RESEÑA

Por: Sheika Gómez Hernández*

La Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico ofreció el pasado miércoles 16 de febrero el primer panel del Simposio Transformaciones del derecho en tiempos de pandemia: Una mirada a los derechos de los confinados en Puerto Rico. Este panel tuvo la intención de abordar cómo la pandemia del COVID-19 ha trastocado la cotidianidad de nuestra sociedad, en particular los obstáculos que la población de personas privadas de su libertad ha enfrentado durante la pandemia.

Este primer panel, titulado Una mirada a los derechos de los confinados en Puerto Rico contó con la participación de la jueza superior Ana Paulina Cruz Vélez, la licenciada y profesora Iris Rosario Nieves, la fiscal auxiliar Brenda Rosado Aponte, y la moderación del licenciado Luis Zambrana González. La conversación se enfocó en arrojar luz sobre los diversos retos que ha enfrentado la población de personas privadas de su libertad desde distintos puntos de vista del derecho.

En su introducción, el licenciado Zambrana González abordó el tema de cómo se trabajó a inicios de pandemia el traslado de personas privadas de su libertad. Por su parte, la profesora Rosario Nieves indicó que la pandemia fue una “oportunidad desaprovechada” ya que debieron contemplarse otras alternativas. Rosario Nieves opinó que debió hacerse mayor uso del derecho constitucional a la fianza y que debía despacharse de la idea de la cárcel como la única herramienta para manejar las situaciones conflictivas que se generan en la sociedad.

Mientras tanto, la fiscal Rosado Aponte y la jueza Cruz Vélez abundaron sobre el reto que representó la implementación de las videoconferencias y sobre cómo esta fue la única herramienta que permitió continuar con los procedimientos. Particularmente, la jueza superior catalogó como drástica la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación en trasladar a personas confinadas únicamente en instancias de juicio y a solicitud del Tribunal. Tanto la jueza como la fiscal coincidieron en que la tecnología “ha llegado para quedarse”, pero que necesita mayor legislación. Además, consideraron que la videoconferencia debe ser la excepción y no la regla.

El efecto directo en la representación de las personas encarceladas

Mediante anécdotas de compañeras de la Sociedad para la Asistencia Legal (en adelante SAL), la profesora Rosario Nieves pudo describir los problemas de adaptación y cómo el Departamento de Corrección fue la “ficha de tranque” al no trasladar a las personas sumariadas. Según la profesora esto retrasó los procesos y causó tardanzas no atribuibles al Ministerio Público, la defensa o los tribunales. Asimismo, Rosario Nieves indicó que hasta el sol de hoy hay falta de acceso para los representantes legales y las alternativas provistas no son adecuadas. La profesora indicó que el lockdown en las cárceles – que aun persiste en algunos casos – causó que la población sumariada perdiera contacto tanto con los técnicos socio penales (que proveían servicios de rehabilitación) como con sus familias. La profesora consideró que los operadores judiciales debieron imponer fianzas más prudentes para que las personas pudieran estar en libertad previo al juicio.

Recursos utilizados por fiscalía

La fiscal Rosado Aponte enfatizó que la implementación de la tecnología (llamadas telefónicas o video llamadas) fue la herramienta principal utilizada para evitar los retrasos de los procesos penales. Esto generó un cambio dramático entre la interacción “cara a cara” que se tenía entre testigos y víctimas. Al estrés que la pandemia causó en las personas se le sumó el estrés causado al ser víctimas de un delito. Incluso, levantar expedientes y manejar evidencia fueron retos enormes que, en ocasiones, llevaron a que se estipulara con la defensa lo que se presentaba de manera digital. A diferencia de la jurisdicción federal, la fiscal indicó que no ha trabajado mociones sobre compassionate release. Dicho tipo de moción argumenta en pro de la liberación de personas privadas de su libertad que se encuentran en circunstancias de salud apremiantes. Actualmente, en el Senado de Puerto Rico hay un proyecto pendiente para crear la Ley de liberación compasiva del Gobierno de Puerto Rico. Dicho proyecto dispone que los confinados que hayan cumplido con un 50% o más de su sentencia y que padezcan de enfermedades terminales, o que sean mayores 60 años y padezcan de alguna o varias condiciones crónicas de salud puedan ser egresados de la institución penal. Según la fiscal, dicha estatuto está dirigido a atender a los adultos mayores y no necesariamente a atender el asunto de la pandemia.

