ENSAYOS

Este artículo forma parte de la edición especial sobre el acceso a la justicia en tiempos de desastres en colaboración con la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ).*

Por: María Elena Ortiz Collazo**

Desde el 20 de septiembre de 2017 no hay un solo puertorriqueño o puertorriqueña a quien el nombre María le pase inadvertido. Todas y todos quedaron marcados por los estragos causados por María, un huracán categoría cuatro—el segundo más potente en azotar a Puerto Rico en su historia—1 que se sumaba a los efectos causados por el huracán Irma, a quien María, a escasas dos semanas, le siguió los pasos. La devastación causada por ambos fenómenos hizo aflorar el impulso de ayudar, que caracteriza a nuestra bendita tierra, así como la solidaridad de individuos y grupos más allá de sus fronteras.2 Del mismo modo, quedaron desveladas las injusticias sociales que enfrentan los más vulnerables: los pobres, los adultos mayores, las personas con condiciones de salud críticas y otras poblaciones marginadas.3 La respuesta colectiva y generosa se tradujo en programas dirigidos a atender las necesidades de conciudadanos asolados por la crisis.4

Las cinco regiones más afectadas, entre ellas la región de Caguas, fueron identificadas por la Fundación Fondo Acceso a la Justicia, Inc. (en adelante, “FFAJ”) como aquellas con mayor urgencia de colaboración por parte de distintos sectores en la prestación de servicio legal gratuito a la población adulta mayor —cincuenta años o más—.5 La Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (en adelante, “UAGM-Gurabo”), entonces Universidad del Turabo, atendiendo a su misión universitaria, aprovechó la coyuntura para fortalecer su vinculación con el entorno social. El Proyecto Servicios Legales de Emergencia AARP-UT, (en adelante, “Proyecto”), un programa subvencionado en parte por el Fondo Legal de Emergencia AARP de la FFAJ, fue el instrumento que entrelazó las necesidades de índole legal de la comunidad con la dimensión social de la misión universitaria. Este escrito presenta las experiencias del Proyecto; luego, examina el conocimiento práctico y teórico adquirido y partiendo de este, presenta unas recomendaciones dirigidas a mejorar el acceso legal a la justicia a los adultos mayores de cara al futuro. Finalmente, recoge una reflexión acerca del rol de la academia ante las realidades y los retos que estos desastres visibilizan, dentro del marco de la responsabilidad social universitaria.

El Proyecto tuvo el objetivo de suplir las necesidades de servicios legales gratuitos a los adultos mayores víctimas de estos huracanes y pertenecientes a los pueblos que comprende la Región Judicial de Caguas. Es decir, Aguas Buenas, Caguas, Cidra, Gurabo, Juncos y San Lorenzo, durante un período inicial de seis meses, el cual posteriormente se extendió por cuatro meses adicionales:desde marzo a diciembre de 2018. De la mano, persiguió fortalecer los vínculos con el entorno social, identificar las necesidades de la comunidad a la que sirve, lograr una mejor articulación con esta y orientar sus objetivos hacia unos de mayor pertinencia a la comunidad y al país.

Los servicios legales se ofrecieron mediante servicios de abogacía tales como: gestiones de alcance comunitario, actividades de orientación grupal, programas de radio, distribución de materiales informativos y a través de servicios legales directos. Se realizaron un total de cuarenta y ocho actividades de abogacía en las que se orientó a los adultos mayores acerca de sus derechos ante ambos desastres y se difundió la disponibilidad de los servicios legales directos gratuitos. Los servicios de abogacía se distribuyeron entre la población servida como sigue: el 13% en el pueblo de Aguas Buenas, 25% en Caguas, 19% en Cidra, 8% en Gurabo, 17% en Juncos, 10% en San Lorenzo y 8% en programas de radio dirigidos a todas las comunidades por igual. La cantidad de actividades de abogacía en los municipios servidos respondió a los requerimientos hechos por las comunidades y los grupos que sirven a esta población luego de la difusión de la existencia del Proyecto. El servicio legal directo consistió en orientaciones y asesorías, preparación de documentación legal y documentos notariales, gestiones extrajudiciales y representación en foros administrativos. Se ofrecieron servicios directos a un total de 160 participantes: el 16% del pueblo de Aguas Buenas, 42% de Caguas, 13% de Cidra, 7% de Gurabo, 14% de Juncos y 8% de San Lorenzo.

