecerán a ninguna de las clasificaciones dentro de esta ley.21

Es de suma importancia destacar que los cambios y las enmiendas de MORE sobre el CSA serían aplicados retroactivamente.22 Este detalle es crucial ya que, de no ser así, socavaría el propósito primordial de hacer el bien por las personas afectadas por el WoD. Según la cláusula de retroactividad del proyecto, esto significa que MORE se aplicará a “cualquier delito cometido, caso pendiente, condena ingresada y, en el caso de un menor, cualquier delito cometido, caso pendiente o sentencia de delincuencia juvenil ingresada antes, en o después de la fecha de promulgación de esta”.23 Por otro lado el proyecto dispone que, “a no más tarde de un año después de la fecha de promulgación de esta ley, cada distrito federal llevará a cabo una revisión comprensiva y emitirá una orden eliminando cada condena, o adjucación  de delincuencia juvenil, por delitos federales no-violentos relacionados al cannabis . . .”.24 Además, cada corte federal deberá emitir una orden eliminando cualquier arresto asociado con condenas o adjudicaciones de delincuencia juvenil asociadas con el uso, posesión o distribución de la marihuana.25 Sin embargo, estos delitos deben haber sido cometidos antes de la fecha de promulgación de esta ley y en o después del primero de mayo de 1971.26 En cuanto a los récords de los delitos, las cortes deben sellarlos y solo abrirlos para propósito de adjudicaciones y trámites ulteriores sobre la acción.27

II. Fondos de oportunidad

En el año 2017, las ventas legales de cannabis ascendieron a un total de $9.5 mil millones y se proyecta que para el 2022 alcancen $23 mil millones.28 “Según la American Civil Liberties Union (ACLU), le cuesta a los contribuyentes $3.6 mil millones al año hacer cumplir las leyes de prohibición del cannabis”.29 También, según el Congreso, las comunidades que han sido más afectadas negativamente por la prohibición del cannabis son las que menos se benefician de su mercado legal.30 Pues, “[m]enos de uno de cada cinco de los dueños de negocios de cannabis se identifican como personas que pertenecen a algún grupo minoritario y aproximadamente solo el cuatro por ciento son negros”.31 Tampoco resulta conveniente para la comunidad que, para obtener licencias de ventas, se requiere desembolsar grandes cantidades de dinero, que en algunas ocasiones llegan a ascender a más de $700,000.32

Además, la desproporción de arrestos de personas que pertenecen a grupos minoritarios hacen que sea particularmente difícil que estas ingresen al mercado legal del cannabis, ya que la mayoría de los estados prohíben la participación de las personas que hayan cometido delitos relacionados.33 Y por último, el acceso a capital e instrumentos de financiamiento para negocios de cannabis se ve mermado por las regulaciones federales, lo cual impacta de manera particular a estos mismos grupos minoritarios.34

Para combatir todo lo anterior, MORE añadiría varias secciones al Código de Rentas Internas del 1986 de Estados Unidos. Establecería dentro del Tesoro de los Estados Unidos un fondo que se conocerá como el Opportunity Trust Fund (en adelante, “Fondo”) y cierto marco legal para crear negocios de cannabis en el país.35 El Fondo se financiará con los ingresos netos del impuesto que grava cualquier producto de cannabis producido o importado a los Estados Unidos.36 El dinero depositado en el Fondo servirá, en parte, para crear varios programas que ayudan a las personas impactadas por el WoD. Entre ello, se crean tres notables programas: Community Reinvestment Grant Program, Cannabis Opportunity Program y el Equitable Licensing Grant Program.37 El primero le provee fondos a entidades elegibles para que administren servicios a individuos impactados por el WoD.38 Estos servicios incluyen: entrenamiento de trabajos, servicios legales civiles y penales relacionados al cannabis, programas de educación, programas de recreación y programas educativos de salud.39 El segundo le daría al Small Business Administration (SBA) la potestad de otorgarle fondos a estados o localidades elegibles para desembolsar préstamos a pequeños negocios de cannabis pertenecientes a personas afectadas por el WoD.40 El último le provee dinero a estados u organizaciones para que creen e implementen un sistema de licencias de cannabis para personas afectadas por el WoD, sujeto a ciertas condiciones.41

MORE requiere también que el Bureau of Labor Statistics recopile y publique con regularidad datos sobre la demografía de las personas que son dueños de negocios en la industria del cannabis e individuos que trabajan en dicha industria.42 Estos datos incluirían: edad, nivel educativo, situación familiar, raza, sexo, entre otros.43 Conforme al proyecto, el Bureau of Labor Statistics mantendrá confidencial y no publicará el nombre, la dirección y otra información que identifique a las personas empleadas en la industria del cannabis.44

Conclusión

Es indudable que, de ser aprobada, el Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act of 2020 sería una de las piezas legislativas mas revolucionarias en la última década. Serviría como primer paso en el proceso de deshacer las consecuencias del WoD, entre ellas la encarcelación masiva producto de la prohibición y el también el estigma hacia el cannabis. Aunque el proyecto de ley no delinea un plan para la comercialización del cannabis recreacional a nivel federal, sí lograría progresar la industria de muchas otras formas. Al utilizar varias de las herramientas que tiene el gobierno: el poder coercitivo de las leyes penales, el poder coercitivo de la extracción económica y el poder de incentivar actividades económicas, MORE busca contrarrestar los efectos del racismo sistémico que se ha inculcado y perpetuado mediante de la política pública federal del WoD. Al eliminar el cannabis como una sustancia de Clasificación I, se crea la oportunidad de hacer transacciones comerciales con esa sustancia. Además, con los impuestos generados, MORE pretende implementar medidas de justicia social para corregir los males que la sociedad le hizo a las poblaciones afectadas por el WoD.


* Estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Redactor de In Rev.

  1. Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement [M.O.R.E.] Act of 2020, H.R. 3884, 116th Cong. § 2(8) (2d Sess. 2020).
  2. Id.
  3. Id. § 2(2).
  4. H.R.3884 – MORE Act of 2020, CONGRESS.GOV, https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3884/actions (última visita  7 de marzo de 2021).
  5. Id.
  6. H.R. 3884.
  7. Id.  § 2(7).
  8. Id.
  9. Id.
  10. Id.
  11. Id. § 2(9) (traducción suplida).
  12. Drug Scheduling, DRUG ENFORCEMENT AGENCY,www.dea.gov/drug-scheduling (última visita  7 de marzo de 2021).
  13. Id.
  14. Id.
  15. Id.
  16. Id.
  17. Id.
  18. Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act of 2020, H.R. 3884, 116th Cong. § 2(4) (2d Sess. 2020).
  19. Id. § 3(a)(2).
  20. Id.
  21. Id.
  22. Id. § 3(d).
  23. Id. (traducción suplida).
  24. Id. § 10(a)(1).
  25. Id.
  26. Id.
  27. Id. § 10(a)(4).
  28. Id. § 2(5).
  29. Id. § 2(6) (traducción suplida).
  30. Id. § 2(1).
  31. Id. § 2(10) (traducción suplida).
  32. Id. § 2(11).
  33. Id. § 2(12).
  34. Id. § 2(13).
  35. Id. § 5.
  36. Id.
  37. Id. § 6.
  38. Id.
  39. Id.
  40. Id.
  41. Id.
  42. Id. § 4.
  43. Id.
  44. Id. § 4(c).
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