La implementación de la videoconferencia al trabajo diario de los jueces

Aunque la noción imperante es que la videoconferencia es un recurso que se seguirá utilizando, la jueza Cruz Vélez relató cómo su implementación redundó en una carga más alta de trabajo. En los casos penales, la jueza está convencida de que “nada sustituye una sala en vivo y a todo color”. Particularmente, Cruz Vélez indicó que opina esto debido al manejo de evidencia, emociones y de la evaluación del demeanor de una persona. Además, reconoció que la videoconferencia no es perfecta y que es necesario aprender a sensibilizarse en el proceso. Al igual que Rosario Nieves, Cruz Vélez opinó que la fianza debe ser razonable y que el Ministerio Público tiene que estar consciente de que será más difícil continuar con el juicio si la persona está confinada.

Uniformidad de los procesos y el derecho de los acusados

Por su parte, la fiscal Rosado Aponte catalogó como poco uniformes los procesos en las distintas jurisdicciones. Sin embargo, la jueza superior opinó que no se puede aspirar a una uniformidad porque los procesos no pueden verse de manera mecánica, sino que se deben seguir unas pautas, como por ejemplo las guías establecidas por el Poder Judicial para las videoconferencias, pero otorgando suficiente flexibilidad para posibilitar el ejercicio de discreción por parte del juez.

Según explicó Rosario Nieves, las personas acusadas consideran que, desde el comienzo de la pandemia, los procesos han sido llevados de manera accidentada e inclusive opinan que la videoconferencia es una herramienta ineficiente que afecta su representación legal. La fiscal indicó que esto afecta la comunicación entre acusados y abogados e incide en el derecho a confrontación. Ante esa experiencia, Rosario Nieves insiste en que se debe “repensar el que las vistas por videoconferencia sean la norma y no la excepción”. Por su parte, los testigos y víctimas también han tenido que adaptarse a una nueva manera de enfrentar el proceso judicial. En ese sentido, la fiscal brindó especial atención a que la población de edad avanzada es aun más vulnerable en estos tipos de procesos debido a la falta de equipo o de conocimiento en cuanto al manejo de la tecnología. A pesar de que la fiscal indicó que no se ha encontrado con el caso de que los testigos dejen de comparecer, reconoció que es imperativo proveer herramientas de apoyo.

El manejo de la pandemia por parte del Departamento de Corrección

Desde el inicio de la conversación surgieron planteamientos respecto al manejo inadecuado y unilateral del Departamento de Corrección en el traslado de confinados. Aun así, dos de las panelistas pudieron identificar como acertada la rapidez con la que el Departamento trabajó el asunto de la vacunación, lo que a su vez causó que se cuestionaran las medidas tan restrictivas impuestas sobre la población correccional. La licenciada Rosario Nieves apuntó a que, a diferencia de la población general, las personas privadas de su libertad no son libres de tomar decisiones sobre la vacuna y no tienen la oportunidad de presentar – por ejemplo – pruebas negativas todas las semanas. Rosario Nieves calificó como desacertada la insistencia en mantener suspendidas las visitas, vistas, servicios y salidas ya que lo percibe como un detrimento a los derechos y a la humanidad de las personas sumariadas. Para la profesora, los confinados tienen “la carga de enfrentar un confinamiento tras otro confinamiento”.

De igual manera, la fiscal Rosado Aponte añadió que las medidas del Departamento de Corrección laceran derechos fundamentales, particularmente porque, en ocasiones, los confinados no escuchan los procedimientos. Finalmente, Cruz Vélez concluyó que, además de las restricciones drásticas, la falta de personal – en especial de oficiales y trabajadores sociales – ha contribuido en gran manera al retraso de los procesos.


* Estudiante de cuarto año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (Programa Conjunto) y Editora Asociada del Volumen XCI de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.

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