GRÁFICA 1.  DISTRIBUCIÓN SERVICIO LEGAL DIRECTO

Ello se tradujo en una población total impactada de 265 personas, tomando en cuenta la composición del núcleo familiar de cada participante. En términos de edad de la población servida, el 28% fluctuó entre las edades de cincuenta a sesenta años; 30.5% entre sesenta y uno y setenta; 30.5% entre setenta y uno y ochenta; y el restante 11% de más de ochenta y uno. En cuanto a género, el 74% se identificó como femenino, 26% como masculino y ningún participante se identificó bajo la categoría de otro. La distribución final del tipo de servicio legal directo ofrecido fue: 9% de representación ante una agencia, 16% de preparación de documentos notariales, 33% de asistencia en la preparación de documentos y 42% de asesoramiento.

La representación en foros administrativos consistió en la radicación de quejas ante el Programa Tu Hogar Renace del Departamento de la Vivienda. Todos los documentos notariales preparados estuvieron relacionados a reclamaciones ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) por asuntos de denegatoria de servicios, mayormente por razón de titularidad y por insuficiencia de daños. Los documentos en cuya preparación se asistió a los participantes fueron: solicitudes, cartas, documentos diversos y escritos de apelación a FEMA y solicitudes, quejas y apelaciones a Programas del Departamento de Vivienda. Con relación a asuntos de derecho de consumidores, se realizaron gestiones escritas y orales ante compañías de servicio ante cobro de servicios. Por razón del término de la subvención, en aquellos casos en que se identificó que el servicio legal apropiado requería acudir a foros judiciales, el participante fue asesorado y referido a servicios legales que pudieran asistirle durante todo el proceso. Mayormente, se trató de casos en que la necesidad se relacionaba a trámites para formalizar titularidad de sus hogares mediante acciones de expediente de dominio, Derecho Hereditario o trámites notariales que excederían el término de la subvención.

Puesto que muchos de los adultos mayores servidos carecían de transportación y de una red de apoyo que se las proveyera y padecían de condiciones de salud que no les permitían salir de su hogar, el Proyecto asumió el enfoque de oficina legal comunitaria facilitando la accesibilidad al servicio acudiendo a la comunidad e incluso al hogar del cliente. En el 56% de los casos, el servicio se ofreció acudiendo directamente a la comunidad; en el 5% de las ocasiones, en el propio hogar del participante, y en el restante 51%, en facilidades en la comunidad. Al restante 43% de la clientela se le brindaron los servicios en las oficinas del Proyecto. Aun en esos casos se facilitó el acceso a los servicios ofreciendólos sábados, domingos y días feriados cuando dicha alternativa era la que mejor se ajustaba a la necesidad del cliente.

Estas experiencias llevaron al Proyecto a desarrollar un conocimiento particular acerca de la población adulta mayor y sus necesidades generales, que agravan su situación de precariedad en una emergencia (conocimiento práctico), así como acerca del tema de lo jurídico asociado al desastre, las leyes y los procesos existentes y las entidades que lo administran (conocimiento teórico). A continuación, se resume el conocimiento adquirido en cada una de las dimensiones—práctica y teórica—luego haciendo referencia a las experiencias que le sirven de base, y se abunda en las lecciones aprendidas para desarrollar una lista de diez recomendaciones generadas a partir de dicho conocimiento.

En cuanto a la dimensión práctica de servicio a la clientela, se destacan como las lecciones o conocimiento más importantes: (1) la inexistencia de un sistema de interconexión de las comunidades existentes que identifique sus líderes u otro contacto con la comunidad con información que permita un acercamiento ágil y eficaz a las comunidades sin intermediarios; (2) la inexistencia de un sistema de interconexión de los proveedores de servicios de la población adulta mayor en la región que permita el  acercamiento rápido a estos para la coordinación de servicios a la población atendida por ellos; (3) la existencia de una brecha digital que afecta de manera dramática a la población adulta mayor en el trámite de sus reclamaciones luego de una emergencia y la comunicación eficaz con sus proveedores de servicio; (4) la necesidad de disponibilidad de servicios psicológicos gratuitos o de bajo costo para la población adulta mayor luego de una emergencia; y (5) la falta de recursos económicos y humanos que apoyen al adulto mayor en términos generales.

Por su parte, el conocimiento teórico adquirido de mayor impacto fue: (1) la existencia de un desfase entre el derecho propietario puertorriqueño y el de FEMA, lo cualobstaculizó la accesibilidad de los adultos mayores a compensaciones; (2) la escasez de redes de apoyo y de recursos económicos, que afectó la accesibilidad de los adultos mayores a las compensaciones de FEMA; (3) la inexistencia o falta de accesibilidad al marco legal regulatorio en el que operaban los distintos programas manejados por el Gobierno, lo que afectó el trámite de las reclamaciones; (4) la inadecuada atención de nuestra comunidad jurídica al tema de los desastres, lo cualagrava la vulnerabilidad; y (5) la inexistencia de recursos novedosos existentes en otras jurisdicciones que faciliten la prestación del servicio legal comunitario.

La duración de la subvención hacía necesario lograr un contacto ágil y eficaz con la clientela. El Proyecto enfrentó dificultades para establecer comunicación con las comunidades y también con los proveedores de servicio a adultos mayores. Los esfuerzos en el acercamiento a los adultos mayores en las comunidades fueron disgregados y dispersos, lo que retrasó que llegaran los servicios a estos en momentos en que el tiempo era esencial. Ello obedeció a dos factores: (1) la necesidad de la intervención de intermediarios para la identificación de todas las comunidades existentes en la región y sus líderes, así como para poder establecer contacto con gran parte de estos, y  (2) la inexistencia de un entramado de los proveedores de servicios a adultos mayores. Se identificó, por tanto, que el establecimiento de un sistema que interconecte las estrategias individuales de servicio a las comunidades y a los adultos mayores de manera cohesiva y efectiva sin la intervención de intermediarios es esencial.

Además de las dificultades para allegar el servicio eficazmente, una vez logrado el contacto e identificado el servicio necesario, mantener el contacto con el adulto mayor fue otro reto por dos razones principales: la brecha digital y el desgaste emocional de los adultos mayores. Se observó que la gran mayoría de la población adulta mayor ha quedado rezagada en la transformación tecnológica acontecida en la era digital. Dicha realidad impacta negativamente sus actividades diarias, principalmente, las comunicaciones con las agencias y proveedores de servicio. Por otro lado, el agotamiento anímico del adulto mayor también afectó la comunicación. La clientela se percibió carente de fortaleza emocional para envolverse en procesos adversativos y participar asertivamente en el proceso de hacer valer sus derechos. Ante el desánimo y agotamiento, el adulto mayor carecía—o al menos no conocía—de servicios que le suplieran estas necesidades anímicas y psíquicas de forma gratuita o a bajo costo. El Proyecto reaccionó ante este reto con empatía, persistencia y actitudes facilitadoras; no obstante, tanto la brecha tecnológica como la necesidad de servicios psicológicos de apoyo deben ser abordadas de cara al futuro para mejorar el acceso a servicios en general y legales en particular a esta población.

El manejo de reclamaciones de naturaleza legal luego de un desastre requiere en múltiples ocasiones del reclamante la obtención copias de documentos en oficinas de gobierno, cotizaciones de contratistas, cotizaciones de costo de equipos o materiales, entre otras. En la generalidad de los casos, los clientes enfrentaban grandes dificultades para realizar estas gestiones por sí y tampoco contaban con personas que les apoyasen física, tecnológica y económicamente. Se hizo evidente para el Proyecto la falta de recursos de apoyo al adulto mayor en la realización de sus gestiones. Por otro lado, aun cuando el participante no necesitara de personas que les apoyasen, les resultaba difícil obtener la documentación necesaria en apoyo a sus reclamos, ya que la alta demanda por los servicios los hacía inaccesibles económicamente o indisponibles por estar saturados de trabajo. El Proyecto orientó a la clientela acerca de lugares a los cuales dirigirse —Registro de Contratistas por Región del Departamento de Asuntos del Consumidor—, y de potenciales personas a quienes solicitar los servicios, pero aun así, en muchas ocasiones los clientes no podían cumplir con estos requerimientos.

En lo jurídico algunos hallazgos del Proyecto coincidieron con los de otros grupos de servicio legal luego de la emergencia.6 Se observó que el desfase entre el Derecho Propietario puertorriqueño y el de FEMA, dilató innecesariamente y en ocasiones obstaculizó la accesibilidad de los clientes a las compensaciones de dicha agencia. Las denegatorias de FEMA a las reclamaciones en muchos casos se debieron a que sus procesos automatizados no se adecuaban a las figuras jurídicas del derecho de propiedad en Puerto Rico. La titularidad informal que reina en Puerto Rico en nuestras comunidades más vulnerables fue la causa de la denegatoria en múltiples casos, por lo que FEMA etiquetaba como “falta de titularidad”.7 Si bien, producto de múltiples esfuerzos de diversos sectores en Puerto Rico, FEMA eventualmente aprobó un formulario estándar para que se reconociese titularidad en dichos casos,8 la dilación en la disponibilidad de este remedio ocasionó que el acceso a compensaciones en Puerto Rico fuese mucho más complicado y lento que el que se ha dado en otras jurisdicciones luego de emergencias.9 Esto impactó el bienestar de la clientela durante el tiempo que les tomó acceder a los recursos necesarios para enfrentar los daños sufridos. Además, impactó su estado anímico y sospechamos que causó que muchas personas incluso desistieran de insistir en sus reclamaciones.

El éxito en las reclamaciones ante FEMA también se afectó por las enormes dificultades que los adultos mayores enfrentaron para refutar las determinaciones hechas por la agencia en la valoración de daños para fines de la otorgación de compensaciones. Anteriormente se mencionó que muchos de los adultos mayores carecían de recursos económicos de redes de apoyo para la búsqueda y obtención de cotizaciones y opiniones expertas acerca del valor de los daños o la gravedad de estos en apoyo a sus reclamaciones, lo cual obstaculizó la obtención de compensaciones adecuadas. Estos recursos resultan indispensables en las acciones ante la agencia para refutar adecuadamente la determinación del personal de FEMA de insuficiencia de daños o de la asignación de una compensación inconsistente con los daños reales.

Otro problema que el Proyecto enfrentó fue la falta de accesibilidad a las reglas y directrices que aplicaban a los distintos programas del Departamento de la Vivienda disponibles luego del desastre. Particularmente, los programas Tu Hogar Renace y Techo Dorado, programas que el Departamento desarrolló en conjunto con FEMA y con el Programa HOME del Departamento de Vivienda Federal, respectivamente. El Departamento de la Vivienda no publicó directrices ni aprobó un reglamento que diese publicidad a las reglas que aplicaba y a los procesos que seguía. La obligación de hacerlo, a tenor con la técnica jurídica, depende de la clasificación que se dé a esta reglamentación. A tenor con los principios de Derecho Administrativo, cuando las agencias administrativas emiten documentos relacionados a la política pública que provocó su creación, pero que son meras formas e instrucciones que no constituyen documentos guía o que meramente están relacionados a la administración interna de la agencia sin afectar directamente los procedimientos y prácticas disponibles al público en general, se trata de reglas “no legislativas” dentro de las cuales están las llamadas “reglas interpretativas”;10 y cuando adopta normas que crean derechos, imponen obligaciones e intentan establecer un patrón de conducta de parte de la ciudadanía,  aprueba lo que se denomina como “reglas legislativas”.11 Los tribunales han determinado que las primeras no requieren de la aprobación de reglamentos de conformidad con la Ley de procedimiento administrativo uniforme y que las segundas, sí lo requieren.12      El Proyecto, por el término de la subvención, concentró sus recursos en asistir a los clientes en la radicación de sus quejas y apelaciones siguiendo los canales existentes: a través de la página web, llamadas telefónicas y correos electrónicos a los números y direcciones provistos por la agencia para cada uno de los programas. Sin embargo, es necesario examinar el tipo de reglamentación que constituyó dichas directrices y tomar las acciones correspondientes al producto de esa evaluación.

Al incursionar en el campo del derecho del desastre, el Proyecto pudo conocer de primera mano la atención inadecuada de nuestra comunidad  a este tema,  cómo ello exacerba la vulnerabilidad y compromete la seguridad ciudadana y la necesidad urgente de que todos los sectores de la comunidad se involucren en la atención al tema del desastre.13 Fueron muchas las áreas en las que el ordenamiento jurídico actual no respondió adecuadamente y no protegió la vulnerabilidad humana ante el desastre. Las formalidades legales requeridas por FEMA para la distribución de ayudas de alivio de desastre se tradujo en altas tasas de denegatorias de ayudas de alivio y en un trato dispar caracterizado por la incomprensión jurídica por parte de FEMA de nuestro Derecho de Propiedad,14 La más marcada  experiencia del proyecto: consistió en atender los percances que produjo el huracán en las comunidades vulnerables particularmente en lo relacionado a este asunto pertinente al Derecho Propietario. Urge examinar y fortalecer nuestros marcos jurídicos desarrollando un ordenamiento integral que atienda la prevención, la respuesta a la emergencia, la asistencia económica, entre otros. Es necesario profundizar en las cuestiones de derecho en que las normas actuales resultaron ser injustas e inadecuadas para los ciudadanos e impulsar propuestas para atemperarlas. La FFAJ, a través del programa que subvencionó el Proyecto y otros programas que ha manejado luego de la emergencia, está realizando el acopio de información muy valiosa, que servirá de base para el trabajo a realizar. Por otro lado, luego de los huracanes, la Cámara de Representantes creó una comisión especial que se encarga de evaluar las necesidades del pueblo puertorriqueño a raíz de estos y formular la política pública correspondiente.15 Por ser uno de los factores que de manera más marcada afectó a los más vulnerables, uno de los temas a los que esta comisión deberá dar prioridad es el del Derecho Propietario y la informalidad legal que predomina en las comunidades más vulnerables y las alternativas de política pública para solucionar este asunto.

En lo referente al enfoque de servicio legal comunitario también se adquirió un conocimiento particular basado en los desafíos enfrentados. La falta de facilidades de oficina en los hogares o las comunidades de los clientes que permitieran que el servicio pudiera brindarse en una sola visita, afectó la rapidez y eficiencia en el servicio directo. Programas de acceso a la justicia en otras jurisdicciones han desarrollado soluciones innovadoras ante estos desafíos. Una de estas es la creación de oficinas móviles con estaciones de trabajo para abogados, otro personal y asientos para clientes. Las experiencias de estos proyectos innovadores dan cuenta de que estas estrategias les han servido para expandir la representación a algunos grupos de personas a las que no habían hecho penetración de manera efectiva anteriormente.16 El periodo de la subvención y limitaciones económicas hacían impráctico ensamblar y equipar una oficina móvil con facilidades de escritorio, computadora, copiadora, escáner y facsímil; haber contado con algo similar hubiese sido muy provechoso. Con la meta de mejorar el acceso a la justicia de los más vulnerables se debe explorar la adopción de enfoques innovadores que ayuden más eficazmente la prestación de servicios a la clientela.

Los desastres naturales seguirán ocurriendo y, aunque perjudican a todos los miembros de la sociedad, su impacto es mayor en las poblaciones más vulnerables. Sería tonto esperar a otra catástrofe para empezar a trabajar en las soluciones a los desafíos enfrentados tras estos dos. Partiendo del conocimiento práctico y teórico adquirido, el Proyecto ha desarrollado unas recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia a la población adulta mayor en futuras emergencias.

Primero: Debe levantarse un repositorio donde se almacenen, organicen y mantengan actualizados los contactos con las comunidades de la región, que sirva de enlace entre las comunidades y los proveedores de servicios sin intermediarios. Las universidades y sus Escuelas de Ciencias Sociales e Ingeniería podrían trabajar en conjunto el desarrollo de esta herramienta de comunicación.

Segundo: Debe levantarse un repositorio donde se almacenen, organicen y mantengan actualizados los contactos con los proveedores de servicios a la población adulta mayor de la región, que sirva para entrelazarlos y para difundir a estos información acerca de programas y servicios disponibles en caso de una emergencia. Al igual que en la recomendación anterior, las universidades podrían ser de gran utilidad en el desarrollo de esta herramienta.

Tercero: Deben diseñarse talleres prácticos gratuitos o de bajo costo para adultos mayores en el uso de la tecnología básica. Los colegios técnicos, las universidades, el procurador de las personas de Edad Avanzada y entidades como AARP deben asumir el liderazgo.

Cuarto: Deben establecerse programas pensados en la psicología de la emergencia, que tomen previsiones científicas, planificadas e implementadas antes, durante y después de un desastre para la recuperación de los adultos mayores. Los colegios profesionales de psicólogos, consejeros y psiquiatras, el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, así como las universidades deben asumir el liderato.

Quinto: Debe contemplarse la contratación de servicios paralegales y de gestoría para la realización de trámites administrativos que no requieran la aplicación de la técnica jurídica reservada a la abogacía, pero que resultan necesarios para el trámite jurídico en futuros programas de servicios legales a adultos mayores en emergencias.

Sexto: Debe examinarse la problemática que genera la titularidad informal en Puerto Rico, evaluar el marco legal existente, desarrollar recomendaciones de política pública que haga más accesible a las personas de escasos recursos la formalización de sus derechos propietarios e impulsarse la creación de la legislación correspondiente. La Legislatura y el Ejecutivo, las escuelas de Derecho, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el Colegio de Notarios y representantes del Tercer Sector deben tomar parte en esta iniciativa.

Séptimo: Debe crearse una comisión compuesta por abogados notarios y representantes de la Oficina de Inspección de Notarías (en adelnate, “ODIN”) para el desarrollo de materiales instruccionales y modelos, dirigidos a simplificar al abogado la incursión en los procesos de formalización de titularidad bajo la Ley de asuntos no contenciosos ante Notario.17 Este esfuerzo debe acompañarse con el desarrollo de seminarios gratuitos que provean créditos de educación continua a abogados notarios, para aumentar la participación en la prestación de servicios notariales dirigidos a estos fines y con una campaña masiva de concientización a la población de la importancia de realizar dichos trámites. ODIN, el Colegio de Notarios de Puerto Rico y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico deben asumir el liderazgo.

Octavo: Debe examinarse a fondo el tema del marco regulatorio de los programas administrados por el Departamento de la Vivienda luego del huracán para determinar las formas más apropiadas de enfrentar este patrón regulatorio en desastres naturales.

Noveno: Debe establecerse un comité de trabajo dirigido por la Asamblea Legislativa, particularmente por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa de la Cámara, creada para desarrollar la política pública dirigida a reconstruir y reorganizar a Puerto Rico. También podría ser uno dirigido por el Ejecutivo, en el que participen las Escuelas de Derecho, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el Comisionado de Seguros y representantes del Tercer Sector, con la encomienda de examinar y fortalecer nuestros marcos jurídicos de cara al desastre de una manera cohesiva, coherente y concertada para desarrollar un marco jurídico integral que atienda desde la prevención, la respuesta a la emergencia y asuntos referentes al tema de la reconstrucción.

Décimo: Deben incorporarse enfoques innovadores en la prestación de servicios legales comunitarios que faciliten y hagan más eficaz el servicio legal a poblaciones que se les dificulta trasladarse a centros de servicio, mediante la preparación de oficinas legales móviles que puedan ponerse al servicio de proyectos o brigadas de servicio legal que surjan para atender situaciones de emergencia.

El Proyecto, al insertarse en labores de abogacía y servicio legal comunitario, abrió el espectro del alcance de la función social de la UAGM-Gurabo y reforzó sus funciones de servicio. Además, respondió a unas necesidades inmediatas, llenando el vacío existente de servicios legales, e identificó necesidades prácticas y teóricas de la población adulta mayor en el contexto de un desastre. Con ello, intensificó la relación de la universidad con los requerimientos del cuerpo social, principalmente los sectores vulnerables.

La Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI dejó consignada la misión de la educación superior de contribuir al mejoramiento del conjunto de la sociedad e impulsar las transformaciones y el progreso social.18 Esta responsabilidad social universitaria como realidad inherente a la naturaleza y misión del nivel de educación superior implica que las universidades están obligadas a la gestión de la calidad universitaria y a relacionarla con el cumplimiento de los requerimientos y las dinámicas sociales. El artículo 6 de dicha Declaración Mundial, establece como parte de esta responsabilidad, la orientación al largo plazo fundada en la pertinencia.19 El cumplimiento con este aspecto de pertinencia, según la propia declaración, ha de medirse conforme a la articulación que la academia haga de su labor con las necesidades de la sociedad y el refuerzo de actividades encaminadas a erradicar los males sociales y a promover la justicia social.20 El proyecto fue sin duda un instrumento mediante el cual la UAGM-Gurabo cumplió con este imperativo moral y académico.

La conciencia desarrollada acerca de la magnitud de la vulnerabilidad de nuestra población, de la necesidad apremiante de estar mejor preparados ante los desastres y de las formas más adecuadas para hacerlo, no puede quedar aplacada por la cotidianidad que en muchas ocasiones provoca la postergación de asuntos tan urgentes como estos. Si bien ello compete a todas y todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, resuena para las instituciones de educación superior el llamado a acentuar nuestra pertinencia. En este tema, como en tantos otros, estamos convocados a no cesar de cumplir con nuestra responsabilidad, concretizando más proyectos alineados con las necesidades de nuestra sociedad. En fin, a priorizar en la orientación de nuestro quehacer al fortalecimiento de nuestro deber de ser protagonistas en la transformación de nuestra sociedad en una más preparada, menos vulnerable y más justa.


La FFAJ es una entidad sin fines de lucro creada al amparo de la Ley 165-2013, según enmendada, cuyo propósito es proveer recursos económicos a entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios legales de naturaleza civil a personas y comunidades que viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico. Luego de los huracanes Irma y María (2017), la FFAJ otorgó subvenciones a diversas entidades para ofrecer servicios legales de emergencia. La organización autora de este artículo ha sido una de las entidades subvencionadas por la FFAJ. 

**La licenciada María Elena Ortiz Collazo es abogada y notaria pública admitida a la práctica de la profesión en el año 1990. En sus 31 años de experiencia profesional ha trabajado en el servicio público como abogada de la Corporación de Servicios Legales y como Juez del Tribunal de Primera Instancia, así también ha ejercido la práctica privada en desde su propia oficina legal. Ha dedicado una parte de su vida profesional al trabajo legal comunitario prestando servicios como coordinadora y directora de diversos proyectos legales dirigidos a servir comunidades vulnerables, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y más recientemente, desde la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo, donde es catedrática auxiliar y labora desde el año 2012. Es miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico donde participa activamente en varias de sus comisiones de trabajo.

  1. Katrinna Sostre Vicario, El huracán María se sintió como categoría 5 en Puerto Rico, EL NUEVO DÍA (9 de abril de 2018), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/el-huracan-maria-se-sintio-como-categoria-5-en-puerto-rico/.
  2. México enviará ayuda a Puerto Rico tras el paso del huracán María, RT(5 de octubre de 2017) https://actualidad.rt.com/actualidad/252046-mexico-enviar-ayuda-puert-rico.
  3. Eileen Segarra Alméstica, María y la vulnerabilidad en Puerto Rico, 49 REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 13 (2018).
  4. Para una discusión sobre más detallada sobre la respuesta de las organizacipones sin fines de lucro ante los desastres véase Myrna Rivas Nina, La respuesta al desastre y las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, 49 REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  39-65 (2018).
  5. FUNDACIÓN FONDO ACCESO A LA JUSTICIA, SEGUNDA CONVOCATORIA FONDO LEGAL DE EMERGENCIA – FONDOS AARP (2018) https://fundacionfondoaccesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2018/01/CONVOCATORIA_Fondos-AARP_rev..pdf.
  6. Como se destaca en el artículo de Revista Jurídica de José Ortiz citado en este escrito, dentro de los principales motivos de denegación de ayudas de alivio de desastre en Puerto Rico estuvieron las determinaciones de daños insuficientes y la falta de evidencia acreditativa de titularidad.
  7. José Ocasio, La titularidad propietaria: Su formalidad opresiva en un Puerto Rico post-María, 87 REV. JUR. UPR 1021, 1032 (2018).
  8. IOpciones adicionales disponibles para que los solicitantes comprueben la titularidad, FEMA (17 de agosto de 2018), https://www.fema.gov/es/press-release/20210317/additional-options-available-applicants-verify-home-ownership.
  9. Ayuda post huracán fue menos generosa, más lenta para Puerto Rico que para Texas, Florida, UMICH (21 de enero de 2019), https://espanol.umich.edu/noticias/2019/01/21/ayuda-post-huracan-fue-menos-generosa-mas-lenta-para-puerto-rico-que-para-texas-florida/.
  10. MANUEL IZQUIERDO ENCARNACIÓN, INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO 90 (2017).
  11. Id. en las págs. 89-90.
  12. Id.  en la pág. 88.
  13. Julián M. Caraballo Clemente, Desastres en Puerto Rico: Precedentes, marco legal y asistencia gubernamental, 87 REV. JUR. UPR 677, 739-742 (2018).
  14. Ocasio, supra nota7, en la pág. 1045.
  15. R. de la C. 560 de 17 de octubre de 2017, 2da Ses. Ord., 18va Asam.
  16. Model Practices & Innovations, LEGAL SERVICES CORPORATION, https://www.lsc.gov/grants-grantee-resources/model-practices-innovations (última visita 19 de marzo de 2021).
  17. Ley de asuntos no contenciosos ante Notario, Ley Núm. 282-1999, 4 LPRA § 2155 (2015).
  18. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, Declaración mundial  sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, pág. 1 U.N. Doc. ED-98/CONF. 202/3  (9 de octubre de 1998).
  19. Id. en la pág. 7.
  20. Id.
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